El TC ampara a la familia de un detenido que se suicidó en calabozos y ordena que se investigue

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha acordado por unimidad conceder el amparo interpuesto a la familia de un detenido que se suicidó mientras estaba en calabozos policiales como presunto autor de un delito de violencia de género. El amparo, apoyado por el fiscal, se dirige contra el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por la muerte por ahorcamiento del hermano de la recurrente, al entender que no se investigó lo suficiente.

El órgano de garantías explica en una nota que la decisión de sobreseimiento se basó en que de lo investigado no resultaba dato alguno que apuntara a que los policías encargados de la vigilancia en calabozos actuaran con falta de diligencia en el suceso que acabó con el fallecimiento del detenido. Pero el alto tribunal cree que esas resoluciones judiciales vulneraron el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, toda vez que, atendidas las circunstancias concurrentes en el caso, no puede considerarse que la decisión de acordar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa sea conforme con las exigencias de una investigación judicial suficiente y eficaz, al haberse dejado de practicar durante la instrucción diligencias indagatorias propuestas en tiempo y forma por la recurrente, constituida como acusación particular, así como por la acusación popular, que ejercía la Asociación de Juristas Gitanos.,

Para la Sala Segunda esas diligencias "podían resultar adecuadas para el mejor esclarecimiento del suceso; en particular para determinar si el riesgo de suicidio del detenido era real e inmediato y si los agentes de policía encargados de su custodia hicieron cuanto era posible para evitar que ese riesgo se materializase o incurrieron en algún tipo de responsabilidad por los hechos investigados".

Por ello la sentencia del Constitucional anula las resoluciones impugnadas y ordena la continuación de la instrucción, a fin de que el juez instructor lleve a cabo la práctica de las diligencias indagatorias necesarias para satisfacer la exigencia constitucional de una investigación judicial eficaz y suficiente, en un suceso tan grave como es la muerte violenta de un detenido en dependencias policiales.