«El sistema CAPA de exámenes prácticos perjudica a las autoescuelas pequeñas»

El sector de las autoescuelas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife muestra su preocupación por el funcionamiento del denominado sistema CAPA, que limita de manera significativa el número de alumnos que pueden presentarse al examen práctico después de haber aprobado el teórico para sacar el carné de conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) implantó este modelo como vía para regularizar el acceso a dicha prueba del permiso de circulación. Sin embargo, desde muchas empresas estiman que no ayuda a resolver la demanda que tienen las autoescuelas, tanto las grandes como las pequeñas. Y reclaman que se ponga fin al tapón en los exámenes prácticos.

Para el sector, la clave del problema a nivel nacional es que por parte de la DGT no se ha hecho suficientemente atractiva la plaza de examinador funcionario y que se produzca un relevo generacional; no se renuevan las plazas de aquellos que se jubilan y en los últimos años tampoco se han cubierto las plazas necesarias para responder al número de ciudadanos que desean sacar un determinado carné.

El modelo de CAPA se basa en un algoritmo que tiene en cuenta el número de alumnos que tiene matriculados cada autoescuela, los que aprobaron el examen teórico, la cifra de formadores o las oficinas que tiene cada empresa.

Injusto

Abraham Márquez, experto en seguridad vial y formador vial, opina que éste es un sistema «excesivamente injusto» y considera que las más perjudicadas a medio o largo plazo por su aplicación serán las denominadas autoescuelas «pequeñas», las que, por ejemplo, tienen dos o tres formadores, así como tres o cuatro vehículos.

Para Márquez, con esa perspectiva, se tiende a que esta actividad económica se concentre en un número reducido de mercantiles; es decir, aquellas que tienen más medios materiales, formadores y oficinas.

Rentabilidad

Recuerda Abraham Márquez que hay algunas pequeñas sociedades, tanto de las islas como de la Península, que ya se están planteando cerrar, porque sus dimensiones de negocio las perjudicaría cada vez más.

«Y es que a una autoescuela no le es rentable presentar tres alumnos en tres meses», señala Abraham Márquez, que trabaja como formador en la autoescuela Velox, una de las más importantes del Archipiélago.

El Ministerio del Interior comenzó a realizar pruebas del modelo CAPA en varios territorios, como en Cataluña y otras comunidades. Sin embargo, ese sistema ya está implantado en casi todas las autonomías.

Demanda

Para este experto en seguridad vial, el CAPA es un «parche» a la verdadera solución real del problema, que pasa por que la Dirección General de Tráfico tenga en las diferentes provincias suficientes examinadores para dar respuesta a la demanda de ciudadanos que quieren obtener algún permiso de conducción.

Explica que «la gran mayoría del sector se opone» a dicho modelo. Y, de hecho, la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAE) ya llevó el asunto a los tribunales.

Hace más de cinco años que los empresarios de autoescuelas reclaman a Tráfico medidas que permitan paliar el actual bloqueo que se registra para acceder al examen final después de aprobar el teórico.

Una de las primeras quejas fue que en los meses de verano, cuando más alumnos se inscribían en las autoescuelas, la cifra de examinadores era escasa y no se daba la oportunidad de lograr el permiso a muchos de los aspirantes, pues no podían ni presentarse. Comenta Márquez que existen personas que necesitan disponer de un determinado carné para acceder a un puesto de trabajo, como conductores de turismos, guaguas o furgones, por ejemplo.

Decisiones

Aclara este formador vial que, si a un alumno se le dice que va a ser examinado dentro de un mes, en ese mismo momento dejará de hacer prácticas y tenderá a hacer dos poco antes del examen. En opinión de Márquez, la consecuencia de esa decisión es que llega peor preparado a la prueba y logra un resultado no óptimo.

Eso implica un mayor gasto económico para él y su familia. Y, además, genera peores estadísticas para la autoescuela, que verá reducido su porcentaje de clientes que pueden optar en los meses siguientes a examinarse.

Y otro grave problema de los centros de educación vial es que carecen de suficientes formadores. Márquez achaca la situación a que la Dirección General de Tráfico organiza pocos cursos presenciales obligatorios, una vez que se han superado las diferentes pruebas de conocimientos.

Comenta que ese proceso presencial, que puede durar unos dos meses y medio y se celebra en Madrid, puede llegar a costar casi unos 2.000 euros. Y a eso hay que añadir la estancia y la comida en la capital española durante el citado periodo.

Larga espera

Estima que una persona que desee trabajar como profesor de autoescuela no puede permitirse el lujo de esperar más de dos años por la celebración de uno de estos cursos presenciales. Y eso motiva que entre el 80 y el 90 por ciento de quienes aprobaron los diferentes exámenes previos opten por abandonar el proceso y decidan realizar otras actividades laborales.

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