DIVERSIDAD FUNCIONAL

La Administración solo adjudica a personas con discapacidad 1 de cada 5 plazas que les reserva

Un informe señala las dificultades del colectivo en unas pruebas de selección donde se reserva el 10%. Solo el 2% de los funcionarios tiene una discapacidad

La consellera Bravo durante la presentación del informe.

La consellera Bravo durante la presentación del informe. / FRANCISCO CALABUIG

Mónica Ros

Es el diagnóstico, muestra la radiografía actual y marca la hoja de ruta a seguir. El informe “Personas con discapacidad y empleo público en la Generalitat Valenciana realizado por la Generalitat Valenciana y el Cermi CV (y presentado ayer en la sede de la ONCE en Valencia) pretende ser el inicio de un cambio que asegure el acceso real de las personas con discapacidad al empleo público y una herramienta de trabajo ya que analiza los datos, muestra los problemas y propone soluciones. De hecho, el objetivo es que el informe sea la guía para elaborar el reglamento necesario para aplicar la Ley de Función Pública.

Sin datos no hay diagnóstico sobre el que poder trabajar. La radiografía actual muestra un largo camino por recorrer para hacer efectivo ese 10% de plazas que se reserva en cada concurso oposición, y que hasta esta legislatura era del 7%. Sin embargo, y aunque se ha mejorado en el número de plazas que se reserva para el colectivo, lo cierto es que el objetivo del 3% efectivo y real no se cumple. Y es que de las plazas reservadas a las personas con discapacidad sólo una quinta parte las ocupa el colectivo y el resto (cuatro de cada cinco) se reparten entre los aspirantes del turno libre.

Así, de los 163.392 empleados públicos de la Generalitat Valenciana sólo 4.490 tiene una discapacidad reconocida, lo que supone el 2,7%. La mitad de los funcionarios con discapacidad trabajan en la conselleria de sanidad (2.129 personas, lo que supone un 3%) y el resto se reparten entre personal docente (1.052 profesores de más de 68.000 lo que supone un 1,5%) y personas l de la Administración general (con 1.016 funcionarios del 19.443, lo que supone el porcentaje más alto con un 5,8%). En la Administración de justicia solo consiguieron plaza 166 personas con diversidad funcional de una plantilla de 5.521 personas (lo que supone el 3%).

Ahora bien, en edad de trabajar hay 160.642 personas con diversidad funcional. Por ello, en la presentación del informe, la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, reconoce la importancia de unos datos que “deben mejorar” ya que la Administración pública “debe ser ejemplo y motor de inclusión en empleo para exigir a la empresa privada que trabaje en la misma dirección”. “Si el objetivo es una sociedad mejor, la diversidad debe formar parte y sumar talento. Las personas con discapacidad no son meros receptores de las políticas públicas, sino que son sujetos de pleno derecho. Las personas con discapacidad constituyen un 2,76% del empleo público a pesar de suponer un 6,3% de la población. No hemos sido capaces de trasladar la diversidad a la administración", explicó la consellera Bravo tras asegurar que el informe presentado servirá “como herramienta para mejorar”.

Más plazas reservadas la pasar del 7 al 10%

El informe refleja que a pesar del aumento de plazas reservadas para personas con discapacidad éstas no se ocupan por diversos motivos entre los que destacan desde la falta de difusión accesible de las pruebas hasta la ausencia de adaptación de los exámenes o la inexistencia de temarios en lectura fácil, entre otros. Por ello, el documento incluye 22 propuestas como conclusiones o recomendaciones a tener en cuenta por la Administración que resulte tras los resultados electorales en aras de que sea un documento práctico y no se quede en un conjunto de buenas intenciones sobre el papel.

Uno de los aspectos que se abordaron sobre la presentación del informe (y durante la elaboración del mismo) fue qué hacer con las vacantes reservadas a personas con discapacidad y no cubiertas. El documento recomienda que se “acumulen, en cuanto sea posible, a las próximas convocatorias de ofertas de empleo público”. Sin embargo, la realidad no permite esa práctica, tal y como explicaron durante la presentación hay que “existe un presupuesto para convocar todas las plazas que permite el Estado y si no se adjudican se pierden”. Por ello, cuando por falta de aspirantes o de exámenes no aprobados hay vacantes en las plazas reservadas a personas con discapacidad estas plazas se adjudican entre los aspirantes del turno libre.

Creación de dos nuevos órganos

La secretaria autonómica de Justicia y Administración Pública, Gemma Farjardo, explicó el funcionamiento y la coordinación a la hora de realizar el informe y destacó la propuesta de creación de dos nuevos órganos: uno de asesoramiento y participación, adscrito a Presidencia (el Consejo Autonómico para la promoción del empleo público de las personas con Discapacidad en la Administración de la Generalitat Valenciana) y otro encargado de realizar el seguimiento de la situación de las personas con discapacidad una vez ya han accedido al puesto de trabajo (Comisión de Coordinación y Seguimiento).

La directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert, fue la encargada de explicar las recomendaciones del informe para mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. Entre las medidas destacan flexibilizar el acceso con concursos de mérito y temarios en lectura fácil, baremar el conocimiento de lengua de signos e implementar protocolos de acompañamiento y acogida en los puestos de trabajo. También se recomienda, antes de la formalización del contrato, que la administración aporte un informe de tareas y funciones del puesto de trabajo para que los centros de valoración puedan emitir un certificado de compatibilidad de funcionalidad que sea más preciso. Igualmente, Albert ha subrayado la importancia de la creación de planes de acogida en el puesto de trabajo y que los empleados cuenten con una persona de referencia, para que "se permita no solo el acceso sino la permanencia en el puesto de trabajo".

El presidente del Cermi CV, Luis Vañó, por su parte, puso en valor la importancia de un documento que ayer vio la luz tras un año de trabajo y dos desde que se pusiera encima de la mesa. Desde Cermi estatal presentarán el documento al Ministerio como ejemplo a seguir de la importancia de conocer la realidad para poder mejora y hacer efectiva la inclusión real en el ámbito laboral de la Administración pública.

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