El Sindicato Médico pide a la ministra Mónica García que repiense el Estatuto

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió el pasado martes en el Senado la propuesta de reforma del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud en la que trabaja su departamento, una iniciativa que rechazan miles de médicos de todo el país. Tal y como señaló García, la modificación «pondrá fin al maltrato, al abuso y a la precariedad», a la vez que traerá «dignidad, certezas y seguridad». No obstante, desde el Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) piden a la ministra que reconduzca las negociaciones para que el cambio se ajuste a las demandas del colectivo y que el gremio pueda contar con un estatuto propio que regule sus condiciones laborales de forma específica. 

«Seguimos en la misma línea de reivindicación y, como sindicato médico, continuamos pidiendo un estatuto propio para que los médicos cuenten con un marco de negociación que reconozca la singularidad de la profesión», manifestó este miércoles Eric Álvarez, presidente de la citada agrupación sindical. «No estamos pidiendo algo novedoso. Esto ya existe en otros países, y además en España también estuvo vigente hace años, por lo que hemos llegado al límite y pensamos que tiene que ser ahora o nunca», agregó.

Hay que recordar que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado una huelga el próximo 23 de mayo a nivel nacional como respuesta a la negativa del Ministerio de Sanidad a considerar los planteamientos presentados para actualizar el anteproyecto de ley del estatuto. 

«Seguimos en la misma línea de reivindicación», asegura Eric Álvarez

Manifestación

Además, el 22 de marzo se celebrará una gran manifestación en Madrid, bajo el lema Por un estatuto propio de la profesión médica y facultativa. La marcha partirá a las 12.00 horas -hora de la Península- desde la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, y finalizará a las puertas del Ministerio de Sanidad.

Para CESM Canarias, la aprobación de esta normativa agravará aún más las condiciones laborales de los médicos, lo que afectará especialmente al Archipiélago, pues es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de temporalidad en los contratos de estos profesionales y además cuenta con las retribuciones más bajas. Asimismo, el sindicato ha subrayado que la región se enfrenta a más dificultades a la hora de «atraer y retener talento» y que los hospitales, los centros de salud y los centros sociosanitarios «no están adecuados al incremento exponencial de la población». 

Por todo ello, la organización emitió un comunicado el pasado 27 de febrero en el que pide a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, «que se posicione claramente en defensa del colectivo médico en el Consejo Interterritorial de Sanidad, exigiendo al Ministerio la creación, sin más demora, de un estatuto propio que resuelva los problemas históricos del colectivo médico y repare los agravios sistemáticos a los que ha sido sometido durante décadas», una petición que extrapoló al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo. 

CESM y SMA han convocado una huelga a nivel nacional el 23 de mayo

Ahora bien, desde el 13 de febrero, tanto el Servicio Canario de la Salud (SCS) como las organizaciones sindicales UGT, Sepca e Intersindical Canaria, que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, emitieron un manifiesto conjunto en contra del contenido de este anteproyecto de ley. «Nosotros también estamos en la Mesa Sectorial y no firmamos el documento porque no incluía una posición específicamente a favor de un estatuto propio», aclaró Eric Álvarez. 

Algunas de las propuestas de CESM Canarias que han sido desatendidas se centran en considerar el trabajo de los médicos como profesión de riesgo, reducir la temporalidad, regular de forma adecuada los descansos, impulsar la promoción interna, fijar un número determinado de guardias cada mes, llevar a cabo mejoras retributivas en todos los niveles y en igualar el complemento de nocturnidad al que perciben otros profesionales sanitarios. 

Entre los puntos del borrador que han desatado el conflicto, destaca la intención de prohibir a los jefes de servicio, directivos y gerentes de la sanidad pública trabajar al mismo tiempo para la sanidad privada. A esto se suma el propósito de vincular durante cinco años al sistema público a los especialistas que concluyan el período de residencia. Esta medida no afectará a aquellos adjuntos que tengan un contrato a jornada parcial en el servicio público. 

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