El sistema sanitario canario necesita más psicólogos para «combatir» los suicidios

El psicólogo Felipe Lagarejo expone las carencias de personal especializado y de estrategias en la sanidad pública para abordar un problema social de esta importancia

Imagen de archivo sobre una persona con problemas de salud mental.

Imagen de archivo sobre una persona con problemas de salud mental. / E. D.

santa cruz de tenerife

Ya hay decenas de psicólogos clínicos que trabajan en centros de salud para intentar ayudar a personas que, entre otras cosas, pueden tener tendencias suicidas. Pero dichos profesionales aún no son suficientes. Así lo dice Francisco Acosta, responsable del Programa de prevención del Suicidio de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias.

Felipe Lagarejo, coordinador del Grupo de Suicidios del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, considera que se dan pasos interesantes en la administración regional, pero sus medidas siguen siendo insuficientes. En su condición de psicólogo y agente, Lagarejo imparte clases a los nuevos policías autonómicos y locales. Comenta que la formación de es estos funcionarios es «un eslabón social muy importante». «Son ellos los que llegan los primeros, se encuentran el episodio» y, si saben cómo actuar, «pueden ser salvarle la vida en ese momento», indica.

Sobre el teléfono 024 del Gobierno estatal, dice que en los dos últimos años ha atendido más de 260.000 llamadas. «Pero la cruda realidad» es que su eficacia, desde el punto de vista estadístico, «es negativa», pues lo que ha habido es u

n aumento de casos. En el 2021 creció un 2% y en el 2022, con 134 episodios más, subió un 6%, comenta. En opinión de Lagarejo, «si pones el número 024 para que la gente acuda a él cuando lo necesite y le consigues salvar la vida, pero después no tienes a dónde remitirlo para que le hagan una terapia real y efectiva, lo que genera en ese individuo es una mayor desesperanza, si cabe, a medio plazo». Según él, esto ocurre si los gobiernos adoptan «medidas efectistas y no efectivas».

Explica que, cuando una persona se siente mal anímica o emocionalmente, acude a su médico de cabecera. Dicho profesional la remitirá a Salud Mental o, «sencillamente, la medicará y ya está».

Si el caso es grave, con intento de suicidio, indica Lagarejo que posiblemente remita a ese paciente a Salud Mental y para la cita tendría que esperar entre un mes y seis meses, según el municipio donde resida. «Cuando llega a ser atendido, durante no más de 20 minutos, el profesional le mandará a volver en un mes o mes y medio para ser asistido por otro profesional; y así un suma y sigue», cuenta. Cree que el problema del programa de Salud Mental en Canarias, igual que en el resto del país, es que «no está preparado para hacer un abordaje psicopedagógico del suicidio». Cree que la primera razón es carecer de psicólogos clínicos y sanitarios suficientes. Si la ratio en el Reino Unido está en 50 profesionales; en 70 en los países nórdicos, y la media europea, en 20 por cada 100.000 habitantes; en España hay 6,7.

Y la segunda es que la atención para evitarlo «está muy orientada al psicofármaco, que sabemos que no cura ninguna neurosis». «También sabemos que casi 100% de los problemas emocionales cotidianos se pueden atender sin necesidad de un psicofármaco, con una terapia psicológica real y efectiva; y eso sólo lo puede hacer un psicólogo profesional o un psiquiatra», añade. Propone dotar a cada centro de Atención Primaria con, al menos, un psicólogo sanitario o clínico para que si alguien va con un padecimiento emocional no tenga por qué acudir al médico de cabecera, sino pedir cita directamente con el especialista.

En el último año, el 5% de la población de las islas tuvo ideación suicida, según el Gobierno canario

Otra sugerencia de Lagarejo es «desligar el suicidio de la Salud Pública, pues ésta carece de medios, no tiene personal suficiente y está enfocada al psicofármaco». Estima que debe haber un área específica para los casos de tendencia suicida, con el suficiente personal y la formación adecuada para prevenirla, con psiquiatras, psicólogos, enfermeros o trabajadores sociales.

Defiende que, dado el carácter social y multicausal del suicidio, habría que generar intervenciones en contextos educativos, sociales y laborales, mediante espacios dedicados a la actividad creativa, artística o deportiva, donde se compartan intereses.

El psiquiatra Francisco Acosta recuerda que el Servicio Canario de la Salud ya prevé la incorporación de psicólogos clínicos a centros de salud. Y esa planificación se implanta de forma progresiva. Explica que ya se han contratado psicólogos clínicos para Atención Primaria y decenas de ellos están incorporados. No obstante, admite que todavía son insuficientes.

Para el citado psiquiatra, hay escasez de profesionales de Psicología Clínica, lo que dificulta su contratación. Según Acosta, más allá de la citada red, están las unidades de Salud Mental, que tienen psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros, auxiliares clínicos, trabajadores sociales y administrativos para dar una atención integral. Manifiesta que, según el perfil de cada paciente, puede ser atendido por un psiquiatra, un psicólogo o por ambos.

Matiza que un psiquiatra hace mucho más que recetar psicofármacos y que éste paso lo dará tras una valoración clínica y disponer de un diagnóstico. También pide desterrar la idea de que prescribir un fármaco es algo muy rápido y sencillo, pues para recetar un medicamento así debe existir un «cuadro que lo requiera y se hace bajo un criterio clínico; si no, no».

Señala que «no es normal que una persona espere seis meses por una cita». Dice que las consultas preferentes se dan en 20 días y las ordinarias, en dos meses.

Acosta recuerda que su área logró incluir la ideación suicida en la encuesta de salud de Canarias. Un 13,1% de los ciudadanos han pensado en algún momento de su vida en quitarse la vida, según la encuesta del 2021. En el 2022, las islas tuvieron una tasa de suicidios de 10,7 personas por 100.000 habitantes (la tercera de España, tras Galicia y Asturias). Y casi un 5 por ciento de los canarios tuvieron ideas suicidas en el último año.

El Gobierno canario ha desarrollado siete campañas dirigidas a la población desde el 2020 para que las personas afectadas pidan ayuda a su entorno o a personal sanitario, llamen al 024, para acabar con algunos mitos o para ayudar a algún familiar, por ejemplo. Y desde el 2023 existe la página stopsuicidioscanarias.com, para personas con tendencias suicidas, familiares o personal sanitario, por ejemplo.

«Altos niveles de empatía y tener calma en casos de extremo peligro»

La intervención de los negociadores en sucesos de autolisis no es frecuente, pues suelen ser resueltos casi siempre por los primeros policías que llegan al lugar (radiopatrullas), que tienen experiencia en estas acciones. Así lo explica una negociadora de la Policía Nacional en Tenerife, la inspectora Gara Toledo. Y no olvida la labor de bomberos o sanitarios, que dan seguridad a los agentes y a la víctima. El negociador se requiere en los casos donde medie el uso de armas, haya personas retenidas o en peligro, o donde sea aconsejable que la aproximación al sujeto la efectúe un profesional con formación para evitar poner en peligro a otros. Su labor es contener la situación con herramientas de escucha activa, con las que la acompaña y la ayuda a bajar su ansiedad y nerviosismo, para que ella misma deponga su actitud. Sólo en casos extremos se acude a equipos de intervención táctica para favorecer la seguridad e integridad de las personas en riesgo. El negociador es un miembro de la escala ejecutiva de la Policía Nacional, con un duro proceso de formación y selección y que debe reunir habilidades innatas, como altos niveles de empatía o tener calma en casos de extremo peligro para lograr una eficaz comunicación con la víctima. Para Toledo, «es una labor muy dura, pero gratificante cuando se resuelve de forma positiva». En Canarias la Policía tiene cinco negociadores. | P. F.

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