Violencia machista: «Pido a las víctimas un voto de confianza en la labor de la Justicia»

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Orotava, que está especializado en Violencia sobre la Mujer, Adriana Desirée Miranda González, se pregunta qué ha fallado en estos años para que jóvenes y adolescentes que han nacido con una legislación específica que las protege de las agresiones machistas nieguen qué les ha ocurrido, no denuncien a su maltratador o rechacen declarar en su contra.

No habla desde la demagogia ni la teoría, sino del conocimiento diario de estos delitos, que son complejos y deben analizarse caso a caso, pues ninguno es igual a otro. Pide a las afectadas un «voto de confianza» en la Justicia.

Esta jueza lleva los casos que ocurren entre La Matanza y San Juan de la Rambla, con excepción del Puerto de la Cruz. Admite que su partido judicial es grande y que el juzgado asume «muchísimo trabajo». Entre julio y septiembre de este año, registró 175 denuncias; una media de dos diarias. Muchas quedan archivadas por falta de pruebas o indicios, o bien porque la afectada no quiere seguir adelante con el procedimiento.

Cuando en enero del 2023 llegó a dicha plaza, pensaba que la violencia machista tenía mucho que ver con personas de más de 40 o 50 años, por haberse criado en una «cultura machista». La realidad ha sido otra. «Una de las cosas que más me ha sorprendido es que la mayoría de las víctimas tiene entre 16 y 35 años». Para Miranda, «existe un problema de falta de educación y formación», tanto en las perjudicadas como en los hombres que las maltratan.

Desde el punto de vista de la prevención, recurrir al Juzgado «es un fracaso». Pero recuerda que, desde la perspectiva de la reacción, con la instrucción de las diligencias la mujer tiene «una garantía de que podemos ayudarla». Opina que «una adolescente de 16 años tiene acceso a toda la información, por lo que algo está fallando y no sé qué es». La violencia machista se mantiene en la juventud, cuando «parece que habíamos avanzado en el empoderamiento de la mujer, en acabar con esa estructura machista de las relaciones», dice. Comenta que en el caso de las más jóvenes «sufren una violencia de la que muchas veces no son conscientes».

Expone un caso real ocurrido hace poco. Una chica de 17 años sufrió una agresión física y no quería acusar al maltratador. La denuncia la puso el hermano de la víctima y una amiga ejerció como testigo. Era la tercera vez que dicha adolescente sufría un caso similar y tiene una hija a su cargo. A pesar del apoyo de su familia y de la ayuda de la amiga, no se atrevió a dar el paso. El acusado reconoció los hechos y fue condenado. Además de una orden de alejamiento, se le impuso una pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

Penas irrisorias

Miranda González indica que otro problema al que se enfrentan los jueces es que algunas penas «son irrisorias». Algunas perjudicadas no denuncian porque «no confían en la Justicia y creen que no va a funcionar». En otros casos, siguen convencidas de que el maltratador va a cambiar su forma de comportarse. En estos casos no resulta fácil generalizar. Explica esta jueza que «la violencia sobre la mujer es un asunto muy complejo y se debe estudiar caso a caso». «Hay muchos matices y se debe prestar atención a los detalles, a cómo la víctima cuenta lo que le ha pasado», indica Miranda.

Cree que ejerce «una profesión dura, pero, a la vez, satisfactoria, porque se puede ayudar a la afectada, pero me da mucha pena cuando no llegamos a prestar ese apoyo y, a veces, me quedo cruzada de brazos, por falta de pruebas o indicios, porque no se pueden practicar más diligencias o porque la víctima no quiere denunciar». Es consciente de que se registran más casos de los que constan en las estadísticas, pero muchos asuntos ni siquiera llegan a los juzgados por miedo, por vergüenza o por desconfianza en el sistema.

Desde enero del 2023, en la demarcación del partido La Orotava no han sido asesinadas mujeres por violencia machista. «Me encantaría que el Juzgado fuera la última opción», apunta. Y para ello aporta su grano de arena con charlas en los institutos. En los adolescentes percibe que ellos y ellas tienen asumidos muy bien sus roles machistas. A pesar de los avances, hay ideas que no cambian.

El mensaje en contra de estos comportamientos violentos se debe brindar por las familias, de los centros educativos y de las administraciones. En casa, la jueza defiende que no pueden ofrecerse cuando los implicados tienen 16 o 17 años. «Ya es muy tarde», matiza. Para ella, lo ideal es empezar a hablar del respeto, la tolerancia, los espacios de libertad o evitar el aislamiento de las amistades desde los 12 o los 13 años, cuando los menores empiezan a tener sus primeras relaciones.

La jueza también pide un «voto de confianza» para la Justicia y frenar los mensajes de que «nadie va a hacer nada, pues nos desvivimos por el trabajo, y en los casos más graves nos coordinamos con todos los estamentos, como los cuerpos de seguridad, los puntos de encuentro familiar o los servicios sociales».

En su labor diaria, Adriana Miranda defiende la empatía, la cercanía y escuchar el relato de las víctimas. Con las afectadas y sus abogados también habla de por qué se archiva una y aclara que eso no significa que estemos ante una denuncia falsa. En su juzgado también falta personal, como más funcionarios o forenses. Pero, sobre todo, se echan en falta medios materiales, «que parecen insignificantes, pero marcan la diferencia». En su órgano llevan tres meses sin aire acondicionado. Por ejemplo, la pasada semana coincidieron en la sala de atención a las víctimas tres mujeres, el abogado, un representante del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas y un agente de protección, pues había un caso de riesgo alto. Todos debían permanecer en un cuarto sin ventilación y que debe estar cerrado para que las víctimas no vean a su maltratador.

El asunto ya se ha planteado al Gobierno canario. Y, como alternativa, se solicitaron ventiladores, pero tampoco se puede disponer de estos elementos. Otra de las carencias está relacionada con la falta de suministro de agua embotellada. Por eso, cuando una víctima la pide, debe ser la jueza o los funcionarios los que se la compren. En opinión de Miranda, ya que la situación por la que pasan resulta muy desagradable, «al menos deberían tener un espacio digno» donde cuenten lo que les ha ocurrido. n

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