Los veterinarios canarios se plantan ante el estricto control de dispensación de antibióticos para mascotas: "No nos dejan trabajar con libertad"

El nuevo y estricto control de dispensación de antibióticos para los animales de compañía está pasando factura a los veterinarios de las Islas. «No nos dejan trabajar con libertad y nos enfrentamos a multas millonarias por salvar a animales de compañía», revela la presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández. Ante las crecientes restricciones para ejecutar su labor y el descontento generalizado que ha ocasionado la puesta en marcha del control PresVet para animales de compañía, los colegios profesionales de Canarias han realizado una huelga simbólica cerrando su sede a cal y canto para protestar por no haberles tenido en cuenta a la hora de planificar este control en los tratamientos.

Todo empezó el pasado mes de enero, cuando entró en vigor una nueva normativa que ha equiparado el control de dispensación de antibióticos que se aplica desde hace varios años a los grandes animales en ganadería a los pequeños animales en clínicas veterinarias. Esto supone, por un lado, más burocracia –y, por tanto, menos tiempo para la atención clínica– y, por otro, una reducción del abanico de posibilidades terapéuticas con las que suelen contar.

Más burocracia

Los veterinarios se ven ahora obligados a rellenar diversos informes con datos de todo tipo (desde la preparación de las inyecciones hasta la estimación de las pastillas que va a darle el dueño en casa) con los que justificar el uso de un antibiótico. Esta información se registra en el sistema PresVet (siglas que identifican al sistema de Vigilancia de Prescripciones Antibióticos puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura). «El sistema lleva tiempo, es complejo y encima redundante», insiste Fernández, que señala que el Ministerio ya cuenta con algunos datos solicitados porque los consigue durante el proceso de compra.

Sin embargo, la queja de los profesionales no se sustenta tan solo en el ingente papeleo, sino en la enorme restricción que les supone a la hora de realizar sus labores diarias. Y es que, si bien hay 96 antibióticos que se pueden suministrar a los animales, apenas un 29% cuenta con presentaciones que se puedan utilizar en animales de compañía. De estos, tan solo seis son de uso preferente y, de ahí, dos son inyectables. «Uno de ellos, además, es intramuscular y duele muchísimo, con lo que después de ponérselo a un gato ya no quiere volver a repetir», insiste la veterinaria.

Fichas técnicas desfasadas

A esto se une que muchos antibióticos no tienen sus prescripciones actualizadas, con lo que, si los utilizaran, no podrían justificar el porqué. «Hay evidencia científica suficiente como para saber que a la Rickettsia se tiene que tratar con doxiciclina, pero en la ficha técnica no viene contemplado, con lo que no puedo utilizarlo», sentencia la veterinaria. Muchas de estas fichas técnicas, como insiste, están desfasadas, y a los laboratorios no les interesa actualizarlas, con lo que restringen aún más su trabajo.

Este último golpe ha sido suficiente como para que los veterinarios decidan plantarse ante un modus operandi de la Administración que, como insisten, se lleva repitiendo desde hace años. «No nos han consultado ni para esta normativa ni para muchas otras, ni siquiera para sacar adelante la Ley de Bienestar Animal», critica Fernández.

Los veterinarios mantendrán su compromiso para salvar la vida a los animales, aunque tengan que enfrentarse a las consecuencias legales. «Nos pueden poner multas que van desde los 3.000 hasta 1,2 millones de euros», sentencia Fernández, que recuerda que estas cantidades son inasumibles para cualquier clínica veterinaria.

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