Las cárceles catalanas probarán aerosoles y cámaras en el uniforme de los funcionarios para evitar agresiones

El aumento de las agresiones a funcionarios de prisiones en Cataluña provocó en marzo protestas organizadas por este este colectivo, hasta el punto de que se llegó a ocupar el vestíbulo y el despacho del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). Días después, los sindicatos firmaron un acuerdo con la Conselleria de Justícia para reforzar la seguridad en el interior de las cárceles. La administración penitenciaria catalana se ha comprometido a ensayar en los próximos meses medidas novedosas. Entre ellas destacan la instalación de cámaras unipersonales en los uniformes de los empleados de las cárceles, como ya se está implementando en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y el uso de aerosoles, muy criticado por las organizaciones de derechos humanos.

Desde 2020, los datos oficiales apuntan a un incremento de las agresiones o ataques a funcionarios, aunque la mayoría son leves o se saldan sin heridas. El año pasado, según los datos oficiales de la Generalitat, se registraron 537 agresiones en las cárceles catalanas, de las cuales 53 fueron graves (en 2021, 53) y provocaron la baja laboral del funcionario; 166 fueron leves (en 2021, 166), y otras 318 se saldaron sin lesiones (189, en 2021). En general, los ataques a funcionarios de prisiones han aumentado año a año: 284 en 2020; 351 en 2021, y 537 en 2022. Los sindicatos elevan la cifra de 2022 a un total de 1.231 incidentes, entre agresiones graves, leves y tentativas de ataque.

Malestar creciente

Estas cifras han disparado el malestar de los sindicatos de prisiones, que desde hace años reclaman más seguridad para los trabajadores de los centros. Las conversaciones con la Generalitat, finalmente, han dado sus frutos: UGT, CESIF, CCOO, Intersindical y ACAIP han firmado un acuerdo que estas mismas organizaciones califican de "histórico" por el incremento de la plantilla (de no menos de 350 efectivos en los próximos dos años, que los sindicatos dicen que pueden llegar a más de 500 plazas) y las "importantes" medidas en materia de seguridad orientadas a disminuir las agresiones a los funcionarios.

"El acuerdo es positivo por las propuestas de seguridad y porque el incremento de la plantilla es sustancial. Son medidas que se han de implementar y, si no fuera así, nos tendrán que demostrar por que no se puede", sostiene Xavier Martínez, de UGT. Albert Gómez, de CESIF, afirma que el compromiso con la Generalitat "es bueno en una parte", como es ampliar la plantilla, y "justito" en otra: las medidas para evitar agresiones, mantiene, "no son suficientes". Según esta organización, debería reconocerse a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

Celdas de seguridad

"Desde el departamento estamos comprometidos con la seguridad de todos los profesionales y de los internos, por eso hemos firmado un compromiso con los representantes sindicales y hemos diseñado un plan de actuaciones urgentes para disminuir los incidentes en los centros", asegura a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, Amand Calderó, titular de la Secretaria de Mesures Penals. "El horizonte es llegar a cero agresiones", recalca. "Las acciones se harán siempre con el mayor respeto a los derechos humanos y con el objetivo de conseguir la rehabilitación y la reinserción social" del interno al tiempo que se garantiza la convivencia en las cárceles, argumenta.

El refuerzo de las medidas de seguridad está enmarcado en varios ejes de actuación. Uno de ellos atañe a la organización de los centros y a la mejora de los sistemas de protección de los funcionarios. En este sentido, la Generalitat se ha comprometido a definir un modelo de celdas de seguridad reforzado en los departamentos especiales de régimen cerrado, donde se aísla a los presos conflictivos y violentos, y a revisar y adecuar esas instalaciones para impedir que los internos hagan servir alguno de los sus elementos para perpetrar una agresión.

Control de drones

La Conselleria de Justicia, además, está realizando una prueba piloto en diferentes centros para la detección de drones que puedan sobrevolar las cárceles y pudieran transportar droga o teléfonos móviles (de la misma manera que podrían llevar una pistola). La propuesta consiste en implementar este sistema entre 2024 y 2025. Una de las posibilidades, aunque la tecnología es cara, es el uso de inhibidores. Fuentes sindicales aseguran que, aunque en pocas ocasiones, ya se han localizados artefactos de este tipo en el espacio aéreo de alguna prisión.

El Ejecutivo catalán también se ha comprometido a realizar una prueba piloto durante el segundo trimestre de este año para la instalación de cámaras unipersonales que los funcionarios llevarán incorporadas en sus uniformes, como las que llevan los Mossos d'Esquadra, para valorar la eficacia en la prevención de incidentes y "para la mejora de los protocolos". Durante ese periodo, se ensayará (falta definir cómo) el uso de aerosoles "de acción adecuada", según el acuerdo, en "incidentes localizados en espacios cerrados".

Rechazo del Tribunal de Estrasburgo

Para UGT y CESIF es un elemento "imprescindible" para evitar agresiones a funcionarios. "Cuando el interno no responde a la orden verbal y no reacciona para deponer su estado de alteración, el esprai es un medio coercitivo y puede ser disuasorio", asegura Gómez, de Cesif. Martínez, de UGT, precisa que es un sistema "necesario". Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos y de control del sistema penal alertan de su "peligrosidad".

De hecho, el Comité Europeo por la Prevención de la Tortura avisa de los efectos nocivos y subraya que, en todo caso, las instrucciones de uso han de incluir expresamente que no se pueden utilizar en espacios cerrados. Además, existe una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo considera un trato inhumano y degradante, explica Iñaki Rivera, del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSDPH). "Se han dado casos de muertes y de personas que han padecido secuelas graves", subraya. A su entender, es "inaceptable" que en un acuerdo, como el firmado por los sindicatos y la Conselleria, se mezclen "medidas legítimas" laborales y sindicales, como la ampliación de plantilla, con "dictados de política penal, penitenciaria y de derechos humanos".

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