Educación en España

La ley que dará estabilidad al profesorado universitario supera el trámite del Senado: seis claves de la Losu

La norma, aprobada este miércoles en el Senado, será ratificada finalmente en las próximas semanas en el Congreso

Alumnas y alumnos universitarios realizan un examen.

Alumnas y alumnos universitarios realizan un examen. / EP

Olga Pereda

La nueva ley que aumentará la financiación de las universidades, reducirá la temporalidad del profesorado, luchará contra la brecha de género y mantendrá un equilibrio entre la docencia y la investigación ha superado este miércoles otro trámite parlamentario: la votación en el Senado (140 votos a favor, 107 en contra y 7 abstenciones) . La norma pasará ahora al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva.

La Losu (ley orgánica del sistema universitario) será la tercera norma universitaria de la democracia. Sustituirá a la Lou, una norma aprobada hace 20 años, cuando apenas había competencias autonómicas en materia de estudios superiores. La Losu -pensada para avanzar hacia un horizonte (muy lejano) de universidad gratuita- entrará en vigor en el primer semestre de este año. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación se aplazará hasta el curso 2025-26. Una de las enmiendas aprobadas en el Senado, precisamente, refuerza esa transición.

La norma fomenta el idioma propio de las comunidades y lo considera como lengua de transmisión académica. Además, apuesta claramente por la universidad pública y aumenta las exigencias de calidad de las privadas. Su debate en el Senado coincide con la aprobación por parte del Ministerio de Educación y FP de la mayor dotación de la historia para becas, incluidas las de desplazamiento para alumnos que tengan que cambiar de residencia para estudiar.

Estas son las principales novedades de la Losu, una ley que, en palabras del ministro de Universidades, Joan Subirats, "consagra el pluralismo y la diversidad y enfrenta a las facultades a sus tres grandes retos: democratización en el acceso, internacionalización y formación a lo largo de la vida" para que los campus no solo atraigan a jóvenes sino a personas de todas las edades para obtener microtitulaciones.

Estabilidad de los profesores

En el curso 2025-26 la temporalidad del profesorado quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Mientras, los docentes asociados (profesionales con experiencia "relevante" en la asignatura que imparten) tendrán contrato indefinido en lugar de temporal y su horario bajará de 180 horas lectivas a 120. La moratoria -incluida en las enmiendas debatidas hoy en el Senado- especifica que los asociados no tendrán que cambiar su régimen hasta 2024 para no distorsionar la realidad laboral de las facultades.

El número de asociados en toda España es elevado y puede llegar a los 30.000 (aproximadamente, el 40% del total). Se trata de profesionales que tienen otros trabajos fuera del campus y sus contratos son renovados cada año. Sin embargo, este artículo de la ley ha levantado ampollas entre estos docentes, algunos de los cuales se han sumando a una huelga. “El espíritu de la ley nos parece estupendo. En teoría, todo es positivo para nosotros. Ahora bien, la norma no especifica los mecanismos y ahí radica el problema. Cada universidad es autónoma y, por lo tanto, fijará los criterios que considere oportunos para convertir nuestros contratos en fijos a través de un concurso de méritos. ¿Qué garantías tenemos? Ninguna. Nos preocupa mucho la falta de seguridad”, explica Enric Mir i Teixidor, arquitecto y profesor asociado en la UPC.

El acceso a la carrera se realizará con la figura de ayudante doctor, que tendrá un contrato de seis años (en lugar de cinco) como paso previo a la estabilización a través de las figuras de titular de universidad o permanente laboral.

El rectorado

Para ser rector o rectora de una universidad se deberá ser doctor o doctora a tiempo completo. El equipo rector sale reforzado en el consejo de Gobierno (un tercio). El primer borrador de la norma lo elaboró el equipo del exministro Manuel Castells y contó con el desacuerdo de los rectores, disconformes con que se especificaran al detalle las normas para aspirar a ser rector o rectora. Cuando le concedieron la cartera de ministro, Joan Subirats quiso hacer suyo el texto legislativo, bastante continuista y menos reglamentario que el borrador de Castells. El texto deja ahora en manos de las universidades -que tienen autonomía propia- el establecimiento de los requisitos de investigación y docencia que un doctor o doctora deberá tener para aspirar al cargo de rector, cuyo mandato durará seis años (no cuatro, como hasta ahora) y no será renovable.

Las cualidades académicas concretas las acabará fijando libremente cada uno de los campus en sus estatutos, pero mientras eso ocurre, la norma indicará de forma provisional los requisitos mínimos: 18 años de investigación, 15 años de docencia en educación superior y el haber ocupado no menos de cuatro años algún cargo de gestión en los campus. Solo se trata, eso sí, de unas exigencias temporales.

Paro y microformación

Por primera vez, se reconocerá el derecho al paro académico por parte de los estudiantes (no se llama huelga porque no son trabajadores), una práctica habitual entre los estudiantes pero que, curiosamente, no está recogida en los estatutos de muchas facultades. La representación de los estudiantes en los órganos de gobierno se ha aumentado y blindado (la norma antigua no lo especificaba). En el claustro ahora será del 25% como mínimo. En el consejo de gobierno, un mínimo de un 10%, y en los consejos de facultad y departamento, otro 25%.

La ley ofrecerá formación (y microformación) a los estudiantes a lo largo de la vida. Matricularse en una facultad no solo será posible con un título académico (bachillerato y selectividad), sino que también se abre la puerta a aquellos profesionales con acreditada experiencia en un campo laboral y con competencia acreditada oficialmente.

Sexismo

Aunque el proyecto inicial no lo recogía, el texto sí que incorpora una enmienda para que los colegios mayores que segregan por sexo no estén adscritos a una universidad pública. El cambio se debe a lo ocurrido este año en el colegio mayor masculino Elías Ahuja de Madrid, donde los estudiantes gritaban a las alumnas del colegio femenino situado enfrente: "Putas, salid de vuestras madrigueras, sois unas ninfómanas. Vais a follar todas en la capea".

En una entrevista con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, Subirats admitía que adscribirse significa aceptar los valores de la universidad. "No podemos mantener la incongruencia de que los estatutos de las facultades hablen de equidad y el colegio mayor segregue", añadía el ministro.

En palabras del responsable de Universidades, la Losu "no hará milagros" para luchar contra contra la brecha de género. Pero ofrecerá herramientas para hacerlo, especialmente cuando las profesoras e investigadoras hacen un parón profesional por la maternidad. Las facultades tienen unidades de género, que están unidas en una red.

Financiación

Respecto a la financiación, el texto incorpora el compromiso de que el 1% del PIB se dedique a la enseñanza universitaria. Los detractores de la norma no se terminan de creer este artículo y critican que no hay mecanismos para que una realidad y no solo un compromiso. En este sentido, el ministro Subirats siempre ha defendido que el Estado se compromete a aumentar la financiación mientras que las comunidades deberán comprometer a destinar los fondos recibidos a la educación superior y no a otra cosa. Habrá, no obstante, un calendario de adaptación hasta 2030.

Declaraciones políticas

El texto se modificó para añadir, en su artículo 45.2, que los claustros estaban capacitados para "analizar y debatir temas de especial trascendencia”. En aquel momento, la modificación levantó sospechas entre algunos miembros de la comunidad universitaria. Advirtiendo de que podría ocurrir algo parecido a lo que sucedió en los campus catalanes en 2019, más de mil profesores universitarios firmaron una carta dirigida a senadores y diputados para que la nueva ley consagre "la neutralidad política e ideológica" de los claustros. La enmienda, en todo caso, desencadena posiciones encontradas en los campus. Los rectores de varias facultades catalanas, como la Universitat de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF) o la Politècnica de Catalunya (UPC), la defienden y la enmarcan dentro de la normalidad democrática y la libertad de expresión. La cúpula de la Conferencia de Rectores (en la que están representadas las 76 universidades que hay en España, 50 públicas y 26 privadas) prefiere no opinar. Lo mismo sucede con los responsables de varias universidades repartidas por España, desde Santiago de Compostela hasta Granada, Madrid o Euskadi.