Un abogado, un sicario y 10 móviles

Ya han pasado cinco años desde que el empresario Carlos Machín Quintero fue asesinado a tiros cuando, tras salir de clases de inglés, acababa de subirse a su coche en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, en La Verdellada. Era la noche de un martes, 17 de abril. El primer aviso hablaba de un tiroteo con un fallecido. Eran las diez y cuarto.

Poco después se supo que la víctima había estado vinculado con negocios del ocio nocturno de la ciudad universitaria. Y no eran dos locales cualquiera, sino unos muy conocidos: el pub Kapitel y la discoteca El Palco. Machín, natural de Isora, en El Hierro, era el encargado de los establecimientos, pero desde varias instancias se atribuía la propiedad real a una figura clave de la noche y la hostelería lagunera. La imagen de Machín tendido boca arriba sobre el asfalto, mientras la Policía Científica realizaba la primera inspección ocular y toma de muestras, nos trasladó a ejecuciones propias de otras sociedades, con unos niveles de criminalidad mucho más elevados que los de Canarias.

La realidad es que, después de un lustro, todavía no se ha celebrado el juicio por este caso y ni siquiera hay fecha prevista para el mismo. El presunto autor intelectual, el abogado y empresario Evaristo González Reyes; los presuntos autores materiales, Ernesto Inocencio O.H., quien supuestamente realizó los disparos, y el conductor del coche usado para la fuga, J.G. y otros cinco presuntos implicados están hoy en libertad provisional a la espera de la vista.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía todavía no dispone del escrito de calificación, en el que se establece su solicitud de pena para cada acusado. Y, por ahora, tampoco se dan datos de los motivos de la ralentización del proceso. La investigación del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que permitió señalar a los presuntos autores y colaboradores se divulgó hace cuatro años tras las detenciones.

La clave del trabajo de los investigadores fue el análisis de las llamadas antes y después del suceso

Siete meses después, en enero de 2020 empezó el juicio contra Evaristo González por una segunda pieza separada del caso Corredor, en el que se le acusaba de fraude a la Seguridad Social, por no dar de alta a sus trabajadores, y falsedad documental, por hacer contratos falsos y nóminas mendaces para que algunas personas pudieran acceder a pensiones y prestaciones por desempleo, o pudieran acceder a comprar bienes y servicios a través de bancos, que después nadie abonaba. El Juzgado de lo Penal número 9 condenó a González Reyes a 8 años de prisión. Pero este recurrió, y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial redujo la pena a dos años y medio de cárcel.

En 2012 saltó a la opinión pública el caso Corredor, en el que la Policía Nacional realizó una operación en la que arrestó a Evaristo por los citados delitos. El letrado pasó varios meses en prisión preventiva. Y en ese procedimiento también quedó investigado Carlos Machín Quintero.

En 2015, una resolución judicial anuló buena parte de las escuchas hechas por los policías. El motivo fue que la autorización por una jueza de la prórroga de las intervenciones telefónicas no se incluyó en el expediente judicial. González Reyes fue condenado en 2019 por la Audiencia Provincial en una primera pieza separada del citado asunto.

Con el paso del tiempo, Machín supuestamente, según su entorno, inició un proceso de alejamiento de los negocios de ocio nocturno de La Laguna y tenía otros proyectos, al menos, en teoría. La noche de su asesinato, los investigadores hallaron entre sus efectos un soporte de una tarjeta SIM de un móvil, que no era de los dos usados de forma habitual por Machín. Horas después de la ejecución, la esposa de la víctima halló en una gaveta de su casa un teléfono del que ella desconocía su existencia y lo entregó a los agentes.

Las comincaciones 'secretas' entre 'Tito' y su antiguo encargado llegaron a 788 en cinco meses

El terminal presuntamente era utilizado por Machín para hablar, casi en exclusiva, con Evaristo. Es decir, era un teléfono de seguridad con el que tenía una comunicación con el abogado y empresario que ocultaba a su entorno más próximo. Dicho móvil fue la primera pieza de una compleja investigación que permitió a los agentes seguir una pista hasta los presuntos autores del asesinato.

La tarjeta de ese teléfono fue comprada por J.D.S.H., un hijo de un colaborador habitual de González Reyes, según los agentes. El móvil encontrado por la mujer del asesinado es un modelo antiguo, sin conexión a internet ni aplicaciones, como los usados por algunos implicados en operaciones ilícitas. Pero J.D.S.H. adquirió también a su nombre otros terminales con las mismas características.

Uno realizó su última conexión el día antes de la ejecución de Machín y otro se desactivó un par de horas antes del asesinato. Uno de esos móviles constaba a nombre de una persona domiciliada en el chalé de Evaristo en Tacoronte. Y en la agenda de la víctima figuraba como Tito Tacoronte. Ese es el alias con el que algunas personas llaman a Evaristo.

Otro terminal, cuyo número acaba en 806, estaba a nombre de una identidad falsa y los investigadores creen que el verdadero usuario era Evaristo, pues en la agenda figuraban personas como su hermano o su compañero de bufete, el letrado Santiago M. En la vida útil de este móvil se registraron 1.188 llamadas. De ellas, 798 fueron comunicaciones con el teléfono secreto de Carlos Machín.

El presunto inductor y el identificado como autor material están el libertad desde mayo de 2022

Pero ese móvil, cuyo número finaliza en 806, también se comunicó con otro acabado en 115, usado, según los policías, por Ernesto Inocencio, presunto autor material de los disparos. Respecto al número 604, utilizado presuntamente por Tito, se activó en noviembre de 2017. En esa época, la víctima pasaba por apuros económicos, según la investigación. En los cinco meses siguientes estuvo operativo cada día.

Sólo se apagó horas antes de la ejecución, a las 19:45 horas. Y así estuvo los tres días siguientes. Las comunicaciones que presuntamente evidencian la implicación de los ahora acusados son diversas. Por ejemplo, tras los disparos y quemar el coche en el que huyeron de La Verdellada, el conductor implicado, J.G., hizo ocho llamadas consecutivas al móvil de un tercer hombre, que despues les facilitó la fuga hacia el sur de la isla. Para el Grupo de Homicidios, esto es un indicio de que J.G. pedía con urgencia la llegada de ese otro colaborador para que los sacara de Gracia, la zona donde se quemó el Renault Clío en el que los testigos vieron escapar al sicario.

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