Los contratos para jóvenes investigadores de Canarias tendrán una duración inicial de un año

La duración inicial de los contratos predoctorales autonómicos, una vez sean transferidos a las universidades y centros de investigación, será de un año. Así, aunque existe el compromiso de la Agencia Canaria de Investigación (ACISII) de dotar a las universidades cada año con los fondos necesarios para afrontar la convocatoria durante sus cuatro años de duración, la realidad es que, al menos en esta primera anualidad, las universidades tan solo contarán con financiación suficiente como para sufragar un año de contrato, lo que impide garantizar su continuidad al 100%. 

Este escollo es uno de los que se han puesto sobre la mesa durante una reunión celebrada este miércoles entre la Agencia y los representantes de universidades y centros de investigación con motivo de la cesión de la gestión de la convocatoria Tesis (programa de contratación predoctoral autonómico) a estas últimas. Y es que el Ejecutivo regional ha decidido hacerse a un lado y permitir que sean las propias instituciones científicas las que lleven a cabo el papeleo necesario para contratar a estos jóvenes investigadores. 

Se trata de una apuesta del Gobierno de Canarias para «agilizar» los trámites de esta convocatoria. Para la consejera de Universidades y Ciencia, Migdalia Machín, el hecho de que las universidades gestionen los contratos predoctorales ofrece varias ventajas, «pero la principal es la simplificación administrativa, ya que centralizar la gestión en las universidades reduce trámites burocráticos al coordinar directamente las convocatorias, contratación y seguimiento, con lo que el ecosistema investigador recibe los fondos en un espacio de tiempo sensiblemente menor».

La medida ha tenido buena aceptación por parte de las dos universidades, puesto que les proporciona cierta libertad para poder llevar a cabo esta convocatoria. Además, la financiación que recibirán (que asciende a 1,1 millones de euros respectivamente) contempla la contratación de una persona que gestione la convocatoria, lo que supone un alivio para el área administrativa de ambas universidades. 

«Sabemos que se está haciendo un esfuerzo para mejorar este punto porque todos estamos de acuerdo en que necesitamos dar garantías de estabilidad a nuestros investigadores», reseña el vicerrector de Investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Aparicio, quien, sin embargo, admite que, al menos este año, habrá un problema conceptual. «No es lo mismo ofrecer un contrato de un año, aunque sea prorrogable, que uno de cuatro», sentencia. La intención de la Agencia, en todo caso, es sufragar los gastos año a año, pero esta partida queda sujeta a que ese compromiso siga vigente los años venideros. 

10 millones en cuatro años

En total, la financiación total del programa le costaría al Gobierno de Canarias un montante cercano a los 10 millones de euros para sufragar los gastos de contratación de los cuatro años de convocatoria para universidades y centros de investigación. No obstante, cada año habrá que sumar 2,4 millones más a repartir entre las entidades para poner en marcha las nuevas convocatorias. 

Con esta cesión de competencias, el Gobierno deja en manos de estas instituciones la gestión de un total de 90 contratos, la cifra más alta de la historia. En este sentido, las universidades canarias pasarán a gestionar 41 contratos predoctorales cada una, mientras que los últimos ocho se repartirán entre el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) y la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) . 

Esto supone cinco más que el año pasado para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), lo que a ojos de su vicerrector de investigación, Sebastián López, es una oportunidad para el centro. «Nos permite garantizar una cifra muy importante de contratos predoctorales, hasta 41, que tenemos previsto ampliar con fondos propios», resalta. En este sentido, López también ve con buenos ojos el hecho de que «podamos controlar los tiempos de la convocatoria», ya que en otras ocasiones «no ha coincidido con los tiempos de matrícula». 

Reparto menos beneficioso

La ULL, sin embargo, saldrá perdiendo con el reparto. «El año pasado que solo se financiaban 80 contratos conseguimos 46», insiste Aparicio, que señala que «la oferta abierta» solía beneficiar a esta universidad. Sin embargo, este reparto –considera– es más equitativo. 

Una vez los representantes de Gobierno e instituciones académicas cierren los últimos «flecos» de la convocatoria, las universidades confían en poner en marcha la primera convocatoria este mismo año. «Tenemos presupuesto y solo falta que nos transfieran los fondos», resalta Aparicio, que afirma que una vez lleguen a las arcas de la universidad, se podrán sacar a concurso. Esta nueva etapa obligará a cambiar las bases para acceder a uno de estos contratos. «Nosotros queremos hacer algo similar a lo que hemos hecho con nuestra convocatoria predoctoral propia», afirma Aparicio. Esta convocatoria sufragada con fondos propios ha permitido a la ULL contratar este año a 19 investigadores jóvenes «con un sueldo mayor del que tendrá esta convocatoria», tal y como explica el vicerrector. 

Menos entusiasmo ha mostrado la Asociación de Jóvenes por la Investigación (Jinte) que ha calificado esta medida propuesta por la Consejería de Universidades y Ciencia como «un parche» que no resolverá a corto plazo el problema principal: el retraso en la convocatoria de 2025. «Si bien a medio plazo podría agilizar los trámites, provocará un inevitable retraso en la contratación en 2025 y un cambio significativo en los méritos a valorar con unas nuevas bases», resalta el colectivo en un comunicado.

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