Los científicos exigen más transparencia en el baremo de los contratos postdoctorales canarios

Los afectados buscan asesoramiento legal para hacer alegaciones ante la resolución provisional

Verónica Pavés

Verónica Pavés

"¿Cómo se ha hecho la evaluación? ¿Quién evalúa? ¿Cómo se desglosan los méritos para que la puntuación final sea objetiva?". Son algunas de las tantas cuestiones que rondan la mente de la investigadora postdoctoral canaria Natalia (nombre ficticio para no comprometer su intimidad) desde que conoció la resolución de la tercera convocatoria los contratos Catalina Ruiz, de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACISII). Natalia consiguió 37,5 puntos en la evaluación final. La misma calificación que obtuvieron otras 15 personas. Sin embargo, ella no pudo acceder a este contrato por el simple hecho de que su entidad presentó sus papeles unas horas más tarde. "Me quedé a cuadros", rememora. De ahí que hoy exija, como otros de sus compañeros, que los baremos y criterios de evaluación se hagan públicos para poder entender "cómo es posible que quince personas hayan obtenido la misma puntuación".

Como Natalia, otras cinco personas han perdido la oportunidad de contar con esta financiación pese a ser calificados con la puntuación más alta. Es el caso de Gonzalo (nombre ficticio para no comprometer su identidad), investigador postdoctoral de una de las universidades canarias, que considera que la única manera de que 15 personas coincidan en puntuación es que "los criterios de selección sean muy básicos" o que, detrás de la resolución "haya algo raro".

De ahí que critique que se hayan utilizado criterios de desempate "no competitivos" como es el turno de llegada. Y es que, a tenor de las bases de la convocatoria, al haberse producido un empate en la puntuación máxima, se tenía que dirimir el reparto los nueve contratos postdoctorales financiados entre las quince personas por orden de llegada. "No puede ser que se elijan los beneficiarios de estas ayudas por un criterio que no sea el currículum o el trabajo realizado", insiste Gonzalo, que cree que las bases deberían redactarse de nuevo.

El empate de 15 candidatos obliga al Gobierno canario a repartir las ayudas por orden de llegada

En concreto, la evaluación final depende de los medios disponibles del departamento o grupo de investigación al que el científico acuda (15 puntos), la posibilidad de prolongar el contrato durante un periodo adicional al tiempo que dura el contrato (15 puntos), interés del trabajo propuesto (15 puntos) y mecanismos de evaluación y seguimiento del progreso del personal investigador a contratar (15 puntos). Sin embargo, se desconoce cuál ha sido el criterio exacto para repartir esos puntos en cada uno de los requisitos. 

Mateo (nombre ficticio para no comprometer su intimidad) reconoce que accedió a esta convocatoria porque tiene "poco currículum" como para tener posibilidades de acceder a una convocatoria más competitiva, por ejemplo las Ramón y Cajal o Juan de la Cierva. "Como solo valoraba a la universidad en la que iba a hacer la estancia y el grupo de investigación, consideraba que era una oportunidad única", explica Mateo, científico de otro centro de investigación de las Islas.

Pero pronto se percató de que había ciertas cosas de la convocatoria que no cuadraban: "me resultó extraño que se valorara igual una estancia en el extranjero que una local". Aún así él hizo todos los trámites para realizar una estancia en una universidad en el extranjero y preparó un proyecto afín a las necesidades de la convocatoria. Pero todo ese esfuerzo ha sido en vano porque sus papeles se presentaron apenas unas horas más tarde que la de sus compañeros.  Precisamente esta es una de las principales demandas de las universidades y centros de investigación, pues consideran que las estancias deberían puntuar según el puesto de la universidad o centro en el Ranking de Shanghái o similar. 

Los investigadores consideran que los criterios de selección deben tener en cuenta el currículum

Estos tres investigadores han visto necesario contactar con un departamento jurídico para conocer las opciones de impugnación que tienen. "Sabemos que no podemos reclamar este proceso porque aceptamos las bases, aunque estamos mirando de hacer alegaciones", relata Gonzalo, pero advierte: "si en la próxima convocatoria no cambia nada, valoraremos impugnarla". Mateo y Natalia, por su parte, han decidido hacer una reclamación para "ver si nos pueden desglosar la valoración realizada en la parte de evaluación del proyecto", como solicita Mateo.

Los tres investigadores esperan que el año que viene cambien las bases para que la convocatoria sea más justa. En febrero de este año la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), presentaron una propuesta conjunta de nuevo baremo basado en otras convocatorias nacionales. Sin embargo, aún han recibido respuesta. Estas entidades han señalado en distintas ocasiones las deficiencias de esta línea de financiación canaria. También lo ha hecho la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), que en diversas ocasiones ha advertido que los conceptos de baremación son demasiado subjetivos. En este sentido, Jinte también advierte de que la convocatoria estaba pensada para 20 contratos y, finalmente, por los recortes, se ha quedado en nueve, provocando que muchos jóvenes investigadores "se queden fuera".

Suscríbete para seguir leyendo