Los criterios para reconocer la discapacidad a niños con cáncer varían según la isla
Pequeño Valiente pide al Parlamento de Canarias que se unifiquen las pautas para valorar a pacientes oncológicos menores de edad y que se les otorgue prioridad en las listas de espera
El cáncer no espera. Sin embargo, tanto los menores que lo padecen como sus familias deben armarse de paciencia para lograr ciertos aspectos como el reconocimiento de la discapacidad. Combatir estas dificultades ha sido una de las grandes luchas de la entidad Pequeño Valiente durante los últimos años. Por este motivo, la trabajadora social de la Fundación, Miriam López, demandó el acuerdo de todos los grupos políticos para homogeneizar y unificar los criterios del reconocimiento, que por ahora varían dependiendo de la Isla.
López explicó que, hoy en día, un menor con leucemia en Gran Canaria puede ser reconocido con un 33% de discapacidad, mientras, otro en Fuerteventura, con el mismo diagnóstico puede alcanzar un 80%. «Esto para nosotros es una falta grave de criterios y, probablemente, de información médica que no se puede tolerar», denunció en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias. La falta de unificación regional afecta a unas sesenta familias del Archipiélago y crea desigualdad, aun en la misma provincia. «El cáncer infantil es una enfermedad minoritaria con respecto a otras patologías, pero no por ello con menos importancia a nivel clínico y médico», añadió.
En este sentido, afirmó, que se ha vivido «un retroceso enorme». En 2016 se dictó una resolución definitiva donde se homogeneizaban los criterios a la hora de establecer el grado de discapacidad de todos estos menores, consiguiendo así unificar pautas en ambas provincias canarias para el reconocimiento del 33% de discapacidad durante dos años de tratamiento. A raíz de esa medida, se agilizaron todos los trámites y se tomaron como prioritarios todos los casos de menor de 18 años con tratamiento de quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia.
Solo dos años de prestación
La única pega por ese entonces era que el reconocimiento se derogaba a los dos años, por lo que el menor quedaba desamparado después de los primeros 24 meses y la realidad es que un paciente oncológico, según argumentó, suele serlo entre cinco y diez años.
Apartando esta queja, reconoció que habían sido seis años de «trámites fluidos», que concluyeron en 2022 cuando se actualizaron las baremaciones de Discapacidad y se dio prioridad únicamente a los menores de seis años. «Para sorpresa nuestra, se retrocede en la lucha y los niños mayores son reconocidos, pero ya no son prioritarios en la valoración, sino que van por orden ordinario», subrayó.
Ahora, en Gran Canaria y Tenerife las listas de espera son de aproximadamente seis meses. «Desde Pequeño Valiente queremos alzar la voz para pedir que todos los niños canarios con enfermedades oncohematológicas, consideradas enfermedades raras en menores de edad, sean valorados de manera preferente», defendió. También, criticó que no se tienen en cuenta cuestiones como las posibles recaídas o las secuelas no físicas que afectan, tanto al paciente como a sus familiares. El impacto en las relaciones sociales tras dos años de aislamiento o las secuelas cognitivas son algunos ejemplos.
Reembolso de gastos por traslados
A la falta de criterios comunes se suma la espera para conseguir el reconocimiento del grado y el «gran esfuerzo económico» que realizan muchos padres de islas no capitalinas. En muchos casos, esperan hasta cuatro meses por el reembolso de los gastos derivados de los traslados obligatorios que deben realizar a los hospitales de Tenerife o Gran Canaria. En esta línea, López sostuvo que la Fundación trata de estar en primera línea lo más rápido posible, pero la principal traba que encuentran siempre es la burocracia, precisamente con estos traslados que son «terribles para las familias».
Además, apuntó que se suele poner el foco solo en los padres cuando, muchas veces, los cuidadores principales son los abuelos. «Los hermanos también son los grandes olvidados», insistió.
Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento, Ana Oramas, anunció que encargarían a un diputado la redacción de una Proposición no de ley (PNL) para la homogeneización de criterios que firmarán todos los grupos. A su vez, informó que propondrían una iniciativa para el reembolso de los gastos.
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