La Fiscalía pide cinco años de cárcel por intimidar a un empresario en el Casino

El Ministerio Público y la acusación particular solicitan la misma pena a un empresario, su hija y tres ‘matones’ por conminar a la víctima a retirar la demanda por una deuda

El juicio por la presunta intimidación a un empresario se celebrará en un Juzgado de lo Penal.

El juicio por la presunta intimidación a un empresario se celebrará en un Juzgado de lo Penal. / El Día

Santa Cruz de Tenerife

Hoy está previsto que se celebre el juicio por el caso del empresario, su hija y tres matones por acudir al Real Casino de Tenerife para presuntamente conminar y tratar de intimidar a la víctima con el objetivo de que retirara la denuncia que había presentado en un Juzgado para reclamar una deuda por una operación inmobiliaria de intermediación.

La Fiscalía y la acusación particular solicitan la misma pena para todos los acusados: cinco años de prisión. De esa cifra total, tres años se reclaman por un supuesto delito de obstrucción a la Justicia (el acto de intentar que retirara la denuncia) y los otros dos por lesiones psíquicas.

El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife. Los acusados son el empresario Kumar Satyani, su hija Ranuka, Moisés R., Moisés B. y José Rafael G., según consta en el escrito de calificación de la fiscal.

Los tres individuos corpulentos que presuntamente intervinieron en el citado episodio tienen antecedentes penales. José Rafael G. fue condenado por un robo con fuerza en casa habitada y la sustracción de un vehículo a motor. A Moisés B. le constan nueve condenas, entre otras cosas por lesiones en tres juicios diferentes, realización arbitraria del propio derecho, conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás o robo con violencia e intimidación. Y a Moisés R. le figura una sentencia por tráfico de drogas.

El empresario que ejercía de intermediario inmobiliario presentó el 8 de octubre de 2019 una petición inicial de proceso monitorio para cobrar una deuda de 751.000 euros, ya que supuestamente realizó servicios para Satyani Inversiones que no habían sido abonadas. Pero en noviembre se rectificó esa cantidad que se requería, que pasó a ser de 1.140.000 euros.

Una vez que recibieron el requerimiento, según figura en el escrito de calificación de la fiscal, Ranuka concertó una cita con el empresario que les solicitaba el dinero con la intención de llegar a un acuerdo. La reunión se convocó para el 21 de noviembre del 2019 en el Real Casino de Tenerife, en la céntrica plaza de La Candelaria de la capital tinerfeña.

Y los empresarios a los que se les exigía el pago de la deuda presuntamente «intentaron influir con intimidación y/o violencia» en el intermediario «para que retirara la demanda interpuesta». Y para conseguir su objetivo contactaron con los otros tres acusados, aquienes informaron previamente de sus intenciones. Dos de los citados individuos corpulentos son muy conocidos por competir en deportes de contacto.

Al lugar de la cita, la sala de juntas de la primera planta, llegaron en primer lugar, a las 8:55 horas, la víctima y su abogado. A las 9:05 horas llegaron Ranuka y uno de los matones. Y poco después entró en el Casino, Kumar y los otros dos individuos corpulentos. El empresario indicó al resto de acusados que subieran a la primera planta y él se quedó en el hall.

Una vez que entraron en la sala, según consta en el escrito del Ministerio Público, José Rafael G. agarró del brazo al abogado de la víctima y lo sacó de la sala. Después se quedó con el letrado fuera del espacio en el que estaban el resto de implicados y le impidió que entrara. De esa manera se redujeron las posibilidades de defensa del empresario que reclamaba la deuda.

Después, según la investigación desarrollada por la Policía Nacional, Moisés B. agarró a la víctima, mientras que Moisés R. le propinó un golpe con la mano abierta en el lado izquiero de su cabeza.

A continuación, Ranuka se dirigió al intermediario inmobiliario y le dijo que eso sería lo que le ocurriría a él y a su familia si no retiraba la demanda.

Resultados lesivos

Según consta en el escrito de la fiscal, «todos los acusados asumieron con su actuar la posible comisión de resultados lesivos para la salud» del afectado, «quien, a consecuencia del clima de intimidación ideado por aquellos, y de los concretos hechos narrados, sufrió un trastorno de estrés postraumático, que ha precisado de tratamiento psicoterapéutico para su curación, requiriendo de 176 días para su sanidad».

La representante del Ministerio Público y el abogado de la acusación particular consideran que los hechos narrados son un delito de obstrucción a la Justicia y de otro de lesiones psíquicas, según figura en los respectivos escritos de calificación.

Además de los cinco años de prisión, la fiscal y el letrado del denunciante piden 12.000 euros de multa para Ranuka y para su progenitor, así como 4.800 euros para los otros tres acusados. Y también solicitan la prohibición a los cinco presuntos autores de dichos delitos de que se aproximen al afectado a menos de 500 metros durante siete años en total, tanto por el delito de obstrucción a la Justicia como por las lesiones psíquicas.

Indemnización

El abogado del empresario afectado reclama una indemnización superior a los 7.100 euros por las lesiones psíquicas y el daño moral ocasionado a su cliente.

El Ministerio Público solicita que declaren como testigos el empresario afectado, el abogado de éste y el camarero del Real Casino de Tenerife, que en el momento de los hechos iba a acceder a la sala para servir a la víctima y se le denegó el acceso.

En cualquier caso, la víctima no retiró la demanda para reclamar la cantidad adeudada supuestamente por Satyani Inversiones. Hace poco más de dos años, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santa Cruz de Tenerife dictó sentencia sobre el procedimiento monitorio y estimó de forma íntegra los planteamientos del intermediario inmobiliario.

En dicha resolución se condenó a la empresa de Satyani a pagar 150.000 euros en concepto de principal, así como otros 128.000 euros por intereses legales y costas. Dicha sentencia fue recurrida en apelación por los representantes de la sociedad mercantil de los ahora acusados.

Tracking Pixel Contents