Los LAJ avisan un día antes para evitar molestias a los usuarios

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) de los juzgados de lo Social, Civil y de lo Mercantil del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife han decidido adoptar dos medidas para reducir los efectos negativos que, desde hace más de un mes, tiene su huelga indefinida para los ciudadanos, sobre todo para los más vulnerables. Así, han decidido avisar a otros operadores jurídicos con un día de antelación de que los actos judiciales en los que iban a participar se han suspendido con motivo del acto de protesta. Y, además, han acordado el desbloqueo de los pagos relacionados con las pensiones que beneficien a menores de edad y familias.

Ambos acuerdos fueron formalizados el pasado 20 de febrero y en virtud de los mismos se siguen las recomendaciones efectuadas por el Comité de Huelga tres días antes.

Uno de ellos consiste en que los abogados, procuradores, graduados sociales, resto de operadores judiciales y el propio justiciable puedan tener información «el día antes del señalamiento sobre si el letrado de la Administración de Justicia del juzgado en el que esté fijado el acto va a secundar la huelga o no el día siguiente. El objetivo de esta medida es evitar la molestia de desplazarse hasta la sede judicial, junto con los clientes, peritos y testigos. Estos profesionales explican que tal decisión se ha adoptado como gesto de cortesía, «a pesar de que no existe en absoluto obligación de comunicar con antelación la decisión de ejecutar el derecho fundamental a la huelga».

Además, se procederá por los juzgados de Familia a la expedición de mandamientos de pago o transferencias en relación a las pensiones de alimentos de menores, «a fin de proteger a los más vulnerables». Las bodas que ya estaban señaladas se han venido celebrando durante el periodo de huelga indefinida.

También dejan claro estos funcionarios que tanto el pago de alimentos como las bodas son actuaciones que no están incluidas en los servicios mínimos, «que cumplimos escrupulosamente y que fueron fijados por el Ministerio de Justicia».

«En definitiva, cumplido un mes desde el inicio de esta huelga indefinida, y a pesar del enorme sacrificio que supone para nosotros y para nuestras familias permanecer en esta situación, sin percibir retribución alguna y con nóminas que serán de cero euros en esta mensualidad, hemos decidido dar un paso al frente con responsabilidad y generosidad, al objeto de mitigar, al menos en parte, los perjuicios que ha ocasionado esta huelga al justiciable y a todos los operadores jurídicos», manifiestan representantes de los LAJs. Insisten en que por parte del Ministerio no se ha puesto solución a sus «propios incumplimientos».

Como se ha admitido desde un principio por este colectivo de funcionarios, «ante el retraso que acumula la Justicia en Canarias, la huelga supone todavía más retraso y todavía más colapso; téngase en cuenta que a nosotros recuperar toda esta paralización nos va a llevar meses, como mínimo cuatro meses». Desde su punto de vista, «tenemos que volver a señalar los juicios y hacer una reorganización del trabajo». Para la portavoz del Comité de Huelga en Santa Cruz de Tenerife, «ya avisamos y éramos muy conscientes de cuál iba a ser el problema; sin embargo, el Ministerio de Justicia parece que no lo era tanto». A nivel nacional, el seguimiento de la huelga supera ligeramente el 80 por ciento, mientras que en Canarias oscila entre el 61 y el 65 por ciento. En la actualidad, en el Archipiélago ejercen 214 letrados de la Administración de Justicia.

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