Arranca el juicio por la mina de Aznalcóllar: la defensa culpa a la juez Alaya de la "pena de banquillo" sufrida y pide la nulidad

Este lunes ha dado comienzo en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio oral por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Diez años después del inicio del proceso ha arrancado la primera sesión, de las 40 que se prevén, con la defensa de los encausados clamando por la "pena de banquillo" sufrida por sus clientes durante este tiempo y pidiendo la anulación de los autos de reapertura del caso emitidos, en dos ocasiones, por la juez Mercedes Alaya. Cabe recordar que en este proceso hay 16 encausados, en su mayoría personal técnico y funcionario de la Junta de Andalucía pertenecientes a la mesa de contratación y la comisión técnica.

El juicio ha arrancado con las cuestiones previas, que continuarán este martes. La Fiscalía, que no ha encontrado indicios de delito en la adjudicación de la explotación a la agrupación empresarial México-Minorbis y ha pedido la absolución de los encausados con anterioridad, no ha realizado ninguna aportación. Como ya expuso en su informe, no encontraba tratos de favor o cohecho. Las dos acusaciones también han evitado realizar cuestión previa alguna en la sesión de este lunes.

La defensa de diez de los encausados, por su parte, ha expuesto tres vulneraciones de derechos fundamentales por la detención de sus clientes. Entendían los letrados Luis Aparicio y Encarnación Molina que no era necesaria esta diligencia previa, por lo que pidió que se anularan las pruebas conseguidas a través de una actuación que según su punto de vista no se realizó conforme a derecho. Además, insistió en que se había vulnerado el derecho a la intimidad de sus representados, apoyándose en una denuncia anterior del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

La defensa del grueso de los encausados señaló que Emérita Resources y Andalucía Mining no deberían poder ejercer la acusación particular en este proceso. En el caso de la segunda de las firmas, por no haber sido afectada por la adjudicación de la mina, ya que no pujó a la licitación. De hecho, alegaban que por la expropiación de los terrenos, lo único que le incumbiría, resultó indemnizada en 2016.

Además, señalaron las defensas que la única perjudicada que podría ejercer la acusación particular es la Junta de Andalucía, que al igual que la Fiscalía ya descartó en su informe que se hubiera cometido delito alguno. Es decir, entiende que Emérita no habría sido perjudicada por los hechos que se investigan.

La última cuestión previa planteada exponía la vulneración del derecho a un juicio justo. Se llegó a criticar por "un grave exceso competencial" a la juez Mercedes Alaya, que emitió sendos autos de apertura después de que la instructora pidiera el sobreseimiento de la causa. Además, se reclamó la "pena de banquillo" sufrida durante una década por los encausados y la reclamación por una nueva vulneración de derechos fundamentales.

Jaime Alonso, en defensa de las empresas adjudicatarias México-Minorbis, se sorprendió por que sus representados estuvieran en el proceso por la única petición de Andalucía Mining. Igualmente lo hizo por las peticiones realizadas por Emérita. Entiende que Emérita solicita en este proceso la anulación de la adjudicación y que se le otorgue a ellos. De hecho, aseguró que Emérita solo tiene "actividad especulativa". "No tienen capacidad ninguna para explotar los terrenos", insistió.

Antonio Gallo, que defendió los intereses de la Junta de Andalucía como responsable subsidiario por la actuación de los funcionarios, explicó por qué se expropió a Andalucía Mining, que no tenía los permisos mineros, pero podría haberse presentado a la licitación. "En cualquier caso, no le afecta a Andalucía Mining, por lo que no puede hablar de ninguna pérdida como se alega en su escrito", apunta.

La vista se alargó más de tres horas el primer día. Todas las defensas se ratificaron en los mismos puntos.

Los encausados

La apertura del juicio oral contra los 16 encausados se acordó el 4 de noviembre de 2021 por parte de la magistrada Patricia Fernández. Entre los encausados se encuentran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa Magtel; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y María José Asensio, ex directora general de Minas de la Junta de Andalucía. El resto son funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso.

A los acusados se les atribuyen delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.

Este martes, 4 de marzo, continuará el proceso con las cuestiones previas. Los primeros acusados declararán a finales de este mes, se espera que el día 31. Luego, habrá cuatro sesiones más con declaraciones de los mismos: 1, 3 y 4 de abril y 25 de junio.

La causa se abrió inicialmente en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, que también optaba a la concesión de la mina, y que denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso.