Canarias, pionera en advertir de los peligros del porno entre los menores

La íntima relación entre el consumo de pornografía y las conductas sexuales violentas es un asunto que lleva abordando el ámbito científico con numerosos estudios desde hace más de una década. Este año el Gobierno de España, en la misma línea de Francia, Reino Unido o Alemania, quiere lograr un pacto de estado, diseñar una estrategia y aprobar una normativa para proteger a los menores de estos contenidos en internet. En ese camino, las investigaciones lideradas por la profesora de la Universidad de La Laguna (ULL) Esther Torrado han sido pioneras en advertir en el territorio nacional de los peligros de los que ahora se quiere hacer cargo la política, tal y como ella misma recuerda: «Canarias ha sido de las primeras autonomías en avisar sobre esa accesibilidad gratuita, esa globalización de la violencia sexual y su aumento en nuestro país».

La doctora en Sociología y experta en estudios feministas y violencia sexual cita que ya desde 2016 se elaboró un estudio encargado por el Gobierno de Canarias «en el que se adelantó que la mayor parte de consumidores de prostitución habían sido consumidores de pornografía violenta» y, al año siguiente otra investigación centrada en la prostitución concluyó «que las mujeres que estaban en esa situación declaraban que los clientes demandaban cada vez prácticas más violentas y que eso era producto del consumo de pornografía; en muchos de esos espacios, se les obligaba a ver y a representar las escenas».

Previamente, en el ámbito nacional, tan solo existía un precedente que se dio a conocer durante un congreso en Sevilla a cargo de la Universidad de las Islas Baleares. «En aquel momento éramos los únicos que hablábamos de este asunto», corrobora Lluís Ballester, uno de sus autores. El doctor en Sociología y Filosofía hace referencia, sobre todo, a un estudio de 2018 de diez comunidades autónomas con una muestra de 2.457 a jóvenes de 16 a 29 años en siete comunidades.

Expertas abogan por ejercer control sobre las industrias de distribución de contenido adulto

Primer acceso, a los 8 años

«Es el primer estudio en el que se afirma que muchos menores tienen el primer acceso a la pornografía los 8 años». Poco a poco se extrapolaban las evidencias de que el uso de la pornografía por parte de los jóvenes condiciona sus actitudes sexuales a las realidades nacionales. En las Islas, el estudio Sexualidad y consumo de pornografía en jóvenes de 16 a 29 años, un encargo del Cabildo de Tenerife a la ULL dirigido por Torrado, se recabó 2.432 personas y también arrojó, en 2021, resultados similares a los de otras geografías. Seis de cada diez jóvenes veían este tipo de contenidos con una periodicidad semanal, un dato que desciende al 30% en las chicas. La edad medida de consumo de pornografía se situaba en 13 años entre la juventud isleña (12 los varones y 14 las mujeres). Además, más de la mitad de los entrevistados reconocieron que resolvían sus dudas sobre la sexualidad a través de internet.

También se recabaron posturas de actores relevantes como docentes y familias, que mostraban una especial preocupación por el aumento del consumo de pornografía en edades tempranas y la facilidad de acceso, al advertir que también llega a través de la publicidad, música o moda. El trabajo concluía que el consumo de pornografía en menores «puede ser altamente perjudicial para su desarrollo integral y para fomentar relaciones igualitarias», máxime teniendo en cuenta que en ocasiones sustituye a la educación afectivo-sexual.

Entre sus propuestas, recomendaba el fomento de políticas públicas, como el control de acceso de menores a la pornografía. Precisamente esta es una de las primeras medidas ya anunciadas por el Gobierno de España: una aplicación que impedirá el acceso mediante un sistema de verificación, que ha desarrollado durante seis meses la Agencia Española de Protección de Datos. «Que el presidente del Gobierno haya dicho que va a hacer algo me parece importante porque los investigadores llevamos años intentando que se tomen en serio esto, aunque llega algo tarde», lamenta Torrado.

En este sentido, espera que el paquete legislativo que se lleve a cabo abarque un campo amplio, actuando desde la prevención, pero también desde «la penalización a las empresas», es decir, que se actúa desde la perspectiva de protección a los menores, pero también activando mecanismo de control a la industria. Además, Torrado considera central que, si se trata de una ley integral con un pacto de estado, «incorpore en el sistema educativo el plano afectivo-sexual», pero no solo desde una perspectiva feminista, sino científica, que ponga el foco en la erradicación de cualquier forma de violencia y la protección de la infancia. «Que lo imparta personal especializado, así como cualquiera no puede dar clases de matemáticas, en lo que tiene que ver con la sexualidad es similar», explica.

Alemania, Francia o Reino Unido ya han aplicado medidas que pueden servir de ejemplo a España

Las industrias pornográficas

Kika Fumero, exdirectora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) durante la pasada legislatura, celebra que el Gobierno de España tome conciencia de la importancia del desarrollo de «la educación sexual de un ser humano desde que nace hasta que llega a la etapa adulta. (...) Ya era hora. Llegamos tarde. Pero más vale tarde que nunca». Sin embargo, muestra reticencias sobre la efectividad de las medidas prohibitivas porque «implica ponerle vallas al campo» y «se pone el foco en el lugar equivocado, responsabilizando solo a una parte de la sociedad». La también consultora especialista en violencia sexual y de género es más partidaria de «ir a la raíz de este problema» que, a su juicio, está en las industrias de la pornografía, a las que liga al mundo de la prostitución y califica como «mafias», que, además, «mueven mucho dinero en negro». De forma paralela, Fumero enfatiza priorizar la parte educativa con acompañamiento, debate, diálogo y pensamiento crítico en los centros escolares, más allá de dedicar una hora a la semana. «Al final nadie se ocupa y dejamos a la adolescencia en manos de dispositivos móviles», lamenta.

Regulación educativa

Ballester ilustra que la situación actual con la pornografía es similar a la fase previa a la regulación del tabaco, cuando las evidencias científicas llevaron a los gobiernos a actuar. «La pornografía distribuida por internet con acceso a menores de edad, libre absolutamente, la conocemos desde 2008», recuerda. A los estudios e investigaciones que llevan años advirtiendo de este asunto, el experto también apunta que la Unión Europea recomienda desde 2018 regular el acceso de los menores a la pornografía. El docente es partidario de intentar obstaculizar el acceso a los contenidos pornográficos a los menores, para lo que aboga aprender de las experiencias en Alemania, por ejemplo, donde se usan certificados digitales para verificar la edad. Pero, a la vez, ejercer algún tipo de control en las empresas que distribuyen pornografía. «Es bastante extraño que alguien venda una entrada a un chaval de 13 años en un cine para adultos y que eso nos parezca a todos bastante razonable», expone como ejemplo.

Por otro lado, Ballester considera que el enfoque principal del trabajo que desarrolle el Gobierno de España debe ser educativo. «Hay dos procesos a los que llegamos muy tarde. Uno es el de la educación afectivo-sexual, de reconocimiento de las emociones, de los afectos, las relaciones y la sexualidad. Y otro es la educación digital», señala Ballester. A su juicio, «si se cumple y se desarrolla la normativa anunciada», sumando el control de la producción, distribución y acceso a una regulación educativa con su correspondiente política de estado, «probablemente podremos estar unos años analizando sus efectos y si reducen las consecuencias negativas».

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