Los sindicatos educativos critican que el protocolo de prevención del suicidio en las aulas sobrecarga a los docentes

El protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas de Canarias "es inaplicable", tal y como está redactado. Durante una mesa sectorial celebrada el pasado miércoles, los sindicatos representativos de los docentes en las Islas pidieron a la Consejería de Educación del Gobierno regional que suspendiera temporalmente el documento hasta que se incluyeran las demandas de los docentes. Aseguran que no se les ha tenido en cuenta para llevarlo a cabo, a pesar de que afecta a sus condiciones de trabajo, y les sobrecarga con más funciones para las que no tienen la formación adecuada.

El protocolo ha sido elaborado desde septiembre de 2022 por un equipo multidisciplinar e intersectorial formado por 26 profesionales del ámbito sanitario, educativo y de bienestar social, bajo la coordinación del psiquiatra de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), Francisco Acosta. Entró en vigor al inicio del presente curso, pero docentes de más de cien centros educativos de las Islas han manifestado sus quejas y propuestas de mejora, según ha recogido Anpe Canarias en un comunicado.

El sindicato con mayor representación en el sector aclara que es favorable a la instauración de un protocolo en los centros educativos, pero critica que se le atribuya a los docentes la responsabilidad de la evaluación del riesgo y la articulación de las medidas necesarias. Por ello, propone que en cada isla se conforme un equipo de profesionales sanitarios especializado que puedan intervenir cuando fuese necesario y que la labor del profesorado se limite a recabar información.

La vigilancia

"La vigilancia continua al alumnado en situación de riesgo suicida que se exige en el protocolo es inviable en los centros educativos. Esto exigiría que una persona se dedicara exclusivamente a esta vigilancia, pero no hay personal suficiente para hacerlo. Si en un centro hay solo dos docentes de guardia en los recreos para más de 800 alumnos y alumnas, ¿cómo puede cumplirse?", pregunta Anpe Canarias.

Por su parte, Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC-IC, asegura que es necesaria "una retirada temporal del protocolo" para reestructurarlo con las aportaciones de los sindicatos. "Hay que elaborar el documento teniendo en cuenta la realidad de las aulas, no desde un despacho", añade. Además, ha criticado que el documento se aprobase y entrase en vigor sin pasar antes por una mesa sectorial, donde se debe negociar todo lo que afecte al profesorado.

"El protocolo asigna funciones nuevas y nos enteramos de su aprobación por la prensa", reprocha Rodríguez. A lo largo del curso, el sindicato ha recibido numerosas quejas de los docentes que protestaron al recibir nuevas funciones sin conocimiento ni constancia previa y sin la formación para asumirlas. "Es estrés, responsabilidad, más burocracia. Son cuestiones muy sensibles. Hay que formar al profesorado y hay que tener personal cualificado en los centros, como psicólogos", agrega.

Equipo asesor

En enero, la Consejería de Educación anunció que durante el segundo trimestre de este año entraría en funcionamiento en los centros educativos de las islas un nuevo servicio de docentes titulados en Psicología, especializados en la gestión del duelo y la prevención del suicidio. Entre sus funciones, destaca asistir y asesorar al profesorado en la aplicación del Protocolo.

En este sentido, José Manuel Cabrera, viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, ha explicado que además de la creación de grupos de asesoramiento o de apoyo, también se están "lanzando cursos que irán dirigidos a todo el profesorado, al personal de orientación y a los coordinadores de bienestar que hay en los centros". Cabrera aclara que su departamento estudia y analiza las propuestas de los sindicatos junto con el personal de la Consejería de Sanidad y de Bienestar Social, para valorar cómo se puede mejorar el protocolo. Se trata de un "protocolo vivo" susceptible de ser modificado cuantas veces sea necesario.

"Hay una parte positiva: su aplicación nos está proporcionando datos de muchas actuaciones que se realizan en los centros para prevenir cualquier tipo de conducta, para investigar, tomar decisiones y seguir en ese camino de escucharles", indica Cabrera. Además, recuerda que el protocolo se ha elaborado por parte de tres consejerías durante más de dos años y permite "actuar en cuanto se detecta una señal de alarma". En este sentido, señala que desde el ámbito educativo se detectan los casos, se hace una evaluación inicial del riesgo, se avisa a las familias y se deriva si es necesario, pero las evaluaciones y quien interviene es el personal sanitario", detalla.