Una "maraña burocrática" retrasa más de seis meses la convocatoria de 150 nuevas plazas de profesorado para la ULL

Seis meses llevan las 149 nuevas plazas de profesorado aprobadas por la Universidad de La Laguna entre julio y noviembre perdidas en una "maraña burocrática" en las dependencias de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación. Sumida en una cada vez más evidente falta de profesorado – debido en parte a las jubilaciones masivas del baby boom– la universidad lagunera se ha encontrado de frente con un nuevo obstáculo que agrava su precaria situación.

"Si no se resuelve pronto, vamos a tener muchas dificultades con la contratación en los próximos meses", advierte el vicerrector de personal docente e investigador, Alfonso Ruiz Rallo. Las plazas que se quieren sacar a concurso –y que ya han sido aprobadas en el Consejo de Gobierno universitario– pertenecen a varios programas. Por un lado, 53 plazas dependen de los contratos estatales María Goyri para la incorporación de profesores ayudante doctor, otras 47 son de asociados asistenciales para paliar el déficit de personal en la Facultad de Medicina y el resto pertenecen a la Oferta Pública estructural de 2023 para suplir las bajas y jubilaciones.

Esta cuestión se puso ayer sobre la mesa en la Comisión parlamentaria de Universidades y Ciencia, de mano de la diputada del Partido Socialista, Yaiza López. La diputada criticó a la Consejería por "bloquear" estas plazas tan necesarias para garantizar el relevo generacional de la universidad, provocando un retraso "sin precedentes" en su publicación. "Las universidades están asfixiadas con falta de respuesta y pocas soluciones reales", indicó López.

En este sentido, la Consejera de Universidades, Migdalia Machín, aseguró que estos expedientes "están caminando" y atribuyó el retraso a una "maraña administrativa". Machín presumió de su relación con el rector, con quien afirmó mantener una "comunicación constante", y destacó haber debatido con él este asunto. "Espero que pronto quede todo resuelto", sentenció.

Falta de comunicación

Ruiz, sin embargo, ha denunciado precisamente la falta de información por parte del Gobierno de Canarias a la hora de informar sobre el estado en el que se encuentran estos trámites. "Nos dicen que todo está bien y que están trabajando en ello, pero llevamos en algunos casos seis meses esperando a que nos autoricen", indica Ruiz. Recuerda el vicerrector, además, que cuando la universidad estaba adscrita a la Consejería de Educación, "siempre teníamos a alguien que nos informaba sobre el trámite".

En otras ocasiones, la Consejería ha achacado el retraso en la convocatoria a la necesidad de que la universidad realizara distintos trámites. Por un lado, la firma de una adenda autonómica para los María Goyri, que las universidades se negaron a firmar hasta que no hubiera un presupuesto; y la subsanación de la justificación económica de las plazas para Medicina. "En el primer caso, firmamos la adenda desde que los fondos quedaron reflejados en diciembre", insiste Ruiz. En el segundo caso, la subsanación se ha acometido ya en dos ocasiones sin haber recibido ningún nuevo reparo desde hace meses. "Ya no hay nada que justifique este retraso", sentencia el vicerrector.

Un cambio de modelo

El vicerrector afirma que parte de estos problemas se empezaron a dar cuando se cambió el procedimiento de convocatoria de plazas. "Históricamente, pasábamos la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) a la Consejería y una vez lo aprobaban, nos lo mandaban de nuevo para ratificarlo en el Consejo de Gobierno de la ULL", explica. Sin embargo, con la integración de las universidades en la Consejería de Ciencia, se decidió hacer el procedimiento al revés: "aprobarlo primero en Consejo de Gobierno para posteriormente pasar a la Consejería".

Este cambio, a ojos del vicerrector, ha provocado que el procedimiento se retrase cada vez más. "Con el método anterior apenas tardábamos 15 días", explica. En este nuevo régimen, la ULL solo ha sacado a concurso 119 plazas de ayudante doctor. "Esas tardaron ya tres meses", indica. Ahora ya llevan más de seis.

Problemas a largo plazo

El problema va más allá de cubrir la falta de personal en tiempo y forma. "En el caso de los contratos María Goyri sabemos que no vamos a poder cumplir ya los tiempos a los que nos obliga el Ministerio de Ciencia", insiste el vicerrector. En concreto, la cartera que dirige Diana Morant obliga a estos nuevos profesores a incorporarse en la universidad en septiembre. "Ya no da tiempo, ni aunque este problema se resolviera mañana", sentencia Ruiz, que asegura que esta situación va a obligar a la universidad a comparecer en la Mesa de Seguimiento del programa para justificarse y explicar las razones por las que no han podido cumplir con lo establecido.

En el caso de las plazas adscritas a la OPE, el problema surge con los profesores a los que se les acabará el contrato en junio. "Esta convocatoria tarda entre tres y cuatro meses en resolverse, así que corremos el peligro de que no tengan posibilidad de tomar posesión y se vayan al paro", insiste.

El último de los problemas a los que se enfrenta la universidad es logístico. Y es que la ULL debe seguir sacando convocatorias de plazas nuevas en su oferta pública de empleo. El vicerrector teme que la universidad pase de gestionar 200 plazas anuales a más de 500. "Van a causar un colapso en nuestro funcionamiento", sentencia.

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