Ley de Bienestar Animal: Una Ley que nace coja

Según la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal), el Bienestar Animal se define con las cinco libertades que debe tener un animal y que son aceptadas a nivel internacional: Libre de sed, hambre y desnutrición; libre de temor y angustia; libre de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, lesión y enfermedad; libre de manifestar un comportamiento natural. “Todos estos parámetros son científicamente medibles y sobre ellos nos basamos los veterinarios para informar a los jueces en aquellos casos en los que se requiere nuestro informe, por ejemplo, en casos de maltrato”, explica María Luisa Fernández Miguel, presidenta del Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y vocal de Pequeños Animales en el Consejo General de Colegios Veterinarios. 

Es importante explicar que los veterinarios no están en contra de una Ley de Bienestar Animal, al contrario, “creemos que es muy necesaria pero es que la Ley recién aprobada en el Congreso no sólo no resuelve los problemas ya existentes, sino que los acrecienta porque sus redactores no han contado con la opinión de los veterinarios que somos, por Ley, los garantes del Bienestar Animal. Es una ley escorada al animalismo radical que, entre otros puntos, basa su redacción en términos de difícil aplicación porque no son medibles”. 

Obviamente los veterinarios han sido uno de los sectores más activos en cuanto a la redacción del proyecto de Ley. España tiene más de 34.000 profesionales agrupados en colegios provinciales que, desde el primer minuto, han querido aportar a la nueva norma un conocimiento que, por lógica, era indispensable ya que ellos, los veterinarios, son los únicos que, por Ley, velan precisamente por el bienestar animal a todos los niveles: tanto desde la clínica, como desde el medio ambiente, el peritaje en bienestar animal o la veterinaria municipal, tan importante, tan escasa y tan olvidada. Sin embargo, la inmensa mayoría de sus aportaciones no fueron tenidas en cuenta, con lo cual nos encontramos ante una ley que no aclara nada, que deja muchas cosas peor de lo que estaban, que dice lo que hay que hacer pero no dice ni cómo, ni quién lo va a hacer ni con qué fondos y que deja a familias, veterinarios y a los propios animales en indefensión. 

La Ley basa su existencia en “regular el conocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad” pero ocurre que la dignidad no es medible, sino un término subjetivo para el cuál cada uno tiene sus límites. “Por ejemplo, imaginemos a alguien que tiene un perro cuidando una finca. Ese perro está atado a su caseta, come pienso de gama baja y sobras de la comida, está vacunado y desparasitado. Su propietario cree que está tratando a su perro con dignidad. Cuando aparezca una denuncia por maltrato ¿qué va a hacer el juez? Lo mismo que ahora: recurrir a un veterinario que informe de si las condiciones de ese perro responden a las normas de Bienestar Animal, que sí son científicamente medibles”. 

Uno de los problemas fundamentales de la nueva Ley es que nace sin financiación. “Si de verdad queremos fomentar el Bienestar Animal y la Protección Animal eso tiene un coste económico que debe salir en buena medida de las arcas de los Ayuntamientos, la inmensa mayoría de los cuales no tiene fondos ni para mantener un albergue en condiciones”, explica María Luisa Fernández Miguel para quien se ha perdido una oportunidad de oro para crear un cuerpo de peritos forenses veterinarios similar al de los abogados de oficio. 

Otra cuestión muy espinosa es la eutanasia. En primer lugar conviene explicar que la veterinaria de este país está a la altura de la medicina para humanos con una peculiaridad: los animales carecen de Seguridad Social. Es decir, si un animal enferma, se le pueden facilitar todo tipo de tratamientos médicos para curarle o paliar su enfermedad, exactamente igual que con las personas pero es obvio que no todas las familias pueden permitirse afrontar los costes de esos tratamientos. Cuando llegaba ese momento, la eutanasia era una opción cuando peligraba la calidad de vida del animal. Con la nueva ley deja de ser posible. El texto de la ley es claro: “Se prohíbe expresamente el sacrificio en los centros de protección animal, clínicas veterinarias… por razones económicas… vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo…” 

En este sentido, la representante de los veterinarios tinerfeños explica que “los veterinarios clínicos no sacrificamos nunca, siempre eutanasiamos, siempre se llega a esta solución última en acuerdo con los propietarios y con todas las garantías de seguridad y bienestar animal. Siempre se aplica una eutanasia, una buena muerte. Tal y como está redactada la ley, si por ejemplo un animal tiene una lesión en columna que cursa con una hemiplejia, que es verdad que puede tener cura pero a un precio que puede ser inasumible para su familia, hasta ahora teníamos la posibilidad de la eutanasia. Es un caso que vemos en las clínicas más a menudo de lo que nos gustaría. Con esta ley y ante la imposibilidad de eutanasiar al animal corremos el riesgo de que ese animal sufra, de que quede en un estado impropio del bienestar animal porque ni se le puede dar el tratamiento ni se le puede evitar el sufrimiento. Al final, la Ley consigue lo contrario de lo que pretende”.

La formación es otro punto controvertido porque a priori, lo lógico es que esa formación esté en manos de veterinarios pero la ley ni dice quién la va a impartir ni cuáles van a ser los contenidos. 

En resumen, “una ley debe ser clara y basada en la realidad del sector que pretende regular y esta ley pasa de puntillas sobre temas tan importantes como las revisiones veterinarias, la absolutamente ilógica salida de los perros de caza del texto legal, la indefinición sanitaria de las casas de acogida, la definición posiblemente compleja de animal desamparado, en qué lugar quedan los animales de los indigentes o la cría de animales exóticos, las posibles inspecciones a las clínicas veterinarias sin que sepamos con qué criterio técnico… Los veterinarios no estamos en contra de una Ley de Bienestar Animal que es muy necesaria, pero no ésta, no tan cual está”.