La ley de universidades prevé solventar los problemas de financiación de los centros

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) busca solventar los problemas de financiación de las instituciones públicas y universalizar el acceso a la formación superior. El texto continúa su proceso de aprobación con el objetivo de que pueda entrar en vigor el próximo año y mejorar así diferentes aspectos de los estudios superiores en toda España. La mejora de la financiación y la adaptación a la realidad actual que vive el planeta son algunos de los aspectos que más destacan de esta nueva norma a la que el Congreso de los Diputados dio su visto bueno el pasado 22 de diciembre, y ahora tendrá que ser votada por el Senado para ser aprobada definitivamente. La previsión del Ministerio de Universidades es que esto suceda en el primer trimestre del año que está a punto de comenzar.

Las universidades públicas canarias se verán beneficiadas en diferentes aspectos con esta nueva ley. Por otro lado, el trabajo realizado en los últimos años permite ahora que estos centros se sitúen a la cabeza en algunas de las modificaciones propuestas. Esta nueva ley busca fortalecer el presupuesto consignado para estas instituciones académicas de carácter público en todo el país. La nueva ley exige que se reviertan los recortes monetarios que se han venido produciendo a lo largo de la última década y que han provocado que en la actualidad aún no se hayan alcanzado los niveles de financiación de 2009.

En el caso de Canarias, la financiación de las universidades públicas será en 2023 de 256 millones de euros, tras incrementarse en 11,3 millones respecto al ejercicio presente, sin embargo, esta cantidad continúa siendo insuficiente a juicio de las dos instituciones públicas isleñas. De estos fondos, 8,3 millones se destinan a compensar a los dos centros canarios por el mantenimiento de los precios públicos y la partida crece en 3,1 millones de euros, mientras que 900.000 euros corresponden a la asignación a los Consejos Sociales, lo que supone un crecimiento de 250.000 euros con respecto a 2022. Esta nueva ley también viene a responder a una de las demandas más repetidas por las universidades públicas canarias en los últimos años y que tiene que ver con la confección de planes plurianuales para la financiación de los gastos y la estabilización de las plantillas.

En cuanto al precio de las matrículas, la nueva ley de universidades establece que estos únicamente podrán reducirse pero que será cada comunidad autónoma la que decida en qué medida se realiza esta bajada cada año. Canarias parte en este sentido con una ventaja puesto que cuenta con uno de los precios de matrícula más bajos desde hace años. En concreto, se trata de la segunda comunidad con las tasas medias más bajas en los grados de menos experimentalidad y la tercera en los de máxima experimentalidad, con 9,5 y 14,6 euros por crédito, respectivamente, según el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español (2021-22) publicado por el Ministerio de Educación.

Más allá del dinero, la nueva ley de universidades introduce otros cambios relacionados con la situación actual del planeta. De esta forma se añade una nueva medida para que las universidades tengan un papel importante en la lucha contra el cambio climático, con la obligatoriedad de definir e impulsar una Estrategia de Mitigación del Cambio Climático que incluya planes de eficiencia energética y sustitución a energías renovables, de alimentación sostenible y de cercanía, y de movilidad. En Canarias, la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) han desarrollado ya el Proyecto CanBio sobre cambio climático. Se trata de un programa de investigación medioambiental a través del cual diferentes grupos de investigación de las universidades públicas canarias estudian durante cuatro años el cambio climático en el mar, el ruido submarino, la acidificación oceánica y sus efectos en la biodiversidad marina de Canarias y la Macaronesia.

En cuanto a los estudiantes, la nueva ley contempla reforzar sus derechos posibilitando la creación de consejos de estudiantes de las comunidades autónomas y se contempla además un nuevo derecho específico de accesibilidad para estudiantes con discapacidad. También se promoverá la participación del alumnado en actividades universitarias de mentoría, de aprendizaje-servicio, Ciencia Ciudadana, culturales, deportivas, de representación estudiantil, asociacionismo universitario, solidarias, de cooperación y de creación de nuevas iniciativas sociales y empresariales. Se trata de una línea de trabajo que ya contempla la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee), que el pasado año presentó un proyecto en esta línea ante las agencias con competencias en este ámbito en toda España. Se trata de una metodología de aprendizaje servicio para que la filosofía del voluntario de acción social pueda ser trasladado al aprendizaje universitario y que ya están desarrollando la ULL y la Ulpgc para «abrir la universidad al entorno». Para los estudiantes, también se prevé disponer de una defensoría universitaria, que incluye también a las universidades privadas.

La nueva ley de universidades prevé la democratización del acceso a la formación para las personas que, aunque no posean ninguna titulación universitaria habilitante, puedan acreditar experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente a la formación académica universitaria. También se ampliará el acceso a la figura de rector al profesorado permanente doctor a tiempo completo que cuente con una alta capacidad investigadora, una acreditada docencia, y una experiencia de gestión en algún cargo unipersonal. En esta caso, serán las universidades las que especificarán los criterios y méritos específicos por lo que la ley otorga autonomía a las centros.

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