La actuación negligente de la sanidad canaria deja secuelas irreversibles a un paciente tinerfeño: «Ya no hay calmante que me quite el dolor»

Cuando entró por primera vez en la fría y blanca sala de uno de los quirófanos del Hospital Universitario de Canarias (HUC) el 12 de abril del 2021, Pedro (nombre ficticio para no revelar su identidad) nunca se hubiera imaginado que, cinco años después, seguiría sufriendo las consecuencias de aquella intervención. La actuación negligente de uno de los traumatólogos del centro hospitalario le ha llevado a perder prácticamente toda su movilidad, le ha postrado en un sillón, le ha supuesto ser dependiente de su familia y, en definitiva, le ha cambiado la vida por completo. Hoy, la justicia isleña condena al Servicio Canario de la Salud a indemnizar a Pedro con más de 356.000 euros por los daños de una mala praxis reconocida tanto por un peritaje externo como por la propia sanidad canaria. Sin embargo, la Consejería de Sanidad se ha negado a abonar y ha decidido recurrir la sentencia, alargando así el sufrimiento de este paciente. 

El hombre natural de Icod de Los Vinos tenía una vida sencilla. Le encantaban los largos paseos que daba por La Laguna en su trabajo como comercial, disfrutaba de los carnavales, dejarse llevar por las olas en El Caletón (Garachico) y utilizar cualquier excusa para organizar un buen boncho con sus amigos. Cinco años después, con un tratamiento que consta de cinco calmantes diarios, una pomada y una inyección, estas austeras experiencias resultan del todo inalcanzables. 

El tortuoso periplo sanitario de Pedro –agravado por las largas listas de espera que sufre la sanidad canaria– comienza con un accidente de tráfico. Fue en febrero de 2020. «Estaba parado, a una mujer se le metió la mascarilla en los ojos y me dio con su coche por detrás», rememora el afectado. Tras ser atendido de urgencia en el HUC, los rehabilitadores le empezaron a tratar el cuello, pero ahí no estaba el problema. «A mí me dolía el culo y un tiempo después me empezaba a caer mientras caminaba», insiste. Tenía una hernia discal, pero no lo sabría hasta meses más tarde (en diciembre) y después de peregrinar durante varios meses entre el centro de salud y su hospital. 

Casi un año después del incidente, Pedro entra en el quirófano por primera vez. Le atiende un traumatólogo del HUC que decide realizarle una artrodesis, una cirugía para fusionar de manera permanente dos o más huesos en la columna vertebral. Lo hace metiendo varios clavos en las vértebras L4 y L5, las más bajas de la columna. El especialista le asegura entonces que en apenas tres días podría volver al trabajo. Meses después, el dolor no cesaba. «Habían pasado cuatro meses y no podía ni moverme», sentencia.

Una nueva cirugía, otra mala praxis

 Pese a que insistió del dolor a sus médicos, el afectado se vio obligado, casi un año después, a acudir a la sanidad privada para conseguir un diagnóstico certero. Consiguió cita con un neurocirujano, quien le constató que uno de los tornillos estaba mal colocado y le estaba irritando la raíz. Sin embargo, al haber sufrido esta dolencia desde abril de 2021, lo único que podría hacer es «aliviar el dolor», pero nunca conseguir una mejoría total. 

Unos días después le incluyen en la lista de espera quirúrgica para neurocirugía en el HUC, aunque con consideración de «no urgente». Cabe recordar que la espera por una operación en neurocirugía en el HUC en aquel entonces (2022) superaba los 206 días de media (casi siete meses). En mayo Pedro vuelve al HUC a una consulta de control con su traumatólogo que, a su vez, decide operarle él mismo para quitarle los tornillos. Su cita con neurocirugía desaparece, ahora solo queda operarse por traumatología aunque, según afirma, él nunca tuvo conocimiento de este cambio. «A día de hoy, creo que lo hizo para evitar que le denunciáramos por mala praxis», sentencia. 

La cirugía, supuestamente para paliar el daño, no alivió absolutamente nada. Las alteraciones se mantuvieron e incluso fueron a peor cuando la «caja de hierro» que le habían puesto entre vértebra y vértebra se le hundió. «Ahora no me la pueden sacar porque podría aplastar las vértebras», insiste. El afectado ha tratado de acudir a otros médicos pero nadie se atreve a realizarle la operación: «nadie quiere coger un caso desgraciado». Y es que la operación a la que se debe someter tiene muchos visos de acabar en una tetraplejia. 

Vía judicial

Su única alternativa ha sido, desde entonces, denunciar a través de la abogada Liliana Pérez Suárez. Y la justicia le ha dado la razón. Una sentencia emitida el pasado 10 de febrero, el juzgado de los contencioso administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria reconoce su derecho a ser indemnizado por el SCS con 356.017,55 euros más intereses legales desde la fecha de la reclamación así como las costas. 

En su fallo, la jueza concluye que «las explicaciones de la perito son tan categóricas que no queda más que apreciar la existencia de mala praxis denunciada por el recurrente». La perito, en este sentido, asegura que «no se practicó la técnica quirúrgica adecuada ni en la primera ni en la segunda cirugía». 

La magistrada, en este sentido, también destaca en el «retraso en demasía» que sufrió el paciente antes de poder recibir la segunda intervención (al no apuntarla como urgente). La intervención, además, «se hizo sin que constara informe alguno previo que indicara que el tornillo estaba movido o enterrado» Asimismo, según la magistrada, «si se hubiera hecho una resonancia en enero de 2022 se podría haber evitado o disminuido la fibrosis que se produjo a raíz de la primera operación y en la que la propia Administración reconoce el daño». 

El hastío del afectado es patente. «Ya no hay calmante que me quite el dolor», sentencia mientras afirma que pasa sus días postrado en el sofá sin poder hacer vida como antes. «No puedo trabajar y he perdido amigos, si no fuera por mi familia no sé qué haría». Tras el fallo judicial, el traumatólogo que le hizo ambas operaciones –y después de negarse a operarlo de nuevo por el alto riesgo que supone– se ha ofrecido a intervenirle para tratar de eliminar el hierro de su espalda. Pero Pedro no está convencido. «Quiero ir a un especialista en esto que tengo, y para eso necesito que el SCS acepte la negligencia y pueda acudir fuera de Canarias por una segunda opinión».

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