La nueva ley de ciencia llega al Parlamento para su aprobación

La nueva Ley de Ciencia de Canarias –que vendrá a sustituir la que lleva vigente desde 2021– ya está más cerca de su aprobación. En el día de ayer, y tras conseguir el visto bueno del Consejo de Gobierno, el nuevo documento legal ha pasado a disposición del Parlamento de Canarias, donde se comenzarán los trámites para su posterior aprobación y puesta en vigor.

Así lo comunicó ayer el Gobierno de Canarias, después de aprobar el texto definitivo del proyecto de Ley en el Consejo de Gobierno celebrado ayer lunes, 28 de abril, en Lanzarote. Lo hizo una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Con este paso, se ha dado por culminada la fase de elaboración normativa, permitiendo así el inicio del trámite legislativo en sede parlamentaria.

La futura ley representa un paso clave en la modernización del sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del archipiélago. Sustituye una normativa vigente desde 2001 con un nuevo modelo más ágil, transparente y coordinado, que prioriza la inversión pública, refuerza la transferencia de conocimiento al tejido productivo y mejora la gobernanza del ecosistema de ciencia e innovación en Canarias.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha señalado que «la aprobación de este texto y su traslado al Parlamento cumple un compromiso del Gobierno de Canarias y es fruto de un proceso consensuado e integrador, que ha contado con las aportaciones de universidades, centros de investigación, agentes del conocimiento y empresas del sector». En este sentido, la consejera del área, ha insisitido en la necesidade de actualizar una norma que, durante sus más de veinte años de vigencia, ya no cumple con las necesidades del sector. «Apostamos por un marco legal moderno que potencie la coordinación entre instituciones, impulse el talento y facilite la gestión de proyectos estratégicos para el futuro de nuestras islas», sentencia

La nueva norma otorga prioridad administrativa a los procedimientos vinculados a la I+D+i, establece órganos de coordinación y asesoramiento científico, y crea un entorno más estable para la contratación y la carrera investigadora, clave para atraer y retener personal cualificado en el ecosistema de innovación de las islas.

Además, la Ley sienta las bases para el desarrollo del Plan Canario de Investigación, Desarrollo e Innovación, que permitirá articular programas específicos de fomento de la investigación, digitalización empresarial y apoyo al emprendimiento científico en sectores estratégicos. Este instrumento reforzará la coordinación entre administraciones y alineará las políticas canarias con los objetivos europeos de competitividad, sostenibilidad y crecimiento basado en el conocimiento.

El informe del Consejo Consultivo ha proporcionado algunas mejoras a la redacción del texto. En concreto, hace hincapié en la necesidad de aludir a la «compra pública de innovación» en lugar de «compra pública innovadora».

En distintos foros de participación de esta ley, el presidente del Gobierno Fernando Clavijo, ha afirmado ser consciente de la importancia de que en la ley haya «un compromiso presupuestario del sector público».

Ya por aquel entonces argumentó que tendrían que realizar «un esfuerzo mayor» para que la ley cumpla su efecto dadas las singularidades de las empresas en Canarias y por su incapacidad para poder alcanzar la financiación de otros puntos de Europa.