"Madrid nos debe más de 100 millones": el Estado aporta solo la mitad de lo que tendría que pagar a la Dependencia canaria

El artículo 32 de la ley que ampara a las personas en situación de dependencia recoge que la aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado. Sin embargo, casi dos décadas después de que la normativa entrara en vigor, el Ejecutivo central sigue sin cumplir las exigencias y solo financia un 22% del sistema canario, es decir, menos de la mitad de lo que debería (50%). 

Canarias, por su parte, asume en solitario el 78% del coste del Sistema de Dependencia. Un gasto inasumible, según reivindicó este jueves en Madrid, la consejera de Bienestar Social del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Canarias, a un paso de simplificar los trámites de la dependencia y reducir la espera

Delgado explicó que la Comunidad aporta 224 millones de euros, a los que hay que sumar 81 millones que financian los cabildos, «un importe que el Gobierno central no contabiliza como aportación al sistema». Así, sostuvo que la Dependencia en Canarias lleva una inversión de algo más de 392 millones de euros, de los cuales el Estado tan solo pone 87. «Si hacemos las cuentas, Madrid nos debe anualmente más de 100 millones en este ámbito», defendió. 

Como consecuencia de esta infrafinanciación, destacó que el Archipiélago sufre una presión que limita su capacidad para atender otras áreas esenciales y que compromete la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos. 

Reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad

Durante la reunión, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, presentó a los consejeros autonómicos el anteproyecto de ley para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. El nuevo texto pretende ampliar el catálogo de servicios y garantizar más derechos para las personas que se acogen a estas prestaciones.  

Asimismo, señaló que el anteproyecto pondrá fin a «dos recortes importantes»: la incompatibilidad en las prestaciones del Sistema a la Dependencia y la eliminación del plazo máximo de dos años que limita las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar. 

La consejera canaria subrayó que, en los últimos meses, ha trabajado junto a Cermi y Plena Inclusión Canarias para que esta norma pueda salir adelante. «Esperamos que las personas puedan beneficiarse de verdad de los derechos que esta ley traerá consigo y que no se queden en una mera formalidad», resaltó. 

Para ello, ha exigido una ficha financiera suficiente para su implementación, así como también ha solicitado la creación de mesas de trabajo donde se aborde la necesidad de financiación que tiene la comunidad autónoma. «El Estado nos tiene que ayudar también a explorar otras vías de subvención europeas, como las que ya utilizamos para renovar la teleasistencia».

Atención a la pobreza

El Consejo Territorial también fijó este jueves los criterios de distribución territorial y las cuantías resultantes entre las comunidades autónomas del crédito del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y el Plan de Desarrollo Gitano, por el que Canarias recibirá un importe total de 9.833.514,06 euros.

El reparto atiende, en un 90%, a la población de cada región. El resto corresponde a criterios de superficie (5%), población dependiente (2,3%), dispersión (1,5%), grandes urbes (0,7%) e insularidad (0,5%). Del total, más de la mitad del crédito (5.301.939,46 euros) irá destinado a prestaciones básicas de Servicios Sociales en Canarias. «El Archipiélago destina más de 42 millones a atender las necesidades de personas en situación de pobreza, por lo que este importe supone solo el 5% del total», aseguró Delgado. 

A través del programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, Canarias recibirá 2.556.612,60 euros, lo que supone el 5% del total. Para el programa específico destinado a garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral Canarias recibirá 765.562 euros. 

Los equipos de infancia y familia de la Red de servicios sociales de atención primaria del Archipiélago contarán también con 1.198.000 euros. Este crédito irá destinado a financiar el refuerzo y a proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la prevención y detección precoz de cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias. Por último, la distribución del crédito para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, Canarias recibirá 11.400 euros.

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