«Reivindicamos nuestro derecho a conciliar»

Este año el Colegio de Graduados Sociales de Tenerife celebra su 50 aniversario. ¿Qué significa este hito para la institución?

El 19 de junio de 1975 se crea el Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, con carácter provincial, englobando a las Islas de La Palma, Gomera, El Hierro y Tenerife. El primer presidente fue Juan Fernando Ponte Méndez Fernández de Lugo. Este hecho supuso que una profesión que empezaba 50 años antes a nivel nacional, tomaba la importancia necesaria para crear un colegio provincial. Los profesionales que formaban parte de este colectivo estarían protegidos por la institución, así como sus clientes. A partir de ahí, empezamos a ser autónomos y dejamos de depender de la península. Con motivo de nuestro quincuagésimo aniversario, además de reunir a los presidentes y miembros de junta que aún nos acompañan, y que aprovecharemos para recordar a los que ya nos han dejado, intentaremos hacer un merecido reconocimiento a la labor que han hecho, creyendo en esta profesión, en el cometido del Colegio. El 19 de junio celebraremos las III Jornadas Laboralistas de Canarias, en Santa Cruz, que serán organizadas por el Consejo Canario de Graduados Sociales, actualmente soy la presidenta de esta institución. En este marco, y por aquello de optimizar recursos, aprovecharemos para celebrar un acto por nuestro 50 aniversario. Una jornada laboralista en la que se darán cita ponentes del más alto nivel, tanto a nivel nacional como del panorama canario.

¿Qué tipo de problemas o desafíos laborales suelen atender con más frecuencia?

Nos preocupa mucho la cantidad de obligaciones, la burocracia en la que nos hemos visto envueltos en estos últimos años, con una sobrecarga de trabajo que parece que nunca acaba. Otra reivindicación que venimos demandando es nuestro derecho a conciliar. Nosotros, como profesionales, nos preocupamos por trasladar a nuestros clientes que las personas trabajadoras de sus empresas tienen derecho a la conciliación y a la desconexión digital, y así deben respetarlo. Y, nos vemos, que nosotros como profesionales, recibimos notificaciones de la seguridad social, y últimamente, de las mutuas a cualquier hora y día del año. Además de acortar plazos, lo que provoca es que estemos continuamente conectados, sin poder disfrutar de nuestra conciliación personal ni de nuestro derecho al descanso.

¿Cuál es la representación del Colegio en las instituciones públicas y cuál es su grado de interlocución con ellas?

Últimamente, estamos presentes en la sociedad. Esta era una reivindicación que, tanto los miembros de junta que me acompañan, como yo, dejamos constancia a la hora de presentarnos a las elecciones. Logramos en estos cuatro años formar parte del Comité Ejecutivo de la CEOE Tenerife y pertenecer al Consejo Social de la Universidad de La Laguna.

¿Qué iniciativas impulsa el Colegio para la formación y actualización de sus colegiados?

Uno de los objetivos de los colegios de graduados sociales es tener colegiados formados y actualizados. Contamos con una sala desde la que impartimos formación de manera presencial, que se difunden en directo por el medio online; tratando temas que van desde la problemática procesal a la gestión laboral, poniendo foco en las novedades que afecten al desarrollo de la profesión.

¿Cómo ven el futuro de la profesión en un contexto de constantes cambios legislativos y tecnológicos?

Pues yo veo un futuro muy próspero. Para ello nos preocupamos mucho de estar en contacto con la Universidad, dado que es ahí donde tenemos que trabajar, con generaciones futuras que están muy preparadas. Contamos con la figura del precolegiado, que trata de facilitar la incorporación del egresado en el Colegio y ponerlo en contacto con los compañeros, con la formación y con la figura del graduado social. Me gustaría aprovechar la ocasión para reivindicar, por un lado, una vez más nuestro derecho a la conciliación y a la desconexión digital, a veces denostado por la Administración y las entidades colaboradoras; y por otro, la templanza en el legislador, que en ocasiones parece movido por el afán de la producción normativa irracional aun sin disponer de mecanismos efectivos para su aplicación.