Los canarios esperan dos años por una evaluación de Discapacidad

El tinerfeño Eduardo Franquis presentó una solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad el 28 de septiembre de 2022. Más de dos años después, el 14 de noviembre de 2024, recibe la primera llamada telefónica para una evaluación que la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias debería haber realizado en un plazo máximo de seis meses. Al menos así lo dispone el Real Decreto 888/2022, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado.

La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, admite que esta queja no es un caso aislado y que es cierto que «no se están cumpliendo los plazos establecidos por la ley». Sin embargo, asegura que trabajan a destajo para solucionar este retraso, «que ya hemos logrado reducir en varios meses».

En vista de que los problemas de salud que Franquis padece aumentaban con el tiempo, el 11 de junio de este año decidió coger una baja. Sin noticias hasta entonces, solicitó en julio una cita presencial en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno autonómico. «En ella, la persona que me atiende me confirma que mi solicitud está correcta, pero que tramitarla tomaría bastante más tiempo», denuncia. El siguiente paso fue presentar un escrito al defensor del pueblo canario.

En estos días, el órgano encargado ha comenzado a valorar las peticiones que se realizaron en un periodo cercano al del tinerfeño, en septiembre de 2022. La directora general explica que la demora tiene que ver con un cambio en el aplicativo informático que coincidió con la entrada en vigor de un nuevo Real Decreto que cambiaba radicalmente todo el procedimiento e hizo que recayeran muchas tareas administrativas sobre el perfil médico. «Cuando llegué al cargo me encontré un retraso importantísimo porque hubo una serie de circunstancias que provocaron cierto estancamiento en las valoraciones. Mucho personal estaba de baja laboral, había pedido traslados o comisiones de servicio a otros puestos y esas plazas no se habían cubierto», declara.

Gutiérrez subraya que trabajan con empeño y aprisa, primero, para poder conformar más equipos. «Nos han aprobado el carácter excepcional de un contrato programa que presentamos en el Consejo de Gobierno. Así que una vez entre en vigor el nuevo presupuesto y se acabe el actual contrato programa, empezaremos con las nuevas contrataciones», añade. Otro de los puntos en los que han centrado sus esfuerzos es en alcanzar la simplificación administrativa. Según sostiene, «tratamos de agilizar ese nuevo aplicativo informático, ese gestor de expedientes, para que dé respuesta a la exigencia de los equipos multiprofesionales y los procesos de evaluación se aceleren».

Mejoras previstas

Además, desvela que en Discapacidad han introducido nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial (IA) para discernir aquellos casos de mayor gravedad y para establecer prioridades en función de las necesidades. «Evidentemente la respuesta y los resultados no se verán de un día para otro, pero hemos logrado que la lista de espera no aumente y que se haya reducido en meses. Aun así, somos conscientes de que no es suficiente y que debemos cumplir con el periodo establecido», sentencia.

Por ahora, los menores y los casos más avanzados tienen prioridad. Franquis señala que, aunque entiende este criterio, el personal disponible es insuficiente y la evaluación, en muchos casos, llega tarde. «Soy autónomo y las dolencias que sufro me impiden seguir con mi trabajo, tener reconocido cierto grado de discapacidad me facilitaría incluso buscar otro empleo acorde a mis problemas de salud», explica.