Casi 11.000 agresores machistas fueron reeducados cuando estuvieron presos

«¿Alguna vez planeó quitarle la vida a alguien?». «Tras atacar a su mujer, ¿qué pensó hacer: huir, esconder pruebas, entregarse a la Policía?». En el paso por la cárcel de un condenado por violencia machista llegará un día en el que un psicólogo penitenciario le hará preguntas como esta… si acepta que le ayuden. Esas cuestiones forman parte de la evaluación de un penado por atacar a una mujer, primera fase del PRIA, un itinerario de tratamiento penitenciario apenas conocido extramuros de las prisiones, quizá porque uno de sus lubricantes es la discreción: el terapeuta y los presos prometen no contar el contenido personal, sin relevancia jurídica, de sus conversaciones.

«Antes de atacar a su pareja, ¿alguna vez la humilló en público?». «¿Le prohibió ver a sus amigas?». «¿La amenazó con matar a los hijos y suicidarse?». «¿Mató a su mascota?». El PRIA y sus cuestionarios meten al terapeuta y al preso en un viaje a menudo terrorífico por oscuros paisajes mentales, plagados de creencias irracionales sobre la mujer y el amor. Si todo va bien, a mitad de tratamiento el preso verá lo que ha hecho, sin excusas ni paliativos; apreciará el dolor causado. Será en esa catarsis cuando empiece a salir de su círculo de violencia.

El PRIA es la herramienta con la que el Estado reeduca a este tipo de delincuente, cerca de 7.000 de los 47.000 internos de las prisiones españolas. Las siglas se refieren al Programa de Intervención para Agresores, desarrollado por Interior para su aplicación entre rejas o fuera, en medidas penales alternativas. Un cuarto de los condenados suele acogerse. El programa ha cumplido 20 años, durante los cuales, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, lo han seguido 10.944 reclusos. En 2022 han sido 866; en 2021 fueron 1.003. Hoy el programa está en marcha en 49 de 66 prisiones regidas por Interior.

Modifica creencias

Seguir el PRIA no es obligatorio –salvo que la condena lo lleve aparejado–, aunque las autoridades académicas y los profesionales penitenciarios coinciden en que tiene éxito: modifica creencias machistas del agresor, no vuelve a atacar (el 89,94% de quienes completaron el programa no han retornado a prisión por violencia de género). El tratamiento penitenciario de un agresor de género tiene tres fases (evaluación, desarrollo y seguimiento posterior), diez pasos y tres objetivos: que el penado admita su culpa, identifique sus ideas irracionales y empatice con la víctima.

Hay un momento clave: «Que él acepte participar en el programa», señala Meritxell Pérez, psicóloga y profesora de Criminología de la Universidad Pontificia Comillas. Pérez evaluó el PRIA para el Instituto de Ciencias Forenses de Madrid sobre 770 casos de penados por violencia machista. Hoy tiene «evidencia empírica de que el programa funciona, y cambia distorsiones cognitivas sexistas y violentas del agresor», cuenta.

En el primer escalón, el especialista evalúa el caso entrevistando dos veces al delincuente. En el primer encuentro será descartado si es drogadicto sin tratamiento, sufre una psicopatología, no conoce el idioma o no tiene capacidad intelectual. En el segundo llegan las preguntas delicadas sobre la agresión, cómo fue, cuántas veces… Y aparecen las primeras barreras del agresor: la negación («no fue como ella lo ha contado», «yo no estaba allí»…) o la minimización («no fue para tanto», «nos peleamos como cualquier pareja normal…»). El terapeuta decidirá si el preso puede seguir el programa en grupo. El PRIA dura entre seis meses y un año, con entre 25 y 50 sesiones de dos horas y media semanales en grupos de un máximo de 12 personas. Pero «depende de la gente que esté en el centro, sus perfiles, sus condenas…», explican en Prisiones.

Por incluir términos como terapéutico o tratamiento, el PRIA ha levantado recelos en sectores feministas, que aprecian riesgo de que el agresor machista sea visto como un enfermo. La psicóloga Pérez, que prefiere la palabra intervención, niega ese marco: «Que alguien se someta a una intervención psicológica no significa que padezca una enfermedad mental». «No son enfermos», corrobora Yadira Velasco, psicóloga penitenciaria de una cárcel del norte.

Seguir el programa dará puntos al preso para que se le den beneficios penitenciarios, incluso el tercer grado. Pero el tratamiento peligra si, al salir,  no lo puede continuar. Es el momento en que el agresor se enfrenta a que ha perdido la custodia de sus hijos, «y se le realimentan las creencias violentas», cuenta Yadira. Creencias como «me está provocando» o «la trato así porque la quiero demasiado». Entre los mitos que los terapeutas identifican como más tóxicos está el de la media naranja, pensar que la pareja que uno tiene es la predestinada, la única que debe tener.

Otro momento peligroso será la vuelta a un entorno familiar tóxico, que justifica su violencia. Un exalumno de Yadira le llamó al poco de volver a la calle y le contó: «Le he tenido que pedir a mi madre: ‘mamá, no me digas más: fui yo el culpable, no ella, solo yo».

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