El TC avala la ley Celáa al rechazar el recurso de Vox íntegro

El pleno del Tribunal Constitucional avalará la ley de educación del Gobierno de Pedro Sánchez, la LOMLOE, conocida como 'ley Celáa' por el apellido de la ministra de Educación que capitaneó la reforma en su día, al rechazar la ponencia presentada por el magistrado Ricardo Enríquez, que era partidario de estimar en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox.

Una vez que los 11 magistrados que componen el pleno han expresado su opinión sobre la impugnación, se ha comprobado que la mayoría de ellos entendía que la ley de educación en vigor debe ser avalada en su integridad. Ese acuerdo ha hecho necesario redactar una nueva propuesta de resolución en este sentido.

A diferencia de la sentencia que dará el visto bueno constitucional a la ley de la eutanasia, que solo contará con dos votos en contra, la reforma educativa será avalada por los siete magistrados de sensibilidad progresista, mientras que los otros cuatro, de tendencia conservadora, respaldaron la propuesta de Enríquez, informaron fuentes del alto tribunal a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

Y frente a lo que ocurrió con la ley del aborto, cuando la propuesta de Enrique Arnaldo también fue rechazada por la mayoría y el magistrado cedió la ponencia a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, en el caso de la ley Celáa Enríquez la mantendrá. Esta opción es una práctica nada extraña en el Constitucional, donde resulta hasta cierto punto frecuente que el ponente de la sentencia la acompañe de un voto particular en el que deje constancia de su criterio inicial que quedó en minoría.

Después de Semana Santa

La resolución definitiva del aborto no está previsto que se conozca hasta después de Semana Santa, aunque el fallo se conoció el pasado 9 de febrero. La de la ley de educación tampoco se espera antes de que transcurran varias semanas, para poder adaptar a la posición mayoritaria la propuesta que estudió este pleno.

La ponencia de Enríquez sobre la reforma de la ley de educación solo le ponía dos peros. Por un lado consideraba inconstitucional y contrario al pluralismo educativo el veto que la ley impone a la segregación por sexos en colegios que reciban dinero público aunque fuera en parte, lo que impide que esta práctica se pueda producir en los centros concertados.

Por otro rechazaba que la ley priorice la opinión de las familias de estudiantes con necesidades especiales cuando opten por centros ordinarios, al ser más inclusivos, y no cuando prefieran aulas específicas en función de la discapacidad que cada uno presente. La propuesta del ponente defendía tener en cuenta el criterio familiar fuera cual fuera.

La propuesta de resolución de Enríquez, de sensibilidad conservadora, avalaba el resto de aspectos de la ley Celáa, como que la religión no esté incluida como asignatura o que la perspectiva de género o la igualdad sean principios pedagógicos.

Rechazaba otros objetivos argumentadas por Vox en su recurso, como que el castellano pierde terreno en beneficio de las lenguas autonómicas o que el Estado cede competencias en el diseño del currículo básico, al entender que sus aspectos básicos siguen siendo fijados por el Estado, aunque haga una consulta previa a las comunidades autónomas.