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Los sindicatos piden elevar las penas para reducir las agresiones físicas a los agentes

SUP y UFP recuerdan que hasta el año 1995 se castigaba con hasta seis años de cárcel un ataque a un policía, pero que hoy se puede hacer sin tener la más infima consecuencia

Imagen de archivo de la Policía Nacional. | | E.D.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) reclaman al Gobierno del Estado un aumento de las penas por agredir a agentes, con el objetivo de intentar reducir los ataques que sufren en algunas de sus intervenciones. En televisiones o en las redes sociales cada vez resulta más habitual ver vídeos en los que estos funcionarios acaban recibiendo golpes de todo tipo o arrastrados por el suelo, cuando no amenazas o lesiones de arma blanca. Casi 10.000 detenidos por atentado a policías supone una de las mayores cifras de la historia de a democracia.

Un policía nacional que trabaja en Tenerife y que prefiere mantener su anonimato comenta que «esta es una lucha de hace tiempo, aunque va a depender de la dureza del Código Penal y de la aplicación de éste». Para este profesional, algunos jueces castigan estos hechos con la pena máxima que establece la Ley y otros dictan resoluciones por las que «resulta barato pegarle a un policía».

A la hora de un servicio en la calle, según refiere este agente, «los compañeros se ven ante la incertidumbre de: ¿Intervenimos, no intervenimos? ¿Uso la fuerza? ¿Y hasta qué punto puedo usarla?». Pero en una intervención en la vía pública, esas respuestas tienen que llegar en «medio segundo; no hay tiempo para sentarse y valorar cada decisión», como sí puede hacer «un juez a la hora de poner una sentencia o un policía que instruye un expediente disciplinario a un compañero por causar lesiones en una actuación, que dispone de un mes».

Una de las demandas es generalizar el uso de pistolas eléctricas (Táser) o espráis para defenderse mejor

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Aclara que si importante resulta la disciplina y actuar con decisión en un servicio, también lo es el apoyo institucional a esos policías, desde los mandos de esos agentes hasta las autoridades judiciales. Considera que debe haber un equilibrio: «policía formado, policía motivado y respaldo institucional, tanto por parte de los responsables máximos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil o de las policías locales, pero también de la judicatura, para que cuando vayamos a un juicio el malo no se ría delante de nosotros, después de que nos haya intentado atropellar o nos haya dado una hostia, porque, por suerte o por desgracia, aquí no somos supermanes».

Y otro aspecto está relacionado con el uso de las armas o instrumentos que deberían portar los agentes, «que debe ir más adecuado a los tiempos», explica. «Ya la defensa, la mal llamada porra, no calma una situación donde se aplique la fuerza; por mucha formación en defensa personal policial, bajar al suelo a un tío de 130 kilos y 1,90 metros de altura, sobre todo si tú mides 1,70 y pesas 80 o 70, no es fácil», señala este funcionario.

Por eso «las nuevas herramientas de las que se están dotando las policías a nivel europeo o mundial, y que ahora están entrando en España de forma muy lenta, como el Dispositivo Electrónico de Control (DEC) o Táser, o los espráis, son los instrumentos clave para evitar muchos problemas», cometa este policía.

«Pero está claro que la legislación tendría que dar un cambio y que no se usara más la frase: pegar a un policía sale barato y que la gente sea consciente de atacar a un agente en el ejercicio de sus funciones debe salir caro», opina.

El SUP recuerda que hasta 1995 se castigaba con penas de hasta seis años de prisión un hecho que en la actualidad se puede cometer «sin llegar a sufrir ningún tipo de consecuencia, ni tan siquiera la más ínfima de las medidas cautelares». Para este sindicato, «es vergonzoso que el colectivo de funcionarios públicos que más expuesto se ve a este tipo de delito sea el más desprotegido, mientras que jueces y políticos están más protegidos», a pesar de que es residual el número de ataques que sufren, frente a los que padecen los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Un policía nacional que trabaja en Gran Canaria hace un símil con la seguridad vial y se pregunta qué pasaría si las jefaturas de Tráfico no pusieran radares en las autopistas. Cree que hay personas a las que no les importa pagar 60, 70 u 80 euros por agredir a un agente. Y va más allá. Si hay muchos individuos a los que les da igual dar una paliza a un funcionario de los cuerpos de seguridad, «¿qué pasará con otros ciudadanos, que todavía están más indefensos?». Coincide en la importancia de elevar las penas y que esas acciones tengan consecuencias. Cree que si un menor de 14, 15 o 16 años ve esas agresiones, «acaba por interiorizarlas y las ve como algo normal».

Este profesional indica que, a veces, los policías se ven obligados a comprar sus propios chalecos antibalas, «porque no hay disponibles para los nuevos compañeros». Y, además, recuerda que, con el paso de los años, el muelle de retención de los cargadores de las pistolas se suele estropear, con lo que queda inutilizado y no hay piezas de repuesto. La consecuencia es que el agente se queda sin cargador de repuesto para su arma corta.

Según el SUP, «estamos sometidos a una lupa que nos acusa de pusilánimes o asesinos, según sean nuestras intervenciones, bajo el objetivo» de los dueños de «móviles que nos graban y difunden» las actuaciones. Este sindicato cree que ha llegado el momento de «poner fin a estos atropellos» y que «hay que unir a todos los operadores de la seguridad de nuestro país y salir a las calles todos a una frente a la pasividad de un Gobierno que nos ha dado la espalda».

La UFP señala que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, cada día se registran 35 delitos de atentado a agentes de la autoridad y en el último año se han llegado a registrar 15.000 condenas, la cifra más alta de los últimos 15 años. Según este sindicato, «la cruda realidad es que el delito de atentado contra los agentes de la autoridad se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años». Pero si fuese contra jueces, fiscales o cargos políticos, sería de un año a cuatro años de cárcel, y multa de tres a seis meses, según el artículo 550 del Código Penal.

Para la UFP, por golpear a un funcionario policial casi nunca se entra en prisión. «Por desgracia los agentes notamos un desamparo institucional importante en este ámbito», explican desde la Unión Federal de Policía, que insiste en que «pegar a un policía sale muy barato».

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