Siete años de lucha para que su hijo no llegue gateando a su casa en Tenerife

Teresa Hernández comenzó hace siete años a reclamar que el hecho de sacar a su hijo a la calle o su regreso al domicilio no se convierta en un infierno en Tenerife. Desde entonces no ha logrado su objetivo y este martes, 25 de abril, planteó su reivindicación al diputado del Común en Canarias, Rafael Yanes.

En el año 2000, esta ciudadana de Santa Cruz de Tenerife tuvo un hijo con discapacidad y graves problemas de movilidad. Hasta el momento, después de diversos estudios, Teresa asegura que ningún médico ha podido diagnosticar qué enfermedad sufre su ser querido ni por qué está así.

Durante las mañanas, su hijo acude a un centro de día, por lo que ella puede aprovechar esas horas para trabajar y poder hacer diversas gestiones.

Esta familia reside en una cuarta planta sin ascensor en el barrio de Añaza. Desde hace tiempo, Teresa puede bajar a su hijo a la calle en un carro. Sin embargo, ya no puede subir las escaleras. Por esa razón, para volver al hogar, el joven debe de subir gateando.

Ante dicha circunstancia, Hernández pide que el Gobierno de Canarias la ayude a obtener una vivienda que tenga una accesibilidad adecuada para su hijo, o bien que en el edificio donde vive se instale un ascensor.

El Instituto Canario de Vivienda le ofrece vender su inmueble e inscribirse para que le otorguen otro

Uno de los principales obstáculos para conseguir su objetivo se debe a una decisión que Teresa adoptó en 1997, cuando pasó a su propiedad el referido piso donde vivía. Según explica Hernández, desde el Instituto Canario de Vivienda del Ejecutivo Autónomo le han comentado que, por esa razón, no le pueden cambiar su domicilio. El inmueble se halla en la avenida Luis Celso García Guadalupe.

Señala que le ha preguntado a algunos vecinos, quienes están de acuerdo en que se instale un ascensor. Sin embargo, ella comenta que el problema aparecerá si dicho elemento se estropea, "pues volveremos a estar en las mismas". Por eso, considera que el cambio de casa es la mejor opción.

Diputación del Común

En la sede de la Diputación del Común, Teresa afirmó que, "a veces, me cuesta muchísimo" sacar a su hijo a la calle, "porque tengo artrosis por todo el cuerpo". Y otros días ni siquiera puede hacerlo, por lo que el joven debe permanecer en su casa.

Rafael Yanes manifestó que, "cuando hay una situación social tan grave como esta, nos preocupamos por hablar con las personas afectadas". Admite que "es un asunto complicado", debido a que se trata de una vivienda en propiedad.

Según el diputado del Común, "nos quedan dos posibilidades de actuación". Una consiste en acudir al Instituto Canario de Vivienda a ver si hay alguna alternativa habitacional para dicha familia. La otra pasa por hablar con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerifepor si tiene habilitada alguna subvención para que las viviendas que no son accesibles puedan serlo.

A juicio de Yanes, "creemos que la accesibilidad es una necesidad social, no sólo en los espacios públicos, sino también en las casas". "Tenemos una población cada vez más envejecida y los requerimientos de accesibilidad van a ser mayores con el tiempo; así que este es el camino sobre el que tenemos que avanzar", apuntó el diputado del Común.

El diputado del Común cree que una opción es que el Ayuntamiento haga accesible el piso

Aclara Teresa Hernández que una de las opciones que le han planteado en el Instituto Canario de Vivienda consiste en vender su actual vivienda y apuntarse como demandante de casa. Pero esa alternativa implica demasiados interrogantes para la ciudadana afectada. Se pregunta: "¿dónde me voy con mi hijo mientras espero a que me den una nueva casa?" o "¿cuánto tiempo van a tardar?".

Desde hace poco más de un mes y medio ha reactivado su denuncia, entre otras cosas gracias al apoyo de la ong Queremos Movernos, cuya presidenta es Ana Mengíbar, quien participó también en el encuentro con Yanes. A mediados de marzo, una trabajadora social acudió a su piso y realizó un informe, pero hasta el momento no ha recibido las conclusiones del mismo.

La familia también ha acudido a plantear el problema al consistorio de Santa Cruz de Tenerife, donde le han recordado que las competencias en dicha materia las tiene el Gobierno canario.

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