Suspendido hasta el 24 de marzo el juicio por la estafa con criptomonedas de Arbistar

El juicio por la estafa con criptomonedas de Arbistar, que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, se ha suspendido hasta el próximo 24 de marzo para que los responsables civiles, las seis sociedades mercantiles implicadas, accedan a los escritos de acusación y puedan ejercer su derecho de defensa.

En la primera sesión, el presidente de la Sala ha indicado que "no consta que se haya dado traslado a estas sociedades de dichos escritos".

La Fiscalía, que se ha ratificado en todos los puntos de su informe preliminar, pide para el cabecilla de la trama, Santiago Fuentes Jover, más de 29 años de prisión por estafa a más de 32 inversores, y cuantifica el importe defraudado en 1.902 millones de euros.

En el arranque de la jornada, las defensas han impugnado el volcado de los archivos contenidos en los dispositivos electrónicos incautados a los acusados, pero la Sala ha considerado que ese particular se aclarará durante el juicio.

Está previsto que declaren, además de Fuentes Jover, en prisión desde junio de 2023, media docena de acusados, 26 perjudicados y doce antiguos empleados de Arbistar, además de otros testigos y peritos, así como funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Arbistar ofrecía una serie de sistemas automatizados para invertir en criptomonedas, a través de diversos bots de arbitraje, que eran presentados como herramientas infalibles capaces de detectar el momento exacto en el que hay que comprar en una plataforma y vender en otra.

Todo ello bajo una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada, donde combinaba el ofrecimiento de una alta rentabilidad, de entre un 8 y un 15 %, con campañas de comunicación a través de diversos canales en internet, eventos en hoteles, y utilización instrumental de los primeros inversores para el proceso de captación.

Sin embargo, el sistema de algoritmos sobre el que supuestamente pivotaba el negocio ofertado nunca estuvo operativo, tal y como concluye uno de los informes periciales, elaborado por el Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comenzó en 2021 a investigar la presunta estafa piramidal, tras aceptar la inhibición de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife; en julio de ese año abrió además una pieza separada por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.

Frente a los 1.902 millones defraudados que calcula la Fiscalía, el bufete Aranguez Abogados, que representa a cerca de 4.000 afectados lo eleva a 3.500 millones de euros.