La Fiscalía pide investigar a Pérez-Camacho por obstrucción a la justicia

La Fiscalía solicita que el abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho, presidente del Real Casino de Tenerife, preste declaración en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife en calidad de investigado por un supuesto delito de obstrucción a la Justicia.

La fiscal asegura en su escrito remitido al Juzgado decano de la capital tinerfeña que «se deduce la posible existencia de un delito de obstrucción a la justicia por coacciones o amenazas sobre peritos, partes o testigos del artículo 463 del Código Penal (...)».

El denunciante de este asunto es un abogado que en su día trabajó en el despacho de Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y que fue despedido de dicho bufete. Cabe recordar que existe una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife de 22 de enero del presente año que consideró improcedente tal despido.

Ese letrado despedido en su día por Miguel Cabrera fue testigo de referencia el 18 de octubre del año 2023 en los hechos que dieron lugar a las diligencias previas 2455/23, del Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna, donde se encuentra investigado Pérez-Camacho, por unos supuestos tocamientos a un joven universitario.

La petición actual del Ministerio Público para que se le tome declaración en calidad de investigado a Miguel Cabrera por un supuesto delito de obstrucción a la Justicia está relacionada con las acciones que supuestamente Pérez-Camacho realizó sobre ese exempleado suyo, que también es socio del Real Casino de Tenerife.

El denunciante aseguró en su denuncia que primero se le excluyó de los comunicados y correos electrónicos que de forma periódica se envían a los integrantes de dicha entidad social de la capital tinerfeña; más tarde se le abrieron expedientes disciplinarios, después se le prohibió la entrada a las instalaciones de la sociedad y, al final, se le expulsó temporalmente. Y esa medida supuestamente se adoptó sin que el perjudicado tuviera derecho a defenderse, según la versión del denunciante.

El abogado y socio del Real Casino de Tenerife presentó un escrito ante la Fiscalía el pasado mes de junio y diversa documentación. En base a ese documento, en el Ministerio Público se abrieron diligencias de investigación preprocesal.

Según consta en la denuncia del letrado y socio afectado, tales acciones comenzaron después de que él prestara declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna y de que Pérez-Camacho lo supiera.

Ante tales hechos, la fiscal considera que procede remitir la correspondiente denuncia contra el presidente del Real Casino de Tenerife al Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife, para que se proceda a la incoación de diligencias previas.

El mismo abogado exempleado de Miguel Cabrera presentó una demanda contra el Real Casino de Tenerife el pasado 23 de abril por las acciones que se habían adoptado contra él.

En ese escrito, el letrado solicitaba que se declarara la nulidad de pleno derecho y, en su defecto, la anulabilidad de dos acuerdos adoptados por la Junta Directiva del Real Casino de Tenerife, por los que se le impuso la sanción de amonestación verbal y la suspensión temporal de dos años como socio de la entidad social. Otra de las peticiones del abogado y exempleado de Pérez-Camacho fue que se condenara a la asociación Real Casino de Tenerife a estar y pasar por tales declaraciones, así como a reintegrarlo en su condición de socio con plenos derechos. Y también requería que se condenara a la entidad social a hacer públicos los fundamentos jurídicos y el fallo de la sentencia entre todos los socios del club.

Y el pasado viernes, 11 de octubre, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó un auto en el que acordó la «suspensión de la ejecución del Acuerdo de la Junta Directiva del Real Casino de Tenerife de 29 de febrero del 2024, por el que se adoptó la sanción de suspensión temporal de dos años al socio (…) para acceder a las instalaciones de la sociedad demandada».

La autoridad judicial también acordó que, con carácter previo a su cumplimiento y ejecución, se requiera al solicitante (el socio perjudicado) para que en el plazo de diez días preste fianza por importe de 300 euros.

No obstante, el magistrado aclara que contra el citado auto podrá la parte demandada formular oposición en el plazo de 20 días.