«En el 85% de los delitos se utilizan las nuevas tecnologías de alguna manera»

Moisés Vilches, perito judicial en informática forense, de MV peritajes, recordó que en el 85% de los delitos que se cometen en España se utilizan, de una manera u otra, las nuevas tecnologías. Vilches insistió en la importancia de obtener el mayor volumen posible de pruebas a la hora de iniciar un proceso judicial en los casos de ciberacoso contra las mujeres a lo largo de semanas o meses, con el fin de tener garantías de una condena judicial para el autor. En su opinión, «el objetivo que debemos tener en cuenta en estos asuntos es que haya suficientes pruebas que demuestren el acoso y con las que se pueda identificar al acosador».

El perito en informática forense sugiere a las mujeres afectadas que realicen capturas electrónicas de los mensajes; una impresión de pantalla, tanto del ordenador como del móvil, donde se vean los insultos, amenazas o las vejaciones; un acta notarial que ratifique la autenticidad de lo que se ha extraído de un dispositivo; la exhibición ante el policía o el funcionario judicial del correo electrónico o mensaje original; disponer de testigos que confirmen la versión de la afectada; una certificación electrónica por parte de terceros (esta se encarga a una empresa y cuesta dinero); fotos del perfil del acosador (si las hubiera), y, si fuera posible, recopilar el testimonio de otras personas que hayan sufrido el mismo acoso o que han visto la forma de actuar de dicho ciberdelincuente.

Este experto participó ayer en las jornadas Primavera Violeta, que están organizadas por el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (Iuem) de la Universidad de La Laguna (ULL), con el apoyo del Instituto Canario de Igualdad (ICI). El acto se desarrolló en el Aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho de dicho centro académico.

La violencia en las nuevas tecnologías hacia las mujeres ocurre tanto durante la convivencia de la perjudicada con el acosador como fuera de una relación. ¿Cuándo existe delito? Una víctima puede detectar que sufre acoso dentro de la convivencia si vive con un exceso de control, que el delincuente sabe o quiere saber en todo momento dónde está (geolocalización); si recibe mensajes continuos, si le espían los dispositivos electrónicos y si se publican fotos o comentarios hirientes sobre ella.

Si no existe convivencia, pues ha habido un divorcio o están en el periodo de noviazgo (entre adolescentes), la infracción penal se produce si el acosador mantiene un contacto permanente con la afectada, si en todo momento quiere saber qué hace y con quién está, o bien si vierte amenazas. Además, estos episodios deben realizarse de forma continuada.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden usarse de varias formas para perpetrar violencia sobre la mujer. Explicó Vilches que una de las más visibles es el hostigamiento en línea (online) y el ciberacoso. Otra vía se da en el momento en que el dispositivo se usa en actos de violencia y abuso en relaciones sexuales o conyugales. También se produce en episodios de agresión sexual y violación, donde la tecnología se aplica para seguir los movimientos de las mujeres y saber dónde se hallan. Y esa violencia continúa mediante la grabación digital y la distribución de la violación. En otras ocasiones, se recurre a avisos o mensajes falsos en internet para atraer a las mujeres hacia situaciones en las que sufren agresiones sexuales.

Pero, en opinión del citado perito judicial, la tecnología también cumple una función en la creación de una cultura de violencia contra la mujer o perpetúa una cultura o religión para justificar, ignorar o aceptar actos de este tipo. Y, además, se usa para atacar y acosar en internet a determinadas comunidades por su identidad sexual o de género, o bien por su posición política.

Algunas mujeres presentes en el aula Tomás y Valiente de la Facultad de Derecho criticaron que, en algunas ocasiones, cuando las víctimas van a denunciar en una comisaría o un cuartel, no les hacen caso o no les recogen las denuncias. Vilches reiteró la importancia de acudir a las fuerzas de seguridad en todo momento y advirtió de que, de forma progresiva, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se han especializado en los ciberdelitos y también en aquellos que se dirigen contra la población femenina.

Según el especialista, las repercusiones de estos ataques pueden ser devastadoras en la víctima. Las personas afectadas llegan a sufrir ansiedad, baja autoestima, depresión, trastorno de estrés postraumático, así como pérdida de confianza y de control. Y, de forma paralela, se retiran de la vida social, ven reducida su calidad de vida y pueden tener gestos autolíticos (intentos o consumación de suicidio).

Pero, además, hay un impacto económico y social, en la medida en que se ausentan del trabajo y corren el riesgo de perderlo; bajan su productividad; se apartan de oportunidades sociales y laborales, evitan las redes sociales y las conexiones; participan menos en debates públicos, así como tienen los costes económicos que implica un proceso judicial o la atención a su salud física y mental. Desde un punto de vista mucho más amplio, se registra un aumento del desempleo o el efecto silenciador de mujeres en ámbitos públicos.

El perito judicial en informática forense aclaró que una cosa es la validez de una prueba y otra su potencialidad para generar la convicción de la autoridad judicial. Es decir, los testimonios de dos testigos diferentes pueden ser válidos en un juicio, pero sólo uno de ellos resulta idóneo para llevar al juez a la certeza necesaria para dictar una sentencia condenatoria.

Otro ponente en la Primavera Violeta fue Salvador Samper, informático forense y analista internacional, quien recordó que, a nivel mundial, cada 39 segundos hay un ciberataque. Y en estos delitos las principales víctimas son niñas y mujeres, según este especialista, quien advierte de la importancia de que estas personas cuenten con una atención específica y adecuada. En base a las estadísticas del Ministerio del Interior, el crecimiento de las denuncias de infracciones penales en internet en algunas ciudades y localidades españolas llega hasta el 25% al día o más, que Samper calificó como «muy alto». Ante esta realidad, planteó la necesidad de que haya un número importante de especialistas para atender estos casos. Aclaró que un indicador de que una mujer puede estar sufriendo un proceso de ciberacoso es si deja de tener presencia en las redes sociales.

Samper mencionó un caso real que estuvo varias semanas en los medios de comunicación: El Melillero, un sujeto con amplios antecedentes penales, consiguió localizar a la víctima y rociarla con ácido. La afectada iba acompañada de una amiga en un Mini. Para el informático forense, en este asunto se mezcló el uso de las nuevas tecnologías y el ataque físico. La investigación de la Guardia Civil detectó que el citado vehículo llevaba instalado un dispositivo GPS de localización que estaba controlado por el agresor.

Según Samper, hay que evaluar el riesgo que corren las víctimas, tanto si pueden llegar a quitarse la vida como si corren riesgo de sufrir un atentado, que puede acabar con lesiones graves o en un asesinato.

También relató el crimen del conductor de ambulancias de Alcalá de Henares. Este individuo tenía una pareja que trabajaba en un hospital como enfermera e instaló en su teléfono móvil un programa espía. De esa manera, el agresor tenía información en tiempo real (24 horas, los siete días a la semana) de qué hacía su pareja, cuándo, dónde y con quién. De hecho, llegó a controlar las conversaciones que la mujer tenía con un compañero de trabajo. Un día entró en el centro sanitario y asesinó al varón que hablaba con su novia con varias puñaladas, incluso en los genitales de la víctima. Para el especialista, lo más común es que el autor ataque a la mujer.

Otro hecho real citado por Samper fue un episodio de acoso y maltrato habitual en Dos Hermanas (Sevilla). El presunto autor utilizó un dispositivo espía en el móvil, un localizador y una cámara oculta en el coche. Durante meses, el individuo presuntamente cometió maltrato psicológico diario y control de todos los movimientos de su pareja. La afectada fue ayudada por sus hijos a acudir a la Policía para denunciar. Para el especialista, resulta importante que las perjudicadas por estos casos tengan el apoyo de familiares o conocidos con conocimientos tecnológicos. Samper recordó que es fundamental que las víctimas sean comprendidas. «Los maltratadores intentan en muchas ocasiones desestabilizar a las víctimas y tratarlas como si estuvieran locas; y muchas veces no es así», apuntó el experto. Aseguró que en la actualidad «existe una hoguera digital en la que se quema a mujeres». Señaló que, cuando una víctima decide que no quiere seguir viviendo, no sólo es un dato estadístico, «es una cara, es una mujer».

Recordó el caso de una madre de dos hijos que trabajaba en una fábrica de automoción. En dicha empresa, entre sus compañeros, comenzó a circular un vídeo de contenido íntimo de dicha persona y un hombre. Samper pidió analizar el asunto desde la perspectiva de la mujer, «que no decide tomar una baja, no decide dejar su puesto de trabajo, continúa durante un mes yendo a la fábrica a trabajar y solicita un cambio de turno, el cual no llega» a tiempo. El informático forense denunció que la afectada carga con el peso de todo el contenido que se ve en el vídeo, a pesar de que en el mismo aparece otro individuo, que figura «como un héroe». En ese mes, compañeros de trabajo se acercaban a la víctima para «señalarla, para hacerle insinuaciones, para mofarse». Según Samper, «el tratamiento que se hizo de la víctima fue total y absolutamente nefasto», pues «no hubo un gabinete de crisis, no hubo medidas disciplinarias inmediatas, despidos procedentes; si la víctima se hubiera sentido arropada, no hubiera llegado a una situación de este tipo» (el suicidio). Sus últimas palabras fueron: «Ya no puedo más».

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