Canarias recibió el curso pasado más de un millar de llamadas por acoso escolar

Canarias recibió el curso pasado más de mil llamadas por acoso escolar. El Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar (Spacae) con el que cuenta la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias como recurso adicional para la comunidad educativa recibió el pasado curso más de mil llamadas «de las que el 75% estaban dirigidas a solicitar información, frente a un 25% en las que se solicitaba ayuda por posible situación de acoso escolar». En lo que va del presente curso la tendencia está yendo al alza. «La solicitud de ayuda y de activaciones de posibles casos de acoso escolar se ha incrementado con respecto a cursos anteriores», apuntan desde la Consejería. Este incremento no es proporcional al número de casos que, tras la implementación del protocolo, se confirman como acoso escolar. 

«Esto nos demuestra que hay una mayor concienciación sobre el problema del acoso escolar y que la ciudadanía y la población escolar es más consciente de los mecanismos de ayuda que desde la Consejería se ponen a su alcance», añaden. 

En cuanto al perfil de la víctima y el presunto o presuntos agresores, no hay uno determinado, cualquier alumno o alumna puede formar parte del triángulo del acoso. De ahí, la necesidad de poner en valor el poder que tienen todo el alumnado para rechazar y frenar cualquier acto de violencia hacia sus compañeros y compañeras, haciendo un ejercicio de empatía con las víctimas.

Protocolo

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte ofrece desde el 2015 a los centros educativos de Canarias el denominado Marco General de Actuación ante un posible caso de acoso escolar. Este documento es una guía con orientaciones para facilitar la gestión de posibles casos de acoso escolar, que se concreta en un Protocolo de actuación específico en cada centro educativo. Se integra dentro del Plan de Convivencia de los centros educativos, tal y como recoge en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de Canarias. 

Los objetivos de este protocolo son actuar desde un modelo educativo, restaurativo y común frente al acoso escolar en Canarias, ofrecer a los centros educativos y al Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar, de forma detallada, los pasos a seguir para actuar frente a un supuesto caso de acoso escolar mediante la propuesta de actuaciones inmediatas y plantear orientaciones generales a los centros para diseñar un plan de prevención y acompañamiento mediante actuaciones a corto, medio y largo plazo. 

El protocolo prevé actuar desde un modelo educativo, restaurativo y común contra el acoso

El plan pretende restaurar el bienestar emocional de la posible víctima, reconducir las actitudes y habilidades sociales del alumnado que haya ejercido el acoso, concienciar al alumnado observador de la importancia del grupo para evitar y parar el posible acoso y restablecer un clima de convivencia positiva en el aula y en el centro educativo en cuestión.

Cualquier agente de la comunidad educativa puede solicitar ayuda si considera la posibilidad de que pueda existir una situación de acoso escolar en su centro. 

Para ello, se realiza una comunicación de la situación a la dirección del centro o a la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado. Tras esta comunicación, se activa el protocolo con la pertinente comunicación a Inspección educativa. A esto se suma la existencia de un servicio externo para solicitar ayuda, el Spacae que, a través de atención profesional, actúa en colaboración con Inspección y el centro educativo, siguiendo el mismo proceso que en el caso anterior.

Proceso de activación

Cuando se detecta o denuncia un presunto caso de acoso escolar el protocolo se divide en tres fases diferenciadas. La primera es el despliegue de medidas inmediatas en un periodo que no excederá los cinco días desde la denuncia de los hechos. El objetivo es la protección de la víctima a través de una entrevista con la persona que solicita la ayuda y otra con la supuesta víctima.

En una segunda fase se procede al análisis de la situación con una reunión del Equipo de gestión de la convivencia, de orientación, con el tutor o tutora de la víctima, con la Inspección y con el propio Spacae,  si el caso ha sido activado mediante este servicio.

«El objetivo de estas dos fases es articular medidas urgentes de protección a la supuesta víctima, ya que en todos los casos se parte de la hipótesis de existencia de acoso escolar», detallan desde el servicio. 

Cuando se detecta un caso se activa un protocolo dividido en tres fases distintas de intervención

La tercera y última fase es la intervención que se trabaja con los tres vértices que conforman el acoso: alumnado víctima / alumnado observador / alumnado que ejerce el daño. 

«En las tres fases del procedimiento se mantiene colaboración continua con las familias. El objetivo final de este protocolo es diseñar un plan de acompañamiento/seguimiento que, desde una perspectiva educativa, incluya una serie de actuaciones concretas que, por un lado, restauren la convivencia y, por otro, prevengan situaciones de violencia entre alumnado», subrayan.

Desde Educación recuerdan que los centros educativos son un escenario privilegiado de relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa. «Dentro de estas interacciones entre iguales, a veces, se producen conflictos o se establecen relaciones negativas, que pueden llegar a considerarse maltrato o acoso escolar. El profesorado tiene el deber de contribuir a la mejora de la convivencia escolar», sentencian.

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