Con la casa okupada y pagando altas facturas de luz y agua: “La última es de 700 euros”

No solo tiene la vivienda que heredó de sus padres okupada desde hace más de un año. Además, al estar los suministros a su nombre, debe pagar mes a mes los consumos de esa casa en la que, pese a pertenecerle, no puede entrar: la luz, el agua, el teléfono e incluso internet.

“Cada mes son más de 200 euros de luz y el último recibo de Aqualia es de 700 euros; yo gano 1.000 euros y mi marido no trabaja porque está operado del corazón. ¿De dónde saco el dinero? Nos acaban con la vida”, lamentó desesperada la dueña de la vivienda, una viguesa afincada en Alemania, de donde es su esposo. La mujer pronunció estas palabras en uno de los dos juicios que se celebraron este jueves por la usurpación de su propiedad, ubicada en la calle Pardavila de Vigo: hubo uno contra el okupa que con su familia permaneció en la casa entre el 27 de marzo y el 3 de septiembre de 2022 y una segunda vista contra las dos mujeres que entraron aquel mismo día de septiembre y que todavía siguen allí.

“Cada mes son más de 200 euros de luz y el último recibo de Aqualia es de 700 euros; yo gano 1.000 euros y mi marido no trabaja porque está operado del corazón. ¿De dónde saco el dinero? Nos acaban con la vida”

La Fiscalía acusa de delito leve de usurpación, solicitando una pena de multa, y se adhirió a la petición de responsabilidad civil que plantea la acusación particular. Al primer okupa le reclaman 1.500 euros que la propietaria pagó de suministros y a las mujeres que están ahora les demandan una cantidad más alta, al llevar más tiempo: 242 euros de consumo de agua (a los que se suman 700 euros del último recibo), 1.417 euros de luz, casi 187 por gastos de internet, los 332 euros de billetes de avión que gastó la dueña para venir desde Alemania al juicio y 6.000 euros por el daño moral causado. “En esa casa está mi ropa, la de mis padres, las fotos familiares, el álbum de boda... Yo quiero venirme con mi marido a vivir a España y no podemos entrar en la vivienda, no entiendo como pueden hacer esto...”, afirmó la perjudicada. Un vecino relató indignado que intentó evitar la segunda okupación, pero que la Policía Nacional se lo impidió.

Las okupas que están ahora son una tía y su sobrina. La primero dijo que solo permaneció “unos días” en la vivienda ya que ella reside en Ferrol. La otra mujer admitió que vive en dicha propiedad con su hijo, pero alega que el anterior hombre que estuvo allí se la alquiló.

Los okupas instalaron una alarma en la casa, donde, según testigos, hay trasiego de gente y de coches de alta gama. Las abogadas defensoras pidieron la libre absolución basándose en ese supuesto contrato de alquiler –al que la Fiscalía no le da ninguna validez– y en que consideran que la denunciante no acreditó documentalmente ser la propietaria de la casa.

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