Las víctimas de trata con explotación sexual desconfían de instituciones y la Policía

La mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual consultadas durante un estudio encargado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) no denuncia su situación porque desconfía de las instituciones, de los cuerpos de seguridad y de las administraciones. Y es que muchas de esas mujeres obligadas a ejercer la prostitución son naturales de otros países y se encuentran en España en situación irregular.

Esta percepción del sistema por buena parte de las perjudicadas, según el ICI, hace que "tengan más miedo y rehúsen más a la hora de dar la alarma y acercarse a las instituciones para pedir ayuda, recursos y para poder denunciar". Es decir, se trata de "una pescadilla que se muerde la cola y que hace que cada vez se sientan más atrapadas y que las circunstancias vayan empeorando y se vean con menos recursos para salir de la situación en la que están", según la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero.

Así consta en el informe Transex, que ha sido elaborado por investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), bajo la coordinación de la profesora Esther Torrado, con el objetivo de conocer datos cuantitativos sobre este fenómeno en el Archipiélago, así como los relatos de algunas de las afectadas. Dichos testimonios fueron definidos como "aterradores" por la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero.

Propuestas

Para afrontar la actual realidad, conformada por un consumo de prostitución en su inmensa mayoría por hombres y, consecuentemente, con la oportunidad de negocio que se les plantea a las organizaciones criminales que trasladan y explotan sexualmente a las víctimas, Fumero abogó por ofrecer una educación adecuada en los centros educativos a menores y adolescentes.

La directora del Instituto Canario de Igualdad pide cambiar la legislación y las políticas migratorias para ayudar a las afectadas

Pero, de forma paralela, la directora del Instituto Canario de Igualdad defiende la importancia de cambiar las políticas migratorias por parte de la Unión Europea (UE) y del Estado, con el objetivo de que se atienda de forma más adecuada a las migrantes en situación irregular que llegan al país. Pero también defiende la aprobación por parte del Gobierno estatal de una ley "abolicionista", es decir, que tenga como objetivo erradicar la prostitución y, de manera consecuente, la trata con fines de explotación sexual.

Una de las conclusiones del trabajo presentado este jueves, 16 de marzo, es la dificultad que existe para obtener datos cuantitativos sobre este fenómeno delictivo en Canarias. Para Kika Fumero, esta situación se deriva de que en torno a la trata con fines de explotación sexual "hay corrupción y mafias", por lo que "es difícil tener datos".

Los dos objetivos del informe son conocer la incidencia y las características en las islas, así como visibilizar la trata, como violencia sobre la mujer, que atenta contra los derechos humanos y supone una "tortura", en palabras de Kika Fumero.

Los diez investigadores de las dos universidades públicas canarias recogieron las declaraciones de 22 víctimas de trata con fines de explotación sexual en la Comunidad Autónoma. Esas personas afectadas residen tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en la de Las Palmas. En el estudio también han colaborado la Fiscalía y profesionales independientes que trabajan en el ámbito de protección a las víctimas.

La identificación oficial de estos casos es "escasa" en el Archipiélago. Así, por ejemplo, se sabe que en el 2018 fueron conocidos 13 episodios y en 2021, apenas cuatro, por lo que, según el Ministerio del Interior. Para que existan estos datos deben existir denuncias y que posteriores investigaciones policiales ratifiquen que existen indicios o pruebas de delito.

También se ha producido un descenso en las inspecciones administrativas en las islas para tratar de detectar estas situaciones. Si en 2017 ascendieron a 186, en 2021 llegaron a 81.

Según los datos recogidos hasta el momento, más del 90 por ciento de las mujeres en situación de prostitución vienen de ser "tratadas e, incluso, algunas traficadas para tal fin", según Fumero. El tráfico de personas con fines de explotación sexual está relacionado con el traslado de la víctima de un país a otro, a la fuerza, con un consentimiento viciado por su estado de vulnerabilidad y, a veces, con el consentimiento de algunos de sus familiares. Y la trata se refiere a la captación para la realización de la citada actividad.

Según datos a nivel internacional, la mayoría de personas tratadas en el mundo son mujeres y niñas, explicó la directora del ICI. Así, de una cifra global de 6.030, 5.449 son mujeres y niñas; es decir, el 23 por ciento son niñas y el 64% son mujeres. En un informe de la Comisión Europea de 2020, el 70 por ciento de los grupos de trata de explotación sexual están controlados por hombres.

Entre el 1 de julio de 2022 al 15 de enero de 2023, el Instituto Canario de Igualdad, junto con los siete cabildos insulares y el Gobierno del Estado, entregaron once acreditaciones administrativas a mujeres en riesgo de vulnerabilidad por ser víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Para Fumero, los 22 testimonios recogidos en el Informe Transex y las citada once acreditaciones demuestran que la realidad en Canarias es muy distinta de la que dicen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Casi la mitad de las mujeres consultadas sufrieron violencia sexual cuando eran menores de edad, muchas de ellas en su entorno familiar

De esas declaraciones recogidas en el trabajo, cinco corresponden a mujeres canarias y diecisiete a extranjeras, procedentes de África, Sudamérica y Centroamérica, con edades comprendidas entre los 19 y los 57 años. Casi la mitad, diez de esas personas, fueron víctimas de violencia sexual cuando todavía eran menores de edad por parte de familiares o personas cercanas. Según recordó Kika Fumero, este último dato se considera una constante y un factor de riesgo para luego ser víctima de explotación sexual.

A juicio de la directora del Instituto Canario de Igualdad, dicha realidad se agrava si las afectadas y sus familias se hallan en situación de vulnerabilidad social, ya que les resulta mucho más difícil denunciar o lograr la independencia desde el punto de vista económico.

De las mujeres a las que se tomó declaración durante el citado trabajo, una minoría, seis, continúan todavía en el sistema de prostitución. Advirtió Fumero de que ninguna mostró intención de "querer seguir en la prostitución". "Creo que, como sociedad, tenemos claro que la prostitución no es un trabajo; no conozco hasta el día de hoy, a ninguna madre, a ningún padre, que se haya acercado al Gobierno a solicitar estudios en materia de prostitución, ya sea en formación profesional o en las universidades", afirmó la directora del ICI.

En las 81 inspecciones administrativas realizadas en el ejercicio 2021 fueron detectadas más de 200 personas en riesgo de trata o en explotación sexual.

Una de las claves del informe Transex es que "no coinciden los datos oficiales con el relato de las víctimas". Esta falta de relación entre el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los estudios cualitativos se refleja en varios trabajos, como un estudio con las víctimas residentes en Canarias que se hizo en el ICI en 2017, ni con el informe sobre prostitución de la Universidad de La Laguna 2016-2017, ni tampoco con los informes Cunina 1 y Cunina 2 llevados a cabo en esta materia en Gran Canaria por el proyecto Daniela Oblatas.

Fumero aclaró que las administraciones no están libres de "violencia institucional" hacia estas víctimas. Por eso cree necesario hacer un ejercicio de "humildad" para reconocer los errores, dónde están los fallos y en qué se impide que estas mujeres tengan acceso a los recursos.

Según Fumero, todavía pervive una "concepción patriarcal de la sexualidad", que hace que aumente la demanda de la prostitución. Desde su punto de vista, la pandemia y el confinamiento ha puesto a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad y hay dificultades por el propio sistema de explotación sexual.

Insistió en la importancia de que no sólo hay que poner sobre la mesa a las mujeres afectadas, sino también a los hombres que consumen prostitución, que abusan o agreden. Considera muy importante que los varones den ejemplo a las nuevas generaciones para erradicar este fenómeno.

El Instituto Canario de Igualdad ha aportado 400.000 euros en fondos del Estado para las asociaciones que trabajan en primera línea para dar formación y posibilidades de acceso al mundo laboral. A juicio de Kika Fumero, "sin erradicación de la prostitución, no llegaremos a la igualdad real".

Pero la directora del ICI considera que queda mucho por hacer desde el punto de vista legislativo, y no solo con una normativa que prohíba la prostitución y la trata. Una de estas medidas que ayudaría al colectivo de víctimas mencionado es facilitar el empadronamiento a personas que se hallen en situación irregular, como vía para acceder a determinados derechos y ayudas.

Esther Torrado explicó que en los informes Cunina 1 y 2 elaborados en Gran Canaria determinan que algunos factores que influyen en la captación de víctimas es que sean menores de edad y su vulnerabilidad. De hecho, mencionó "casos conocidos" de menores que estaban en los sistemas de protección (guarda y custodia), del Gobierno de Canarias, por ejemplo, y acabaron en manos de grupos dedicados a la prostitución. Torrado explicó que las redes saben que la vulnerabilidad económica, familiar o afectiva son circunstancias que les favorecen para acceder a chicas muy jóvenes.

La profesora universitaria señaló que un aumento de recursos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como en los Servicios Sociales contribuiría a prevenir esta realidad de la trata con fines de explotación sexual. También planteó la importancia de establecer políticas migratorias más centradas en los derechos humanos y con perspectiva de género, más que en el control de fronteras, "las víctimas confiarían más en nuestros recursos y denunciarían" con más frecuencia.

En estos momentos existen dos recursos públicos de apoyo a este colectivo. Uno se desarrolla a través del proyecto Daniela Oblatas en Gran Canaria y el otro es un piso tutelado en Tenerife.

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