La falta de fondos públicos lleva al tercer sector canario al "borde de la quiebra"

El tercer sector de Canarias se encuentra "al borde técnico de la quiebra" ante la falta de fondos públicos. El nivel de déficit, como consecuencia de la subida del IPC, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la deuda histórica, ha llevado a que algunas entidades que prestan servicio a los canarios con discapacidad hayan cerrado este año con pérdidas de hasta 100.000 euros. Ante la situación, y pese a haber mantenido reuniones con distintos miembros del Ejecutivo regional, el colectivo requiere una solución urgente, ya que a 1 de enero de 2025 tendrán que realizar  un esfuerzo económico mayor y, de no hacerse efectivas sus demandas, tendrán que tomar medidas drásticas entre las que se encuentran la suspensión de servicios o el despido de plantilla. 

Así lo ha adelantado Plena Inclusión Canarias, organización que aglutina un total de 28 entidades de todo el Archipiélago encargadas de gestionar un total de 2.030 plazas de dependencia públicas en las Islas. Como medida de presión, el colectivo ha advertido que iniciará movilizaciones –se llevarán a cabo las últimas tres semanas de enero– si no se actualiza su financiación, ya que a día de hoy, muchos de los servicios que prestan por el Gobierno están siendo sostenidos por los padres y las propias entidades. "No puede ser que el tercer sector esté manteniendo el sistema de derechos sociales públicos", lamentó Natalia Cañeque, gerente de Plena Inclusión Canarias en una rueda de prensa celebrada esta mañana. 

El tercer sector recibiendo una financiación por debajo del coste real del servicio y arrastra una cuantiosa deuda histórica, pero la situación se ha agravado durante los dos últimos ejercicios. Y es que el Gobierno de Canarias congeló el coste de los servicios de dependencia en 2023.  "Esto significa que mientras el SMI subió un 8% y el IPC un 3,1%, nosotros hemos percibido una financiación acorde al coste de la vida en 2022", lamenta Cañeque. En 2024 la subida ha sido menor, pero no por ello ha permitido sanear sus cuentas. Este año el IPC ha crecido en un 2,4% hasta noviembre y el SMI un 5%. "Solo con la actualización del convenio colectivo tendremos que aumentar un 10% los salarios", indicó la gerente. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al conocer que el colectivo iba a emprender medidas de presión ciudadana, le ha emplazado a reunirse con él este sábado a las 11:00 de la mañana. "En principio, aunque tampoco lo han cerrado, se ha comprometido a contemplar en el aumento de la financiación la actividad salarial, lo que supone un incremento del 10%", insiste Cañeque. Pese a agradecer el compromiso, para Plena Inclusión Canarias es, a todas luces, insuficiente.

Reunión este sábado

Por esta razón, este sábado el colectivo no solo solicitará al Ejecutivo afianzar su compromiso de sufragar la subida salarial, sino también de actualizar los costes de la vida de 2023 y 2024 y "algo de la deuda histórica", tal y como insistió la gerente de Apanate (Asociación Canaria de Trastorno Autista), Victoria Gómez, una de las entidades más afectadas por este descalabro económico.  "La Administración debe garantizar no solo incrementos para 2025, sino también un plan que solucione esta situación en los próximos 3 o 4 años", destaca, por su parte Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión Canarias.

La propuesta de la organización se basa en incrementar la financiación de las plazas de hogar funcional en un 40%, las de los centros de día y restos de recursos alojativos un 30%, un 20% las del resto de recursos y en transporte hasta un 114%, es decir, más del doble del precio actual. "El Gobierno paga por la plaza de transporte 7 euros y el coste real está por encima de 14", insiste Cañeque.

Las plazas sobre las que el colectivo exige una respuesta del Gobierno son públicas y representan derechos reconocidos en la Ley de servicios Sociales de Canarias y Catálogo de Servicios y Prestaciones Sociales de Canarias. "En su primera legislatura, el presidente de Canarias reconoció públicamente la infra financiación de la discapacidad en los convenios de dependencia y se comprometió a buscar soluciones", subraya Laucirica.

Deudas de hasta 100.000 euros

En el caso de no llevarse a cabo esta modificación de las condiciones del servicio –que también beneficiarían al resto de plazas públicas de dependencia gestionadas por el Gobierno de Canarias–, muchas de las organizaciones se verán obligadas a realizar recortes, ya sea de personal o en el propio servicio. "Hay organizaciones que acumulan entre 60.000 y 100.000 euros en pérdidas anuales", insiste Cañeque.

Las concentraciones están previstas para los días 13, 20 y 27 de enero de 2025 frente a sendas sedes de Presidencia de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Solo en caso de llegar a un acuerdo este sábado, los colectivos podrían plantear cesar en su movilización ciudadana.

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