El rector de la ULL responde a Pérez-Camacho: "Abrí un procedimiento para evitar potenciales daños al alumnado"

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García Rodríguez, respondió este viernes a los comentarios vertidos hacia él durante pasado miércoles por el abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho, presidente del Real Casino de Tenerife y exprofesor de dicha institución académica.

Dicho letrado fue denunciado por un alumno universitario y un estudiante de Formación Profesional por sendos casos de supuestos tocamientos (masajes) en su casa de Tacoronte. Y dos juzgados de La Laguna acordaron el sobreseimiento provisional y archivo de dichas causas, después de que la Audiencia Provincial no detectara delito alguno de agresión sexual en uno de esos episodios.

Frente al tono utilizado en el texto firmado por Pérez-Camacho en el comunicado divulgado entre los socios del Real Casino de Tenerife, en el que el rector es llamado "mago" o "papa frita", García utiliza un lenguaje aséptico para defender su actuación en un comunicado remitido a EL DÍA.

Dos juzgados archivan las causas por agresión sexual contra Cabrera Pérez-Camacho

Según el máximo responsable de la ULL, abrió un "procedimiento preventivo para evitar potenciales daños al alumnado"; niega que fuera una "sanción encubierta", y aclara que fue una "actuación precautoria (cautelar o preventiva) autorizada por la normativa universitaria y respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

Francisco García Rodríguez explica en el documento que, en octubre del 2023, el Servicio de Inspección de la Universidad de La Laguna recibió una denuncia contra el profesor Cabrera Pérez-Camacho, quien en aquel momento ejercía como docente en la institución, por conductas presuntamente inapropiadas en el marco de la gestión de prácticas del Máster de Abogacía.

Recuerda el rector que, "posteriormente, se documentaron nuevas quejas del alumnado por el uso indebido de datos personales y testimonios que apuntaban a posibles conductas similares hacia otros estudiantes".

Señala García Rodríguez que, "conforme a lo dispuesto en la normativa de régimen disciplinario aplicable (Ley 40/2015 y el Real Decreto 33/1986), este rector puso en marcha un procedimiento preventivo para evitar potenciales daños al alumnado".

Aclara que "esta medida no constituye una sanción encubierta, sino una actuación precautoria autorizada por la normativa universitaria y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de función pública y protección del interés público".

Jubilación

Recuerda el rector que, de forma paralela, "estos hechos son denunciados ante la Jurisdicción Penal" y apunta que, "con posterioridad, don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, cumpliendo los requisitos necesarios, solicitó voluntariamente su jubilación".

En el comunicado de García se explica que, recientemente se ha conocido que los hechos denunciados no fueron constitutivos de delito penal, "aunque quedan plenamente acreditados los comportamientos impropios que motivaron la apertura del expediente".

Manifiesta que "el rector y la institución que representa respetan escrupulosamente el principio de presunción de inocencia. La actuación administrativa que se puso en marcha siguió el cauce legalmente previsto en el momento en el que se conocieron los hechos y se adoptaron las medidas correspondientes. Las garantías del interesado fueron respetadas en todo momento".

Tono ofensivo

García indica que "lamentamos profundamente el tono ofensivo, despectivo e impropio de las manifestaciones realizadas por don Miguel Cabrera Pérez-Camacho, especialmente habiendo formado parte durante décadas de nuestro claustro docente".

Apunta que "las descalificaciones personales, los insultos y las expresiones injuriosas dirigidas contra este rector carecen de fundamento y suponen un atentado contra la dignidad de la institución a la que representa".

"La Universidad de La Laguna y su rector se reservan el ejercicio de las acciones legales que correspondan para preservar el buen nombre de la institución y sus representantes", comenta. "En un Estado de Derecho, la crítica es legítima cuando se formula con argumentos y respeto, pero no puede amparar el insulto ni la difamación", añade García.