Canarias, a un paso de simplificar los trámites de la dependencia y reducir la espera

Canarias está a un paso de simplificar los trámites del reconocimiento de la dependencia. El Consejo del Gobierno abordará este lunes, 24 de febrero, el decreto que reducirá los tiempos de espera y acortará el procedimiento para la concesión de estas ayudas. 

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, anunció este viernes, en comisión parlamentaria, que la propuesta se enviará el lunes o el martes para que, a partir de ahí, el Consejo Consultivo elabore un informe al respecto en un plazo máximo de un mes. «Nosotros intentaremos que se acorte este plazo», aseguró. 

En el Archipiélago, la espera media desde que se rellana una solicitud hasta que se recibe es de 561 días, 389 para que se determine el grado y 166 para que se resuelva. Aunque esta lista de espera se haya logrado recortar hasta en ocho meses, el plazo de resolución establecido por la ley –limitado en un máximo de medio año– está lejos de cumplirse.

Para reducir tiempos, Bienestar Social ha diseñado un nuevo decreto que solo contempla una única visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia en la que determinarán el grado correspondiente y su Plan Individual de Atención (PIA). Hasta el momento la normativa en vigor, aprobada hace 16 años, recoge que cada procedimiento lleva un trámite y distintos informes. 

El decreto no solo simplificará los trámites, sino que también mejorará el acceso a la vía telemática. Asimismo, a diferencia de la norma actual, se centra en la capacidad económica de la persona beneficiaria y no en la de la unidad de convivencia. 

23.000 canarios fallecieron esperando

Por su parte, el diputado del grupo Nacionalista (CC) Miguel Martín –tras preguntar por este tema a la consejera– señaló que se estima que más de 23.000 canarios hayan fallecido mientras se encontraban en la lista de espera. «Cifras que, si atendemos al Estado, ascienden hasta las 900.000 personas, por lo que queda claro que el sistema se ajusta a la realidad social actual», defendió. 

Como prueba de la eficacia de esta unificación de trámites, Delgado utilizó como referencia el ejemplo del País Vasco, que con este sistema monofásico tarda en aprobar el grado de dependencia alrededor de 136 días –algo más de cuatro meses–, y de Castilla y León, con una espera media de 128 días.  

En Canarias, según explicó, esta cuestión no se le ha ocurrido por primera vez al Ejecutivo vigente. «Lo cierto es que fue aprobada en julio de 2012 en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, además, otras comunidades autónomas lo han puesto en marcha», resaltó.

Una atención «más digna»

Este nuevo intento comenzó a cobrar fuerzas a finales del año pasado, con el visto bueno del Consejo General de Servicios Sociales. Por ese entonces, la propia consejera subrayó que haber recortado un 30% el tiempo de espera «no era suficiente», por lo que había que actuar de forma urgente para lograr unos plazos más razonables y acordes a una «atención digna». 

El documento ha seguido «todos los cauces legales», incluyendo un periodo de consulta pública del que se han aprovechado las aportaciones más factibles. En este sentido, también se ha incrementado la plantilla gracias a un plan de choque. «El sistema nuevo nos permitirá agilizar los reconocimientos pero, sin implementar los servicios necesarios, no servirá de nada. Por eso estamos en negociaciones con los cabildos insulares para el nuevo convenio de Dependencia, que nos va a permitir ampliar toda la red de apoyo a los dependientes canarios y a sus familias», argumentó. 

Pese a las esperanzas puestas por la Consejería en esta nueva normativa, su borrador produjo cierta irritación a la plantilla del área y a los dos colegios canarios de Trabajo Social. «Con la medida solo intentan reducir las estadísticas, mermando la atención a la ciudadanía», apuntó Yolanda Cívicos, de Intersindical. Así, Podemos también tachó al decreto de ser «un modelo low cost de servicios sociales».

Según datos de la Consejería, entre los años 2019 y 2023 se incorporaron apenas 20.000 prestaciones y, solo en 2024, entraron 15.000 personas más. El ritmo de concesión de ayudas del anterior ejecutivo era de unas 5.000 al año, mientras que en la actual legislatura llega a casi 8.000 más anualmente.