El 47% de los menores canarios se encuentra en el umbral de la pobreza

El 47% de los menores y adolescentes de Canarias se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, según revela el último informe realizado por Plataforma Infancia, conformada por una red de más de 70 organizaciones de infancia y basado en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

Ahondando más en este dato en 2021, el 36,1% de los menores estaba en situación de pobreza monetaria, con ingresos inferiores al 60% de la mediana y el 21,7% de vivían en hogares con baja intensidad de empleo, lo que supone un 11,4% más que en 2019 y la tasa más alta de España.

Así, el 17,8% de los menores canarios sufre privaciones materiales severas, un 15,1% más que en 2019, y la tasa más alta de pobreza severa en la infancia de España. Un panorama desalentador, que ya ha apuntado la propia Cáritas Diocesana de Canarias y el informe Foessa.

El Archipiélago se sitúa como la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de menores y adolescentes en el umbral de la pobreza, solo por detrás de Melilla (53,9%) y Ceuta (48,8%). El estudio añade que en estas tres regiones se observa que existe una casuística concreta que requiere de una mayor protección a la infancia vulnerable.

La crisis de la Covid-19 empeoró aún más el índice de menores y adolescentes en el umbral de la pobreza con un incremento en los dos últimos años del 8,3%, en comparación con el 2019, año precrisis. El estudio apunta que «las políticas regionales no han logrado controlar el avance del riesgo de pobreza infantil en Canarias».

Un impacto que también ha tenido repercusión a nivel nacional, pero no tan intensa como en el caso de las Islas. El avance de la pobreza ha sido inevitable en el 2021. La infancia ha sido el único grupo de edad donde la pobreza se ha incrementado y sigue siendo el grupo más indefenso. Los hogares con niños y niñas dependientes, y especialmente las familias monoparentales, son los hogares más vulnerables.

En el 2021, el 33% de niños, niñas y adolescentes estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, una tasa muy alejada del 17,2% objetivo marcado para el 2030.

Propuestas

Asimismo, el estudio incluye una serie de recomendaciones y pautas para intentar frenar la escalada iniciada en el número de menores y adolescentes en el umbral de la pobreza y de la exclusión.Por ello apuestan por incrementar la inversión actual del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) en protección de la infancia y las familias hasta el 2,4% de la media de la Unión Europea, así como desarrollar una ayuda universal a la crianza que permita, a través de deducciones reembolsables, ayudar a familias en situación de vulnerabilidad y reforzar el apoyo a la crianza al resto de niños y niñas para prevenir futuras situaciones de riesgo.

A esto añaden la necesidad de mejorar el acceso a las ayudas como el Complemento de Infancia y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), garantizando que no se generan barreras de acceso y que cubren a todas los niños y niñas en riesgo de pobreza; fomentar la cobertura de servicios fundamentales como el comedor escolar, estableciendo un umbral de renta estatal que garantice su acceso, plazas 0-3 públicas o la cobertura de la salud visual o servicios de salud bucodental para todos los niños y niñas. Y es que los niños, niñas y adolescentes de familias en desventaja socioeconómica presentan mayores tasas de absentismo escolar y mayor probabilidad de abandono escolar prematuro, de tal manera que uno de los efectos directos de la pobreza en este sector de la población se tradujo en una mayor tasa de absentismo y abandono. En primaria y secundaria obligatoria afectó en 2021 al 44,1% de las personas menores de 16 años, la mayoría provenientes de hogares con rentas más bajas. Así, la mejora de un sistema educativo que compense las desigualdades es fundamental en la lucha contra la pobreza infantil y la reproducción de las desigualdades.

El informe también incide en la necesidad de detectar las diferencias de la pobreza infantil en cada territorio, en especial en el caso de Canarias y de Ceuta y Melilla, que cuentan con las tasas más altas de todo el territorio nacional. Por ello, ven necesaria la toma de acciones específicas en estas tres regiones para frenar el avance detectado y revertir la situación y el riesgo de exclusión social.

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