Canarias convertirá a 7.000 sanitarios eventuales contratados durante la pandemia en interinos en marzo. La Consejería de Sanidad ha cumplido así con su compromiso de estabilizar a todos los profesionales que habían sido contratados como refuerzo covid, ampliando la plantilla efectiva del Servicio Canario de la Salud (SCS).
Del total, el 15% son médicos (658 son facultativos especialistas de área, 365 médicos de Familia, 87 médicos de Urgencias hospitalarias), el 48% personal de enfermería (2.104 enfermeras y 1.319 auxiliares de Enfermería) y el 10% de administrativos (741). El resto se dividen en 76 matronas, 90 fisioterapeutas, 64 trabajadores sociales, 122 técnicos de laboratorio, y 521 celadores, entre otros.
Sanidad ya lo había anunciado en diciembre. Desde que culminara el proceso de ampliación de plantilla establecida en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023, podrían cambiar el estatus de eventual a interino a todas las personas que habían sido contratados como refuerzo covid desde 2020.
Esto suponía los trabajadores debían firmar primero un contrato eventual de nueve meses –lo máximo que permite la ley– como transición. Posteriormente lo renovarían en la modalidad de plaza vacante con una duración máxima de tres años. Unos contratos que se realizan cuando existe vacante en plantilla orgánica de los servicios de salud.
Sin embargo, muchos trabajadores eran reticentes a creer sus promesas. Cuando a principios de año se empezaron a formalizar los nuevos contratos de transición, los trabajadores se alzaron en desacuerdo con la medida. Respaldados por sindicatos como el de enfermería (Satse) o Intersindical Canaria llegaron a hacer protestas en el interior de las Gerencias. Y es que, por primera vez en tres años, el tiempo de contrato se había reducido de un año a tan solo nueve meses. Para algunos, la medida suponía vulnerar los derechos de los trabajadores y quebrar los «proyecto de vida» de estas personas, al no otorgarles más estabilidad que la que podrían dar nueve meses de contrato.
Los afectados por esta medida fueron 3.500 profesionales, a quienes Sanidad anunció que renovaría sus contratos entre diciembre y febrero. La tensión llegó hasta tal punto que los sanitarios salieron a la calle para protestar por sus condiciones laborales «precarias» hace apenas una semana. Lo hicieron con el apoyo de una nueva plataforma que se formó, de hecho, a raíz de esta situación: Sanidad Canaria Unida (SCU). Los afectados denunciaban que no existían garantías suficientes de que los compromisos de Sanidad se fueran a cumplir.
Que esos puestos pasen a formar parte de la plantilla tiene sus ventajas. Por una parte, sus salarios quedan dentro del capítulo 1 (de personal) de los presupuestos de Canarias, ajustando así el gasto a las necesidades reales de la sanidad canaria. Pero esta medida también permite que estos puestos puedan ser sacados a concurso para poder estabilizar, tras el paso de una oposición, al personal.
En la reunión en la que se llegó a este acuerdo participaron la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández, y la directora general de Recursos Humanos, Avelina Díaz y representantes de las fuerzas sindicales con representación en la Mesa Sectorial: Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería (Cemsatse), Intersindical Canaria, UGT, CCOO y Sepca.
Se trata de profesionales que fueron contratados durante la pandemia y que continuarán trabajando en el SCS para atención a patología covid, disminuir las listas de espera a través del Plan Aborda y para la puesta en marcha de las nuevas Estrategias como la de Atención Primaria, Atención Temprana y Enfermedades Raras, Salud Mental, entre otras.
Las renovaciones del personal del SCS han quedado sujetas al cambio de la Ley de Estabilización regulado en el Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Esta ampliación de la plantilla orgánica es posible gracias a que el Gobierno de Canarias contempló en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 una disposición adicional que permitirá la ampliación de plantilla orgánica para adaptarla a las necesidades reales de los servicios.
