Sindicatos policiales no ven necesario un protocolo ante los perros peligrosos

Dos sindicatos de la Policía Nacional consideran que no es necesario un protocolo para intervenir con animales potencialmente peligrosos en la vía pública. Así lo plantean tanto representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) como de la Unión Federal de Policía (UFP) tras la polémica generada a raíz de la detención de un acusado de tráfico de drogas en San Isidro, en el municipio de Granadilla, en el que tres perros potencialmente peligrosos atacaron a otros tantos agentes y estos usaron sus armas de fuego para repeler la agresión. En ese caso, tres canes resultaron heridos y fueron trasladados a centros veterinarios.

Miguel Fruela, secretario general del SUP en Santa Cruz de Tenerife, afirma que «en la vía pública es muy complicado establecer protocolos sobre actuación con animales peligrosos, en la medida en que pueden incidir numerosas variables». Aclara que no es lo mismo que la intervención se haga por agentes de uniforme, que pueden llevar elementos de protección visibles, que se lleve a cabo por investigadores que actúan de paisano, como fue el caso del pasado miércoles en San Isidro.

Otra realidad es que no existen dispositivos eléctricos de control (DEC) o pistolas eléctricas (táser) suficientes para cada dotación. Y, además, este recurso tiene una limitación y es que, ante una actuación rápida, solamente se puede hacer un único uso. Es decir, que en situaciones como la que provocó la polémica hubiese tenido poca eficacia, pues había tres perros.

En opinión de Miguel Fruela, la sociedad debería tener claro que si el propietario de los citados tres canes los hubiera llevado con correa y bozal, como establece la normativa, a los animales no les hubiera ocurrido nada. Matiza que los agentes no dispararon a los perros de forma gratuita, sino después de haber sufrido varias mordidas. Y, de hecho, estuvieron de baja varios días. Además, la situación fue complicada, puesto que el dueño de los animales mide 2,10 metros, posee una gran corpulencia y se resistió de forma activa al arresto. Y a eso se añadió la respuesta de los canes.

El SUP dirigió un escrito a la Dirección General de Policía para que se mejore la actuación con los agentes que sufren estas situaciones y evitar más riesgos laborales.

José Delgado, del comité de la Unión Federal de Policía (UFP) en Santa Cruz de Tenerife, manifiesta que «el planteamiento de un protocolo» para estos casos «no es adecuado». En primer lugar, afirma que «la utilización de los medios de dotación, como en el caso de San Isidro, se aplica bajo los principios básicos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, al existir un riesgo grave para la vida o integridad física de los funcionarios intervinientes». Delgado señala que, cuando no haya riesgo, se recurre a servicios públicos que se estimen oportunos para la salvaguarda de los animales.

Aclara que las actuaciones sobre animales de raza peligrosa o potencialmente peligrosa con armas de fuego son aquellas en las que hay «situaciones sobrevenidas». Para la UFP, la realidad es que se aplican los mismos medios que si se tuviera que intervenir con personas, «porque no olvidemos que los policías no atacan a los animales, sino que repelen la agresión».

Ante esa realidad, «derivar la responsabilidad en los policías es del todo equívoco; la responsabilidad en el caso que nos ocupa es totalmente del propietario de los animales, que no puso los medios para que estos no supongan un peligro activo», dice. «Desde nuestro punto de vista, lo que habría que regular de una manera más estricta es la adquisición de un animal de raza peligrosa o potencialmente peligrosa, con lo que se evitaría pues la mala utilización de algunos dueños para su defensa es ilegítima».

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