Ámate pierde la ayuda del Gobierno de Canarias. Ni Derechos Sociales ni Sanidad han incluido a la Asociación del Cáncer de Mama de Tenerife en su plan de subvenciones de 2023. La primera, el área que aún gestiona Noemí Santana, la eliminó por segundo año consecutivo de su listado al considerar que «no hace una actividad social sino que es sanitaria», mientras que Sanidad, que no ha aportado ninguna cantidad en 17 años, tampoco la puso en el listado publicado hace poco más de dos semanas. El disgusto después de «perder» los 45.000 euros fue enorme porque desde la ONG existía el convencimiento de que se había alcanzado un compromiso para que esto sucediera tal y como se acordó en un encuentro que tardó en producirse con Blas Trujillo, consejero de Sanidad. La partida es clave para cuadrar un presupuesto anual [está en torno a los 300.000 euros] y que únicamente cubre el 75% de los gastos anuales de Ámate.
«Cuestiones técnicas»
La primera vez que Derechos Sociales denegó esta ayuda a Ámate se pidieron explicaciones para ver si todo obedecía a un error a la hora de tramitar la subvención, pero la duda se despejó en cuanto la consejera Noemí Santana expuso que ésa no era su responsabilidad, sino que eran los técnicos los que decidían. Las posteriores reclamaciones no sirvieron de nada, pero la situación se pudo salvar gracias a las gestiones realizadas por una política –sin ninguna vinculación con Derechos Sociales– que hizo la función de correa de transmisión para que el dinero llegara a través de Vicepresidencia del Gobierno de Canarias. El no volvió a repetirse cuando Ámate remitió la solicitud para 2023. Entonces Derecho Sociales remarcó, de nuevo, que su «labor no era social sino sanitaria».
Sanidad no ha aportado ninguna cantidad a la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife en los últimos 17 años
A partir de la segunda negativa se intentó abrir una vía de comunicación con la Consejería de Sanidad que se alargó en el tiempo hasta que, finalmente, el consejero recibió a una representación de Ámate. Las sensaciones después de la reunión con Blas Trujillo no eran malas, pero la realidad sí. Sobre todo, cuando se publicaron las ayudas sanitarias aprobadas para repartir a lo largo de 2023.
Ámate cuenta con varias vías de financiación pública [una de las más sólidas son los casi 100.000 euros que recibe del IASS] que se han generado a partir de los acuerdos de colaboración con los ayuntamientos tinerfeños. Además, dispone de mil y pico socios que pagan una cuota de 42 euros al año. «Cualquier pequeño desajuste nos obliga a improvisar [organizando actos benéficos para recaudar fondos solidarios] o incluso recurrimos a líneas de créditos para poder pagar las nóminas», describe Carmen Bonfante, presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife, justo antes de precisar que en estos momentos contamos con 24 trabajadores repartidos por los diez centros de Tenerife y los otros tres abiertos en La Palma, La Gomera y El Hierro. «No estamos mendigando, sólo queremos dar ayuda a las personas enfermas», subraya Bonfante sin obviar que los gastos se multiplican: «Tenemos que pagar los recibos y los bonos de gasolina».
"No estamos mendigando, solo queremos ayudar a las personas enfermas"
Acometer despidos
Ya el año pasado tres trabajadores tuvieron que salir de Ámate porque los números no daban, algo que podría volver a repetirse en los próximos meses dado que la situación financiera ha empeorado. Los sobrecostes asociados a la inflación obligan a recortar por una de las partes más sensibles del proyecto. «Son buenos profesionales y hacen una gran labor, pero tenemos que buscar soluciones para poder llegar hasta los pacientes que más difícil tienen acercarse a Ámate», reivindica su gestora sin dejar de contar que «hemos pasado por años difíciles con todo lo derivado de la pandemia y ahora tenemos que tirar hacia delante con lo que tenemos... Insisto, no se trata de mendigar unas migajas sino buscar soluciones para seguir siendo efectivos con lo que hacemos, es decir, que nadie puede decir que Ámate no realiza una labor sociosanitaria».
Desde Ámate tienen claro que en sus 17 años de vida –la primera ayuda pública se logró en 2007– han llegado mucho más allá de donde puede llegar el Gobierno de Canarias, «pero la situación ahora es otra y, por lo tanto, hay que buscar convenios de colaboración con una extensión superior a los 24 meses». Bonfante resume todo lo que está pasando como «injusto» porque se merecen algo más. De hecho, insiste en que todas las ONG de un tamaño medio se enfrentan al «riesgo» de no contar con los fondos suficientes para poder acometer sus planes y ayudar a las personas que más lo necesitan. «El cáncer de mama afecta cada vez a más personas y los medios a los que recurrimos para aliviar sus vidas son caros».
Una de las cosas que más ha enfadado a Ámate en este asunto, al margen de perder esta vía de subvención, es que se cuestione que sus psicólogos, trabajadores sociales, personal de marketing o de administración no hacen una labor social. «Que nos digan esto a estas alturas es un poco chocante y resta valor al trabajo que hemos realizado desde hace años. Si hay personas que piensan así es que no han entendido nada de lo que hacemos y, sinceramente, estamos defraudados porque creemos que quita muchos méritos a las personas que han decidido trabajar con nosotros para intentar hacer un poquito más fácil, entre comillas, la vida de las personas que tienen cáncer», critica Bonfante.
Las cifras
45.000 euros es la partida denegada
Derechos Sociales abonó durante más de cinco años una subvención que las últimas veces ascendió a unos 45.000 euros. Esta partida es clave para cuadrar el presupuesto anual de Ámate.
12.000 son los servicios al año
En la placa de acceso a la sede principal de Ámate se indica que es una organización sociosanitaria, una entidad que realiza más de 12.000 servicios sociales al año.