La familia de Natalia pide al Juzgado los datos recopilados por la Guardia Civil

Natalia Hernández, una madrileña de 34 años de edad, llegó al aeropuerto de La Palma el 24 de octubre del año pasado para empezar un trabajo en una empresa de animación. Pero, desde entonces, su familia y sus amigos no saben dónde se halla. Las cámaras de la terminal situada en el municipio de Mazo captaron que dicha mujer llegó ese día en un vuelo procedente de Tenerife. Ahora, la abogada de la acusación particular en este caso, Yaiza Pérez Correa, que representa a los familiares de Natalia, reclama al Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma que les aporte información sobre las averiguaciones realizadas por la Guardia Civil al respecto.

Y es que, según la citada letrada, desde finales del pasado año o comienzos del actual no cuentan con nuevos datos de los trabajos de investigación efectuados por el Instituto Armado.

Hasta el momento, la acusación particular únicamente ha tenido acceso a la primera parte de la información recopilada por los agentes en los dos primeros meses tras la desaparición de Natalia Hernández. Yaiza Pérez cuenta con la colaboración de la asociación de criminología ACII, en especial de su presidenta, Tania Rodríguez.

Además, como acusación popular se prevé personar en el caso de Natalia la asociación Laxshmi, de lucha contra el crimen, liderada por el criminólogo tinerfeño Félix Ríos.

La denuncia por la desaparición de Naty, como era conocida por parte de su entorno, se presentó 18 días después de que se la viera por última vez cuando salía del aeropuerto de La Palma. Hasta finales del pasado año, la principal hipótesis barajada por los investigadores de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil es que Natalia había protagonizado una desaparición voluntaria.

Algunas personas que tuvieron oportunidad de conocer algo a la mujer madrileña comentan que llevaba «una vida nómada», es decir, que no tenía arraigo a un determinado lugar en base a un puesto de trabajo, una familia propia o una vivienda, por ejemplo. Pero lo que no resulta comprensible para su entorno es que esté más de siete meses sin hablar con su familia.

En algunos días de la segunda mitad de octubre, todo apunta a que Naty no tenía un lugar en el que pernoctar. Eso la llevó a solicitar trabajo en un cámping de la zona de La Laguna a cambio de alojamiento y comida. Y la propiedad de dicho recinto aceptó tal planteamiento.

Sin embargo, por circunstancias que se desconocen, una noche Natalia comenzó a tener comportamientos extraños y a proferir gritos, que supuestamente molestaron a algunos clientes del establecimiento. A raíz de ese incidente, que supuso incumplir las normas del recinto, uno de los responsables la invitó a abandonar dicho negocio. A partir de ese momento, Naty llegó a un acuerdo para trabajar para una empresa de animación que presta servicios externos para un hotel de Fuencaliente, en La Palma. Esa relación laboral fue la que supuestamente la llevó a la citada isla.

Los seres queridos desconocen cuál es el paradero de la mujer desde el 24 de octubre de 2022

Los investigadores de la Guardia Civil también lograron hablar con el hombre que la llevó al aeropuerto Tenerife Norte, en Tenerife, para que viajara a La Palma. Dicho testigo manifestó a los guardias civiles que la mujer reinició el teléfono móvil, pero no podía volver a activarlo, puesto que no se acordaba del número PIN.

Desde ese momento, supuestamente no consta que el mencionado terminal haya vuelto a ser encendido; al menos con la misma tarjeta.

A la persona que la contrató en La Palma, la ciudadana de origen madrileño le había dicho que, tras salir del aeropuerto, cogería una guagua para ir a Santa Cruz de La Palma. Y, después, se dirigiría en otro vehículo de transporte público hasta Fuencaliente, donde se halla el hotel en el que tenía previsto trabajar. Pero el encuentro entre Natalia y dicha persona supuestamente nunca llegó a producirse, según esta última.

Yaiza Pérez Correa tiene constancia de que desde la Policía Judicial de la Guardia Civil se han ido realizado diligencias y que estas se han trasladado al Juzgado. Sin embargo, desde dicho órgano no se les ha trasladado a la acusación particular la información solicitada. La letrada de la familia considera que las sucesivas huelgas de funcionarios, primero los letrados de la Administración de Justicia, después de jueces y fiscales, y ahora de otros funcionarios han influido en la dilación de las gestiones. Y añade que «la Justicia funciona mal y lenta por la escasez de personal».

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