Justicia dedica 28 millones al expediente judicial electrónico en Canarias

El consejero de Justicia de Canarias, Julio Pérez, se reunió, junto a la viceconsejera, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, con los decanos de los abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente, para informarles de las líneas del presupuesto de Justicia en el 2023, que asciende a 185 millones y que sube un 15% respecto al 2019. Del total, 23 millones irán destinados a dotar el turno de oficio y otros 28 para el expediente judicial electrónico. Pérez aclaró que se pretende dar un servicio público más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los ciudadanos, y de su seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita.

El consejero destacó los 23 millones con los que se consolida el incremento de la partida para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, y los 28 para programas de transformación digital, como el expediente judicial electrónico y que permitirá a los letrados obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cifra también engloba las acciones para mejorar la ciberseguridad, la interoperabilidad y los equipos informáticos de la Administración de Justicia. Sobre la transformación digital, Pérez detalló que el programa de modernización abarca también el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a los servicios públicos.

Parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como la compra de dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de servicios homogéneos en el Atlante web. Pérez habló del plan de infraestructuras, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, con el alquiler o la compra de inmuebles, para lo que hay casi seis millones; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros ampliables; la mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000 euros.

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