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Los fiscales vigilarán la adopción de medidas antiincendios por los ayuntamientos

Antonio Vercher, coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, recuerda en su oficio que el año pasado "fue uno de los peores desde que se tiene registro respecto a los efectos de los incendios forestales"

Los fiscales vigilarán la adopción de medidas antiincendios por los ayuntamientos.

Los fiscales vigilarán la adopción de medidas antiincendios por los ayuntamientos.

Ángeles Vázquez

El fiscal coordinador de la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher, no quiere que se repita lo vivido en 2022 con los incendios forestales y más teniendo en cuenta lo pronto y graves que son los registrados este año sin haber llegado aún al verano. Por eso ha enviado un oficio a la Red de fiscales delegados de esta especialidad para que adopten medidas encaminadas a prevenir los incendios forestales. ¿Cómo? Vigilando desde ya la adopción de medidas antiincendios por los ayuntamientos y otras instituciones con competencias sobre los puntos de más riesgo.

Vercher recuerda en su oficio que el año pasado "fue uno de los peores desde que se tiene registro respecto a los efectos de los incendios forestales", porque, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Cambio Demográfico, aportados por las comunidades, la superficie forestal afectada (267.939,64 hectáreas) casi triplicó la media de los últimos 10 años (94.249,00 ha).

Además, el número de grandes incendios forestales (que es como se definen a los que superan las 500 hectáreas) fue casi tres veces superior: 57 en 2022 frente a la media de los últimos 10 años que se sitúa en 21. Pero el problema es este año, que ya se han producido 2.408 siniestros, dos de ellos grandes incendios con una superficie afectada supera las 41.000 hectáreas, que pese a no incluir la correspondiente al Principado de Asturias.

Mayor compromiso

De ahí que la prevención sea la prioridad. El fiscal coordinador reclama un mayor compromiso de todas las autoridades con competencia en la materia ya que el aumento gradual de las temperaturas y el menor volumen de precipitaciones con carácter general de este año hacen preciso extremar la vigilancia y las precauciones al respecto.

Para ello, los fiscales vigilarán que los ayuntamientos en cuyo término municipal exista superficie forestal dispongan de los planes de prevención de incendios correspondientes y realizarán labores de control de lo regulado para las comunidades autónomas, especialmente en los aspectos relativos a quemas ilegales de rastrojos.

El objetivo es que es los fiscales dispongan de información precisa para que puedan hacerse una composición e tiempo y lugar sobre estos siniestros y puedan coordinar la actuación de las instituciones competentes. Así, además, continuará indicando a las administraciones, propietarios y empresas titulares de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas e incluso campamentos situados en zonas forestales, la obligación de adoptar las medidas de prevención oportunas, puesto que se trata de lugares con alto riesgo de incendio forestal.

Puntos de riesgo alto

En su oficio, Vercher destaca la labor desarrollada tanto por el Seprona como los agentes forestales, que le han aportado mensualmente datos relativos a personas detenidas o investigadas por delitos de incendios forestales, así como para la localización de puntos de riesgo alto de incendios, actuación en la que también ha colaborado la Policía Local. Y denuncia que se han detectado "importantes acumulaciones de restos vegetales en zonas de monte con presencia de combustible denso y continuo que por sus singulares características (estado de abandono, existencia de estructuras vegetales frondosas, etc.) pueden favorecer la propagación de incendios".

En cuanto a "la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola", que "es sabido" producen un importantísimo número de incendios, señala que "solo podrá permitirse la quema de residuos vegetales (...) cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las comunidades autónomas", por "razones de carácter fitosanitario" al no ser "posible abordar con otro tipo de tratamiento", si se motiva "adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con el objeto de prevenir los incendios”.