Las citas para pedir asilo en las oficinas de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife pueden tardar hasta un año y medio

Las citas para tramitar un expediente de asilo en las dependencias de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife pueden llegar a tardar hasta un año y medio desde que se solicitan hasta que se hacen efectivas. Es decir, en estos momentos se otorgan para junio del año 2026. Para otro tipo de gestiones no tardan tanto, pues se otorgan para dos o tres meses después. En opinión del abogado José Antonio Carrero, esta realidad propicia que aparezcan las mafias vendecitas, como las denomina él.

El letrado, de origen venezolano y especializado en asuntos relacionados con Extranjería, comenta que hay muchas personas que se sienten desesperadas por residir con tranquilidad en España y que pueden llegar a pagar, por ejemplo, hasta 500 euros por una de estas plazas para agilizar los trámites.

Ya ha habido operaciones realizadas por la Policía Nacional que han desmantelado este tipo de grupos organizados. Sin embargo, Carrero señala que no es fácil acabar con este tipo de bandas, que son «como una hidra de mil cabezas». La situación no es nueva.

Cabe recordar que, en mayo del año 2023, por ejemplo, la Policía Nacional desmanteló una red que bloqueaba el sistema de citas online para trámites de Extranjería con un programa informático con el que se hacían con ellas para venderlas a pesar de ser un servicio público gratuito.

En la operación fueron detenidas 69 personas y hay otras 25 investigadas, entre ellas abogados y gestores. Los agentes hallaron ramificaciones en la isla de Tenerife.

Los arrestos se llevaron a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete, Alicante, Almería, Vizcaya, Burgos, Cádiz, Córdoba, Baleares, Marbella (Málaga), Murcia, Tarragona, Tenerife y Toledo por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal y daños informáticos. Además, los funcionarios policiales procedieron a investigar a otras 25 personas en las provincias de Madrid y Cádiz.

Falta de personal

El abogado refiere que el retraso para la concesión de citas se debe, de manera fundamental, a la carencia de suficiente personal en las dependencias del cuerpo de seguridad para hacer frente a la cantidad de personas procedentes de otros países que quieren regularizar su situación en España o solicitar protección internacional.

Las citas compradas en el mercado negro pueden ser reales o falsas. Es decir, algunos extranjeros pueden encontrarse con la desagradable sorpresa de que, después de pagar para adelantar sus trámites, al llegar a la oficina los funcionarios le comunican que es falsa, por lo que los conducen a una dependencia en la que deben explicar cómo la obtuvieron y quién se las vendió. Esa información se remite a los investigadores de las fuerzas de seguridad que estudian este tipo de delitos.

José Antonio Carrero refiere que uno de los hechos más relevantes en materia de Extranjería que se han registrado en este año que finaliza es la masiva llegada de migrantes en situación irregular en pateras y cayucos desde la costa noroccidental africana.

Recuerda, una vez más, que este fenómeno es el que más alarma social puede generar entre la población residente. Sin embargo, desde Latinoamérica o Europa pueden llegar tantas o más personas en avión, que no llaman la atención a la hora de entrar en España o en Canarias.

Reglamento de la Ley de Extranjería

El segundo hito más relevante del ejercicio que acaba, a juicio del letrado Carrero, es la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, «que tiene gran calado y en la que se deja completamente fuera a los solicitantes de asilo».

Para este abogado natural de Caracas, esa medida puede estar relacionada con la tendencia expresada en el reciente pacto migratorio de la Unión Europea, con la que se endurece las medidas hacia las personas procedentes de terceros países.

Carrero refiere, por ejemplo, los casos de países como Islandia, Dinamarca, Bélgica o Alemania, «donde se está expulsando a los solicitantes de asilo, en unos casos con razón y en otros sin ella». Le consta que en Islandia «hacen firmar un retorno voluntario y se los devuelve a Venezuela, porque supuestamente en dicho país ya todo está bien y normalizado, cuando se conoce la grave crisis humanitaria que lo asola».

Recuerda que hay ciudadanos venezolanos por casi todo el mundo, que intentan salir adelante fuera de su patria. En otra ocasión, Carrero recibió la petición de ayuda de otro ciudadano que se hallaba en Indonesia. El hombre aseguró que había viajado a dicho estado de Asia «por amor». Acudió para estar junto a su pareja. Para tratar de integrarse mejor llegó a convertirse al Islam. Sin embargo, la familia de su novia desaprobó esa relación y favoreció que se iniciara el expediente para su expulsión.

En cuanto a las personas procedentes de la República Bolivariana de Venezuela que llegan a Canarias y a España, señala el letrado que «vienen con muchas ideas preconcebidas». La clave es que «este es un país del Primer Mundo, con seguridad, paz y bienestar, que es lo que todas las comunidades latinoamericanas están buscando».

En cuanto a las facilidades o dificultades que la legislación española pueda brindar a la hora de establecer su residencia y encontrar trabajo, recuerda José Antonio Carrero que la normativa «te obliga a estar irregular para regularizarte después; en estos momentos se puede lograr a los tres años, y, tras la reforma del reglamento, a los dos años».

Explica este especialista en Extranjería que «la postura constante de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y de la Audiencia Nacional en sus más recientes sentencias es que el asilo no es una forma de regularización». «El nuevo reglamento pretende excluir a los solicitantes de asilo del proceso de regularización», apunta.

En la actualidad, desde el 1 de marzo del 2019, la concesión de la tarjeta humanitaria implica un año de residencia y trabajo. A la misma se pueden acoger los venezolanos, algunos sirios y los ucranianos, a raíz de la guerra con Rusia.

La tarjeta humanitaria se tramita a través del Ministerio del Interior. En algunos casos, Carrero sugiere a sus clientes que se pasen al trámite de régimen general, que corresponde al Ministerio de Migraciones. Ese procedimiento no va a ser posible desde mayo del 2025 con la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería.

Este abogado se muestra convencido de que «el flujo hacia España de venezolanos va a seguir creciendo; ocurra lo que ocurra en Venezuela, al margen de que el presidente electo jure su cargo o no el próximo 10 de enero». Carrero señala que en su país de origen «no hay varitas mágicas para resolver la crisis humanitaria de un día para otro».

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