«En bienestar animal, los ayuntamientos de Tenerife se deberían responsabilizar más»

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, María Luisa Fernández Miquel, manifiesta que muchas administraciones municipales carecen de estos profesionales

Imagen de archivo de un perro encerrado.

Imagen de archivo de un perro encerrado. / E. D.

Santa Cruz de Tenerife

La presidenta del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández Miquel, asegura que el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realiza una magnífica labor en materia de bienestar animal y para evitar situaciones de maltrato o falta de atención. Sin embargo, Fernández considera que los ayuntamientos se deberían responsabilizar más en estos asuntos.

Esta representante de dicho colectivo señala que, si los ciudadanos detectan algún episodio de maltrato animal o de abandono, la primera administración con la que debe contactar es el ayuntamiento, que debe activar a los diferentes recursos que deben intervenir y abrir diligencias.

En opinión de Fernández Miquel, resulta muy importante la labor del veterinario municipal en estos casos. Pero, sin embargo, señala que «hay muchos ayuntamientos que no tienen esta figura» en su organigrama.

Advierte la presidenta de los veterinarios de Santa Cruz de Tenerife que, cuando existe una posible causa penal, «el papel del veterinario resulta fundamental», puesto que dicho profesional «revisa las condiciones en las que se encuentran los animales y realiza un informe forense». Y la actual legislación contempla que ese documento pueda ser elaborado por un perito forense veterinario, que deberá tener una formación específica.

Esta figura no existía. De hecho, se incluyó en la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal de 7/2023, del 28 de marzo. Sin embargo, por el momento, no se ha desarrollado el reglamento de dicha normativa, lo que impide un adecuado desarrollo e implantación de la misma. Y, por ahora, es muy difícil saber cuándo se va a completar dicho proceso de definición.

Recuerda Fernández Miguel que el primer informe técnico en este campo es el documento sobre el que «se construye el caso y, si no está bien hecho, el caso se puede perder».

Movilización

Ante un episodio de maltrato animal o de abandono, el veterinario puede ser movilizado para que realice una inspección por cualquier organismo de la administración, desde el personal de una corporación local, a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil o trabajadores de Medio Ambiente, por ejemplo.

En estos momentos, según las estimaciones del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, los episodios de malos tratos están en las islas en un nivel muy parecido a los casos que se detectan en el territorio peninsular.

A juicio de María Luisa Fernández, pueden existir más diferencias entre los núcleos urbanos y las zonas rurales de cada comunidad autónoma.

Con frecuencia, según dicha profesional, los ciudadanos no saben diferenciar entre el mantenimiento deficiente de los animales (es decir, una atención insuficiente) y los malos tratos físicos directos. Aclara que los primeros casos tienen un grado menor en su gravedad.

Aviso por la situación de varios gatos en un edificio de Granadilla de Abona

Vecinos de Granadilla de Abona alertaron a personal del Ayuntamiento de dicho municipio del sur de Tenerife sobre la situación en la que se encuentran varios gatos en el interior de una vivienda.

Desde la corporación municipal les han informado de que, en pocos días, un veterinario realizará una visita a dicha casa para determinar el estado de los mencionados animales.

Según los datos que han trascendido, los gatos han sufrido supuestamente situaciones comprometidas durante más de un año. Algunas personas de la zona indicaron que en varias ocasiones se alertó a la administración municipal, pero hasta el momento supuestamente no se ha adoptado ninguna medida concreta y eficaz.

Orden

Explicaron los vecinos que hasta el lugar acudieron policías locales e integrantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Sin embargo, los agentes coincidieron en un aspecto: sin que exista una orden de un veterinario no podían actuar con dichos animales.

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