Canarias se cuestiona la exclusión de los conservatorios del proceso de estabilización

La exclusión del profesorado de los conservatorios de música del proceso de estabilización de plazas puesto en marcha por el Gobierno de Canarias no deja de generar tensión. A comienzos de año, el Gobierno de Canarias decidió incluir una enmienda en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma que paralizaba el proceso tan solo para estos docentes, una decisión que contradecía el Real Decreto aprobado para la adaptación, al ámbito docente, de lo previsto en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Mientras que una parte del profesorado celebraba la exclusión de los conservatorios del proceso de estabilización tras sus demandas, otra ha venido denunciado que se trata de un trato de favor y que, además, es contraria al mandato estatal que, asimismo, viene a responder a una petición de la Unión Europea (UE) para la reducción de la interinidad en el empleo público.

Tres meses después de esa enmienda en la ley de presupuestos de Canarias, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, reconoció ante el Parlamento de Canarias que su departamento se encuentra a la espera de un informe del Consejo Consultivo de Canarias para garantizar la legitimidad de esta acción o cualquier otra. La diputada del Grupo Nacionalista Socorro Beato solicitó información sobre el punto en el que se encuentra el proceso de estabilización y la consejera relató que esta modificación del Real Decreto fuera discutida y aprobada en la Comisión de Función Pública del pasado 27 de febrero.

Las plazas del profesorado de los conservatorios quedan paralizadas

Tras ello, la Consejería de Educación llevó el nuevo Decreto a la comisión de secretarias generales técnicas y preparatoria de los asuntos del Consejo de Gobierno y «absolutamente todas» ellas «informaron negativamente» del nuevo texto «por considerar que es inconstitucional». Así, en el Consejo de Gobierno se estimó que esta decisión «vulnera el principio constitucional de igualdad»; «contraviene el marco competencial en materia del procedimiento administrativo común»; «al haberse aprobado la disposición cuadragésima tras haberse publicado la convocatoria, esta resulta contraria a derecho su revocación o rectificación»; y destaca que la «rectificación propuesta excluye a este profesorado del proceso de estabilización en cualquiera de sus dos modalidades».

Ante esta valoración, el Consejo de Gobierno ha solicitado un informe al Consejo Consultivo de Canarias para garantizar la legitimidad de cualquier acción, en cualquier sentido. La consejera de Educación ya había informado un día antes de este aspecto al sector del profesorado de los conservatorios que había solicitado esta distinción.

La diputada Socorro Beato replicó durante el transcurso del pleno en el que realizó la pregunta a la consejera que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley «solo la determina el Tribunal Constitucional», y que desde el pasado 1 de enero está en vigor la de Presupuestos, que incluye la citada enmienda, que el Gobierno de Canarias «tiene que aplicar».

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