El fraude de vender casas ajenas sin permiso de los propietarios

Un grupo de delincuentes presuntamente llevó a cabo en Tenerife durante casi tres años una estafa que consistía en aparentar que habían comprado una vivienda para después venderla a alguna víctima. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desmanteló esta organización, que falsificó escrituras de propiedad para aparentar que sus líderes eran dueños de casas en el área metropolitana, el sur o el norte de la Isla, para después tratar de engañar a algún interesado en adquirir una de ellas. Los agentes arrestaron a 19 personas, de las que dos ingresaron en prisión provisional.

Las operaciones ilícitas afectaron a 18 domicilios y fincas en total. A veces, no dudaban en intimidar a los legítimos dueños para obtener su objetivo, según las fuentes. La trama operó, al menos, entre el 2022 y este año.

La joya de la corona de su fraude se halla en pleno centro de Santa Cruz, nada más y nada menos que en la Rambla de Las Tinajas, en frente del Parque García Sanabria. Los implicados aparentaron la compra de dicho inmueble por 120.000 euros. Pero la realidad es que el valor de referencia catastral asciende a 1.378.000 euros.

El inspector que ejerce como jefe de la UDEF de Santa Cruz de Tenerife señala que los ahora investigados también falsificaron documentos para aparentar que eran dueños una vivienda en Las Mercedes (La Laguna), una finca en Arico y un tercer inmueble en Valle de San Lorenzo (Arona).

También quisieron aprovecharse de un domicilio en la Avenida de Venezuela (Santa Cruz de Tenerife), en una finca de la calle Retama, de El Chorrillo (Santa Cruz) o un terreno en la calle Autillo, en Barranco Grande, también en la capital tinerfeña.

A los policías les llamó la atención del caso de una señora que recibió una notificación del Catastro, porque alguien había tratado de alterar la titularidad catastral de su vivienda. En este caso, los delincuentes trataron de apoderarse de la casa en la que la víctima residía con sus hijos. La rápida actuación de policías nacionales y de la Gerencia Catastral impidió que se alterara la titularidad de su finca, sobre la que miembros de la organización criminal habían realizado un protocolo notarial fraudulento.

Uno de sus objetivos fue un chalé en la zona Toscal-Longuera, en Los Realejos; así como una casa en la calle Poeta Gutiérrez Albelo, en Arafo, o bien un edificio unifamiliar de tres plantas en la calle Los Rosales (Finca La Multa) o un domicilio en la calle Mencey Acaymo, en La Salud.

Los acusados son de Añaza, Santa María del Mar, El Cardonal, Arico o Granadilla

Un ciudadano alemán, residente en el norte, fue presionado presuntamente por el grupo organizado, que se basaron en un protocolo notarial fraudulento para acudir varias veces a la casa del hombre con el fin de apoderarse de su chalé. Por ese motivo hubo un detenido.

Pero no se conformaron con eso. Según el jefe de la UDEF, mandaron a varios individuos a intimidar y a presionar al titular legítimo de la finca para que se marchara de la misma. Esa vez también la intervención de agentes permitió frenar que se salieran con la suya.

Otros dos bienes inmuebles se hallaban en La Cuesta (La Laguna). En Granadilla trataron de defraudar con la venta de cuatro fincas, así como en otra propiedad situada en la carretera de El Bailadero, entre San Andrés y Taganana (Santa Cruz).

Los 19 detenidos por la UDEF tienen entre 22 y 65 años. Todos son de nacionalidad española. Los implicados residían en Añaza y Santa María del Mar (Santa Cruz de Tenerife), El Cardonal (La Laguna), Arico, Granadilla de Abona e Igueste de Candelaria.

Las dos personas arrestadas en Añaza ingresaron en prisión provisional a la espera del juicio. Fue en el registro de su vivienda donde, de forma casual, los investigadores de la UDEF encontraron más de 40 kilos de hachís. En realidad, los agentes buscaban dispositivos electrónicos, documentación o dinero en efectivo. Pero también apareció la droga.

Éste fue uno de los ocho registros que se practicaron a la vez en la operación Cuco, que fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Los apresados fueron acusados de los delitos de falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.

En julio del año pasado los agentes de la UDEF recibieron varias denuncias en las que se observaba un patrón delictivo común, que distaba mucho de ser un conjunto de hechos aislados.

En los casos se advertía que vecinos de Tenerife se dedicaban a apoderarse de fincas ajenas y trataban de venderlas a espaldas de sus verdaderos dueños para obtener beneficios económicos.

Por la manera de actuar, los agentes estimaron que en las acciones podían estar involucradas empresas o extrabajadores del sector inmobiliario.

De hecho, la investigación continúa abierta, con el estudio de teléfonos móviles, así como de otros dispositivos informáticos y documentación intervenida, por lo que no se descartan más detenciones.

Los implicados se enteraban de fincas o viviendas que estaban en situación de semiabandono o de las que tenían la certeza de que sus dueños no pasaban por ellas. A través de personas intermediarias, que tienen conocimientos del negocio inmobiliario, concertaban citas en diferentes notarías.

Empleaban contratos de compraventa falsos que presentaban en dichas notarías y simulaban una compra ficticia ante el fedatario público. Una vez que ya constaba que había un falso propietario, acudían a otra notaría, en la que repetían la misma operación y así generaban una cadena de transmisiones del bien inmueble.

El siguiente paso era registrar el domicilio o la finca en un Registro de la Propiedad. El objetivo último era venderla a un tercero de buena fe para lograr el beneficio.

Personas vulnerables

Las personas que acudían a las notarías eran pagadas por la organización criminal. Estas se hallan en situación de vulnerabilidad, carecen de hogar o pasan necesidades económicas.

Para hacer efectivo el fraude, el primer contrato privado no se mostraba al notario, o bien se enseñaba uno falsificado para producir el engaño. Y, sobre el dinero para pagar la vivienda o la finca, contaban que ya lo habían entregado al vendedor. El dinero obtenido en las actividades ilícitas era empleado en nuevos negocios ilegales, como el tráfico de drogas, por ejemplo, por lo que puede haber delito de blanqueo de capitales.

Roles

La cúpula de la banda estaba compuesta por cinco personas que actuaban como intermediarias en las compraventas. Después figuraban los compradores o vendedores de primer nivel, que aparecen en tres o más protocolos notariales de compras. A continuación se encontraban los compradores o vendedores de segundo nivel, que aparecen en una o dos operaciones. Y, en cuarto lugar, se hallaban los colaboradores esporádicos, que ayudaban a apoderarse de las fincas, que iban a la misma para la apertura de puertas o para tratar de amedrentar a sus dueños verdaderos.

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